Acusan a Alejandra Marcieri de amenazar a testigos para que declaren contra dos municipales

Si bien los empleados municipales fueron apartados del Municipio, ahora podrán recurrir a la Justicia en lo Contencioso Administrativo para revertir el fallo del Intendente, con el que el Sindicato de Trabajadores Municipales se mostró en desacuerdo.

En la instancia previa a la resolución del Intendente, los representantes del gremio entregaron un dictamen en desacuerdo ante la junta de disciplina, ente colegiado que también integra el Departamento Ejecutivo, donde “entiende necesario que se desestimen las imputaciones realizadas a ambos agentes y las posibles sanciones derivadas de la investigación sumarial”.

En ese documento, el sindicato argumentó que “todas y cada una de las denuncias son realizadas por la directora del área, en donde claramente orienta intencionadamente a los denunciantes en parte de las mismas, incluso llega a amenazar o coaccionar a varios de los contribuyentes, esto ratificado por los mismos y por testigos en las testimoniales posteriores”. En este sentido, citaron que uno de los declarantes afirmó que la funcionaria lo amenazó con “llevarlo preso” si no presentaba la denuncia.

En el dictamen indicaron que “también se viola el derecho de los contribuyentes, que al estar bajo juramento y notificarlos de las penas que acarrea el falso testimonio fueron obligados a declarar contra sí mismos y autoincriminarse como autores de un delito”.

 

Los formularios

 

La acusación más grave a los dos trabajadores del área de Habilitaciones fue que extendían planillas con exámenes aprobados a personas que no los habían rendido, siendo un paso fundamental para tramitar el carnet. A cambio, habrían recibido dádivas o regalos, lo que está prohibido y amerita una sanción según el Estatuto para el Personal de las Municipalidades (Ley 11.757).

El sindicato objetó que el instructor del sumario presupone una vinculación entre los dos agentes investigados sólo porque los formularios completados en forma irregular o con falta de los datos correspondientes están firmados por ambos o por uno de ellos.

“Claramente por lo explicado por los agentes, estos firmaban dicho formulario con anterioridad como una forma de agilizar el trámite. Desde nuestro punto de vista, esto se sustenta desde el momento en que desde la propia dirección se les proveía este documento en blanco, a fin de suplantarlo en el caso de que el contribuyente olvidara el suyo”, argumentaron.

Incluso, manifestaron que recién después de que se detectaron estas irregularidades “se tomaron algunas medidas de seguridad (troquel y sello de la dirección)”.

Además, cuestionaron que “personal ajeno a la dirección tenía acceso a este documento, como se desprende de las declaraciones testimoniales, y es ahora que se veda el acceso manteniéndolo cerrado (el recinto de oficinas)”.

Por otra parte, marcaron que los agentes cesanteados estaban capacitados para llenar los formularios, pero “los detectados como irregulares, claramente fueron completados por un tercero que desconocía acabadamente el mismo, y en uno de los casos (el acusado) se señala que la letra y firma no son de su autoría. Nunca se solicita o se abunda en este particular, con la solicitud de una prueba caligráfica que podría poner luz sobre esta duda”.

Por otra parte, el gremio marcó que uno de los testigos involucró a un tercer trabajador como la persona que le entregó la planilla firmada, pero no se abrió otro sumario en paralelo y por fuera de éste.

Entre los cuestionamientos al procedimiento, fundamentaron que los testigos no reconocieron a los agentes investigados ni por nombre ni por fotos o se negaron a individualizar al proveedor del formulario cuestionado.

 

Las presiones

 

Por otro lado, en el dictamen apuntaron contra la directora Alejandra Marcieri, ya que algunos declarantes sólo fundamentaron las acusaciones contra los agentes investigados en la denuncia escrita de la directora.

Incluso, en cuanto a uno de los testigos señalaron que surge “una falta grave por parte de la directora al retener una licencia de conducir sin los fundamentos estipulados por la ley para hacerlo”.

En este sentido, también mencionaron que existen “irregularidades en los procedimientos por vicios del sistema, que la propia directora debería solucionar al momento de firmar finalmente cada trámite” para extender el carnet.

A partir de estas denuncias, que fueron realizadas en 2012, se incorporó un troquelado, pero cuando falta este elemento de seguridad “se pide autorización telefónica a la directora para proseguir con el trámite”.

“Claramente, de estas actuaciones quedan demasiadas dudas en cuanto al sistema o procedimiento implementado para otorgar las licencias de conducir, que los controles y custodias de la documentación son falibles, que al día de hoy no se han realizado medidas tendientes a mejorarlo, salvo por la propia voluntad de los agentes. Ninguna de estas falencias puede atribuírseles a los agentes en cuestión. No se confirma pago alguno de los denunciados, sólo se basa la acusación en las actas elaboradas por la directora”, concluyeron.

 

Garantías en el trabajo

Por otro lado, el gremio se preguntó por los resguardos y apoyo del Estado que tienen los trabajadores del área de Habilitaciones frente a las denuncias de particulares.

“Sí es común y habitual que se les ofrezca algún tipo de dádiva o pago, como surge de las declaraciones de los testigos, como también es común que aquellos que no reúnen los requisitos o no rinden satisfactoriamente los exámenes no obtengan su licencia de conducir y aquí es donde suele quedar expuesto el agente. No debe permitirse que una denuncia sin más, sin pruebas que lo confirmen, sea la base para la acusación de un agente municipal y mucho menos sancionar a éste”, concluyeron.

Por estos motivos, pidió que sean sobreseídos porque “no se profundiza en la posibilidad que tiene la propia administración en cuanto a llegar al fondo de la cuestión investigada y las responsabilidades sobre las faltas observadas, entendiendo que de las propias actuaciones surgen claros elementos que podrían derivar la investigación y la posible comisión de faltas sobre otro agente”. 

 

Se retiraron de la junta de disciplina por falta de garantías 

En el mismo dictamen, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil le informó al Departamento Ejecutivo que no iba a integrar más la Junta de Disciplina.

“Esto es hasta tanto se den las garantías del debido proceso y que la opinión de esta parte sea atendida y analizada al igual que lo son la opinión de los otros miembros de la junta y la del instructor sumariante. Esta decisión ha sido pensada largamente, dado que a lo observado en este procedimiento se suma lo sucedido en otros sumarios precedentes, situación que no sólo no podemos permitir sino que tampoco avalaremos con nuestra participación”, indicaron.

Explicaron que “el fin que nos ocupa al trabajar en cada uno de los sumarios es hacerlo con total seriedad y honestidad de nuestra parte, y es en principio deslindar responsabilidades, aplicar las sanciones en su justísima medida para que finalmente la administración pública municipal, a través de su columna vertebral, los trabajadores, dé muestras de eficiencia y honestidad de trabajo”. 

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