Amparo y denuncia para frenar la transferencia de datos de la Anses

Diputados nacionales del Frente para la Victoria presentaron hoy un amparo judicial con el objetivo de frenar la transferencia y utilización de información de los ciudadanos en poder de la Anses por parte otras oficinas del Estado y por esa medida denunciaron al director ejecutivo del organismo, Emilio Basavilbaso, y al jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Por un lado, los legisladores Héctor Recalde, Teresa García y Carolina Gaillard elevaron una acción de amparo de alcance colectivo, “a fin de que se declare la nulidad de la Resolución 166/16, que dispuso la transferencia de la base de datos de la Anses a la secretaría de Comunicación Pública de la Nación”.

Además, solicitaron como medida cautelar “la suspensión de su aplicación y, si la información ya ha sido transferida, que se prohíba a Comunicación Pública utilizarla”.

Para los miembros del FpV, la resolución “viola tanto el derecho a la intimidad previsto en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, como la ley 25.326 de Protección de Datos Personales, ya que la Anses remitirá nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfonos, CUIT/CUIL, estado civil, fecha de nacimiento, estudios y direcciones de e-mail de cada persona”.

En un comunicado, los diputados consideraron que esta práctica “remite a estrategias empresariales (propias de los CEOs que integran el gobierno) que a cambio de un ‘regalo’ obtienen los datos personales de los consumidores y los someten, posteriormente, a un permanente asedio por vía telefónica o por el envío de correos electrónicos”.

“Permite la divulgación de datos sensibles, ya que la mera inclusión en determinadas bases de datos de la Anses puede implicar que se suministren datos sobre la salud de los individuos, algo expresamente prohibido por el artículo 2 de la ley 25.326”, agregaron Recalde, García y Gaillard.

En tanto, los legisladores kirchneristas Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié denunciaron a Peña, Basavilbaso, Jorge Greco, secretario de Comunicación Pública, y Federico Braun, subdirector ejecutivo de la Anses, por la utilización de la base de datos de la Anses por parte de la Secretaría de Comunicación.

En la acusación, que recayó en el juzgado de federal Ariel Lijo, los diputados señalaron: “Resulta que de la simple lectura del convenio una de las partes, la Anses, no recibe ninguna contraprestación específica de la relación jurídica, ninguna ventaja funcional u operativa en términos de gestión”.

“Tenemos todo el derecho a sospechar que el uso de la información por parte del jefe de Gabinete será ilegal”, advirtieron.

Según Tailhade y Cabandié, “los datos personales de todos los argentinos que Anses remitirá periódicamente Peña y su equipo terminará en las manos de empresas privadas”.

“Los datos personales que realmente necesita Peña para su búsqueda de una “comunicación federal” requieren para su tratamiento, inexorablemente, del consentimiento del titular”, señalaron en la presentación a la que accedió NA.

Tras el decreto que autorizó a Anses a compartir información de los ciudadanos con la Secretaría de Comunicación, este miércoles se conoció que el organismo le pidió a los bancos firmar un convenio de intercambio electrónico de información para “facilitar los compromisos asumidos para la implementación del Programa de Reparación Histórica”.

Según publicó el diario El Cronista, el convenio pide intercambiar información de los beneficiarios de Anses referida a los datos de contacto -domicilio, dirección de email y número de teléfono y celular-, el fallecimiento y “todos los que quieran agregar”.

Además prevé que el intercambio “se realizará con la periodicidad que acuerden las partes por medio de un Web Services que Anses desarrollará a tales efectos”.

En el convenio, Anses indica que el intercambio no violenta los principios de la ley 25326, de Hábeas Data, y que el objetivo es empadronar a los jubilados que aún no registraron su huella digital.

Peña negó este martes que la utilización de los datos tenga como fin “vulnerar la intimidad de los ciudadanos” y rechazó que esta medida tenga fines de “comunicación política o propagandística”. NA

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