Jueces buscan desactivar el cóctel explosivo de superpoblación, hacinamiento y pandemia en cárceles
Con un duro comunicado, la Red de Jueces Penales de Buenos Aires planteó la necesidad urgente de "desprisionizar" las cárceles y mejorar la situación edilicia y sanitaria. Admiten que la situación ya complicada se agravó notoriamente ante la amenaza del coronavirus.
Con términos duros pero realistas. Describiendo la realidad cruda, pero también proponiendo soluciones. Decididos a hacerse cargo al menos en parte de los males que a veces han contribuido a crear, la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires emitió un duro comunicado ante lo que considera un escenario de “colapso penitenciario”, que se ve agravado por la “deficitaria situación sanitaria”, todo en los tiempos de la mayor pandemia del último siglo.
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El comunicado lleva la firma del presidente de la Red, Mario Daniel Caputo, quien es juez penal de Quilmes; y de su vice Pedro Rodríguez, juez de Morón.
En representación de una red mucho más amplia de magistrados, el comunicado no escatima detalles para describir la situación carcelaria del distrito que actualmente congrega a casi el 50% de los presos de todo el país.
Señalan los jueces que las cárceles y comisarías bonaerenses alojan casi 50 mil presos, de los cuales 45 mil permanecen encerrados en unidades penitenciarias, donde el cupo es para 24 mil internos, además de los más de 4 mil privados de su libertad en dependencias policiales, donde la capacidad es de mil.
Crisis humanitaria
A esta situación de hacinamiento, los jueces la definen como constitutiva de una “grave crisis humanitaria”, señalando la “nociva combinación del hacinamiento y las deficitarias condiciones de salubridad”.
Para no expresarse en términos genéricos, y buscando ahondar sobre los detalles de este escenario, los jueces hablan muy en concreto sobre: ausencia o insuficiencia de médicos de guardia. Escasa o nula provisión de medicamentos y materiales de emergencia (gasas, vendas, desinfectantes, y una variedad de medicamentos). Mal estado de asepsia de las instalaciones. Falta de materiales radiológicos, escasas ambulancias, y las que hay muchas veces están en mal estado retardos injustificados (cuando no incumplimientos) de las órdenes judiciales de traslados, de tratamientos médicos complejos y/o de intervenciones quirúrgicas.
Escasez de profesionales en salud mental, deficitario o nulo tratamiento preventivo o reparador de adicciones, falta de provisión de estos tratamientos para el personal penitenciario.
“En estos últimos años, lejos de resolverse, la situación ha empeorado, no sólo por el continuo incremento de la tasa de superpoblación sino también por el visible deterioro edilicio de las unidades penitenciarias y dependencias policiales, agravado por la escasez de profesionales de la salud y, en particular, de la salud mental”, denuncia el comunicado.
Definamos “desactivar”
A todo ese caótico escenario, se le suma ahora la novedad del coronavirus, que sumado a todo lo anterior, constituyen para los jueces “un cóctel explosivo que es preciso desactivar, con la mayor diligencia”.
Ahora bien, ¿a qué se refieren con “desactivar”? El firmante del comunicado le respondió a Marca Informativa ante la consulta específica por este punto.
“Esta situación concreta nos obliga a intentar acelerar un proceso en el que ya veníamos trabajando durante los últimos meses, sobre todo a partir de lo que nos hizo saber la Suprema Corte de Justicia de la Provincia en lo relativo al hacinamiento en las cárceles”, le respondió a este medio el juez Mario Caputo.
El documento de los jueces va directamente sobre ese punto, al señalar la necesidad de tomar “medidas de carácter excepcional y urgente, desde la desprisionización -en los casos en que el encierro carcelario riguroso pueda ser sustituido por otro medio menos aflictivo-, hasta las mejoras sanitarias en las cárceles y comisarías que son, por excelencia, focos de propagación de enfermedades”.
Sanas y limpias
Pero también hizo un señalamiento a las autoridades de los servicios penitenciarios en relación a los informes técnicos que se elaboran sobre los internos. “Muchas veces abundan en diagnósticos elogiosos sobre conducta y concepto del interno, con buen desempeño en el trabajo o en los estudios, pero la terminan repitiendo la misma fase, con lo cual nada de eso sirve”, señaló, adelantando que la intención “es favorecer que los internos avancen en las fases” de sus condenas.
El planteo sobre el que estamos trabajando, ahora con mucha mayor intensidad, es tratar de reducir al mínimo indispensable el recurso de la prisión preventiva en todos los casos en los que esa medida pueda ser reemplazable
Frente al colapso penitenciario, agravado por la deficitaria situación sanitaria en las unidades y dependencias, en los tiempos de la mayor pandemia del último siglo, los miembros de los poderes públicos provinciales aseguran que deben “adoptar las medidas necesarias para efectivizar el mandato constitucional, porque ‘las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”.