Qué implica la liberación de las patentes
El gobierno de los Estados Unidos, con el presidente Joe Biden a la cabeza, dio un drástico giro en su política y adelantó que alentará en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC) el levantamiento de las patentes de las vacunas contra el coronavirus Covid-19 de modo de facilitar su producción y acceso en todo el mundo como una forma de poner fin a la pandemia que asola al planeta desde hace más de un año.
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Levantar temporalmente las patentes que existen sobre las vacunas permitiría que cualquier laboratorio, con la tecnología adecuada, pueda producir libremente los distintos fármacos contra el coronavirus sin la obligación de compensar a quienes desarrollaron los fármacos.
Las patentes tienen normalmente una vigencia de 20 años, aunque no es necesario que una empresa farmacéutica o de cualquier otro sector espere ese tiempo para poder negociar con otras firmas acuerdos bilaterales para que estas fabriquen versiones genéricas, algo que se hizo por ejemplo con los fármacos contra el VIH-SIDA.
La idea que se está discutiendo en la OMC en estos momentos es suspender temporalmente las patentes, probablemente hasta que se pueda decretar el fin de la pandemia. Los derechos de patente están contemplados en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS por sus siglas en inglés), firmado en 1994 e incluido en el acuerdo general que fundó la OMC en 1995.
¿Qué países apoyan esta propuesta?
Desde la presentación de la propuesta realizada por India y Sudáfrica, la iniciativa contó con el apoyo del bloque de países en desarrollo, que actualmente tienen menos posibilidades de acceso a las vacunas contra el coronavirus (sólo un 0,3 por ciento de las 1.100 millones de dosis administradas en el mundo se aplicaron en países de bajos ingresos).
Se oponen en su mayoría los países más desarrollado, muchos de ellos sedes de grandes farmacéuticas como Suiza, Japón o Australia aunque Estados Unidos. hasta ayer reacia a la propuesta ayer cambió su posición mientras los países que integran la UE comenzaron a mostrarse este miércoles más abiertas a esa posibilidad.
Camino sinuoso
“Es un 1-2-3″, explicó Rachel Cohen, directora estadounidense de la iniciativa Drugs and Neglected Diseases, una organización sin fines de lucro, con sede en la ciudad de Nueva York-. “Primero, debemos eliminar los obstáculos de las patentes; segundo, debemos transferir el conocimiento sobre cómo hacerlos y el tercer paso es una inversión masiva en capacidad de fabricación”, añadió.
Y por el momento, para Amy Maxmen, experta de la publicación especializada Nature, “el primer paso está lejos de estar completo”. La Organización Mundial del Comercio solo negociará los detalles de qué patentes ajustar después de que todos sus países miembros acuerden algún tipo de exención. Los analistas de política sanitaria especulan que otros países seguirán los pasos de Estados Unidos. Si se llega a un consenso, Sudáfrica y la India han propuesto exenciones de patentes sobre vacunas, así como dispositivos médicos, medicamentos y tecnologías de diagnóstico relacionados con COVID-19.
Los fabricantes de medicamentos y otros que se oponen a la medida dicen que las exenciones sabotean las enormes inversiones de las empresas en el desarrollo de medicamentos y vacunas, que se ven compensadas por su capacidad para fijar el precio de los productos de su exclusiva propiedad. Normalmente, las patentes recompensan a las empresas farmacéuticas al proteger sus invenciones de la competencia de los genéricos durante un tiempo limitado; las patentes estadounidenses sobre medicamentos suelen durar 20 años.
Las empresas
Las compañías farmacéuticas no son las únicas que se oponen a la medida. En una entrevista del 25 de abril en Sky News, el filántropo de salud global y cofundador de Microsoft, Bill Gates, se opuso a las exenciones de propiedad intelectual, diciendo que los fabricantes de genéricos no podían aumentar la producción rápidamente y que la calidad de la vacuna podría verse comprometida.
Una declaración emitida por el grupo de la industria Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), después del anuncio sobre la exención hace eco de todos estos puntos: “La Administración Biden ha dado un paso sin precedentes que socavará nuestra respuesta global a la pandemia y comprometer la seguridad”.
Los defensores de la exención no están de acuerdo y señalan que los fabricantes de genéricos han estado suministrando al mundo vacunas y medicamentos de alta calidad durante años. Señalan que los contribuyentes ayudaron a pagar la factura del desarrollo de varias vacunas Covid-19 y, por lo tanto, la afirmación de que las empresas farmacéuticas deben recuperar todos los costos es injusta, especialmente durante una crisis. Sin embargo, también se deben abordar varios otros obstáculos, como asegurarse de que la distribución sea equitativa.
“Estas vacunas son un triunfo sin precedentes para la ciencia; pero, si solo el 20 por ciento o el 30 por ciento del mundo termina beneficiándose, ¿cuál es el punto de la innovación?”, subrayó Cohen.
El problema del tiempo
Biden toma la iniciativa para facilitar que las vacunas lleguen a más población. Pero en el anuncio, la propia embajadora comercial de EE.UU. Katherine Thai asume que la negociación en la OMC “llevará su tiempo” para alcanzar un consenso.
Es precisamente en este aspecto donde se produce una de las críticas que realiza la industria farmacéutica a la decisión de la Administración Biden. Según los cálculos de la Universidad de Duke, los actuales fabricantes ya podrán producir hasta final de año 12.000 millones de dosis, prácticamente para inmunizar a toda la población mundial. Unicef lo eleva hasta 15.000 millones este año y 39.200 millones el año que viene si tienen éxito todas las que están actualmente en I+D. Por eso, según la patronal Farmaindustria, el problema no es de producción, sino que “está en la distribución equitativa de las vacunas producidas”.