Amplían denuncia contra Cristina Kirchner bajo la acusación de cohecho

La diputada nacional Margarita Stolbizer amplió la denuncia contra la expresidenta Cristina Kirchner por presunto “cohecho”, en la causa que se investiga el alquiler de complejos habitacionales de su empresa “Los Sauces” por parte de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
La presentación la hizo ante el juez federal Claudio Bonadío:
denunció que a través de los alquileres los empresarios vinculados al kirchnerismo pagaban “sumas millonarias” como sobornos, a cambio de la adjudicación de obras estatales o la evasión de impuestos.
“Vengo por el presente a acompañar documentación que da cuenta del modo irregular en el que se adjudicaba la obra pública a las empresas de Lázaro Báez y como en forma paralela Cristina Fernández de Kirchner recibía dinero mediante un acuerdo que tenía la apariencia de un vínculo comercial pero encubría una promesa, en su condición de funcionario público, para otorgar más obra pública y omitir todo tipo de controles por parte del Estado. Lisa y llanamente el delito de cohecho en su expresión más burda”, señaló la denuncia.
Remarcó, al respecto, que “a la par que resultaba beneficiado con contratos del Estado y desaparecían los controles del Estado, aumentaban los vínculos comerciales con la familia Kirchner, existiendo un intercambio de favores existente entre Lázaro Báez (contratistas de obra pública) y Cristina Kirchner como Presidenta de la Nación, utilizándose la pantalla de alquileres de propiedades, entre otras operaciones comerciales”.
En ese sentido, la abogada de Stolbizer, Silvina Martínez, remarcó en la denuncia que “el retorno lo pagaba directamente a la Presidenta de La Nación” y que “no solo Báez recibía como contrapartida más obra pública, sino que también obtenía beneficios que implicaban falta de controles por parte de diferentes organismos que debían fiscalizarlo”.
“Lázaro Báez fue beneficiado con una enorme cantidad de obras públicas” y “sus empresas obtuvieron el 80% de las licitaciones en obras de la provincia de Santa Cruz durante la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”, concluyó.
La denuncia, ampliada el viernes a última hora, sostiene que fueron un total de 51 obras que representan un valor de más de 16 mil millones de pesos (16.386 millones)”, y que “solo se han finalizado 24”.
Respecto de López, esta acusado de retener 8 mil millones de pesos que debía pagar de Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) por cada litro de combustible que vendía a través de su red de estaciones de servicio de la marca Oil: se sospecha que los alquileres que pagaba a los Kirchner por departamentos que supuestamente no usaba eran un modo de retribuirle sus servicios por no demandarle el cobro de deudas impositivas.
Esta presentación de la legisladora es una ampliación de la denuncia que oficializó el 4 de abril contra Cristina y su hijo, Máximo Kirchner, por “falsificación de documentos públicos, adulteración de facturas y posible enriquecimiento ilícito”.
“El mensaje a los
jueces es que avancen”

El ministro de Justicia, Germán Garavano, negó ayer un supuesto intento del Gobierno de frenar el avance de las causas judiciales que involucran a exfuncionarios kirchneristas y le pidió los jueces que “avancen seriamente” con estos expedientes.
Garavano aclaró que cuando días atrás pidió “prudencia” ante la posibilidad de que la exmandataria Cristina Kirchner quede detenida, no estaba enviando un mensaje a los Tribunales de Comodoro Py.
“Esto no es para frenar a nadie. La Justicia tiene que mostrar resultados finales. El secreto de esto es que los casos se eleven a juicio. En eso está el pedido de prudencia, que no era necesariamente a los jueces sino a la sociedad. Si no, nos quedamos con los fuegos artificiales. Pedimos que los casos cuando exista mérito, sean elevados a juicio”, afirmó Garavano.
El funcionario planteó que en el Gobierno de Mauricio Macri los jueces investiguen “con absoluta libertad” e independencia y agregó: “Desmiento esa interna de frenar o no frenar (causas)”.
“Al contrario, el Gobierno le está diciendo a los jueces que avancen, pero avancen seriamente y lleven los casos a juicio. Ese es el mensaje”, dijo en declaraciones radiales.
Y agregó que el impulso de estas causas contra el Gobierno saliente “ni perjudica ni deja perjudicar” a la Casa Rosada, por lo que “hay que sacarle esa mirada de que las decisiones judiciales se toman porque conviene o deja de convenir”.
Para Garavano, los jueces “no tienen que mirar el contexto político para decidir lo que corresponde en Derecho” y agregó:
“Estamos tratando de que los jueces tomen las decisiones por el Código Procesal y luego por el Código Penal”.
En esa línea, el funcionario rechazó que el presidente Macri tenga “operadores” en la Justicia que intenten hacer pesar su influencia sobre la orientación de las causas.
“La verdad es que no tiene operadores, al menos que yo sepa. Y entiendo que no es así porque no hay sobre qué operar. No se necesita que nadie vaya a Comodoro Py, salvo que haya una cuestión institucional”, sostuvo.
El pasado sábado, Garavano había dicho que “nunca es bueno” que un expresidente quede preso, en relación a la posibilidad de que Cristina Kirchner fuera detenida en el marco de alguna de las causas judiciales en su contra, y pidió ser “prudentes y no sobreactuar” este tipo de situaciones.

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