Apelaron la elevación a juicio de la causa por supuestas coimas a un magistrado

Los letrados Claudio Castaño y Marcelo Argeri, defensores del abogado Juan Manuel González Guerra, presentaron la semana pasada su apelación a la resolución dictada por el Juzgado de Garantías 2 mediante la cual se rechazó el pedido de sobreseimiento y se elevó a juicio la causa iniciada tras la denuncia del juez Pablo Galli por un intento de soborno.
En el escrito los profesionales analizaron la disposición de la magistrada de primera instancia, que encuadró el caso en la figura de ?Cohecho agravado?, atacando lo que consideran ?apreciaciones personales totalmente subjetivas? de la jueza.
Mencionaron una ?absurda valoración de la prueba? al considerar que la expresión que dice que como González Guerra ?tuvo la posibilidad de conocer que se le habían rechazados tres pedidos de morigeración, y que por esas circunstancias impeditivas se justificaba aún más apelar al uso de otra modalidad y ofrecer dinero, para tratar de asegurar el resultado de libertad? de un imputado en una causa por drogas.
Consideraron la apreciación ?extremadamente agraviante?, ya que ?supone como una actitud lógica de un abogado defensor recurrir a lo que llama una ´modalidad´, que es ofrecer dinero, como si dicha actividad resulte frecuente o sea una herramienta útil para un abogado defensor?.

Sin tratar

Castaño y Argeri señalaron más adelante que la magistrada actuante ?no trata ni directa e indirectamente lo expuesto por esta defensa en cuanto a que el delito era de imposible ejecución, tanto referido a la normativa vigente como en la práctica?.
Se mencionó la posible nulidad de la medida judicial al no tratar ni valorar tal argumento.
También atacaron la credibilidad otorgada a la narración de los hechos efectuadas por el juez Pablo Galli en su denuncia, y añadieron que ?el magistrado denunciante tuvo todo el poder para resolver la cuestión en el mismo acto de la comisión del hecho y no lo hizo, lo que ha generado este estipendio judicial?.
Mencionaron que ninguno de los testigos dijo escuchar que el imputado le haya ofrecido dinero al juez Galli, dado que en el despacho sólo estaban denunciante y denunciado.
Los defensores plantearon más adelante algunas contradicciones en los dichos originales y posteriores del acusador y de varias personas que declararon como testigos.
?En esta causa sólo existe una denuncia, y sólo con ello se quiere probar el delito que se imputa? afirmaron y agregaron que ?la mera denuncia por más que sea realizada por un magistrado no tiene entidad suficiente para tener por acreditado un delito?.
Por otra parte, descartaron contradicciones en los dichos del imputado.

La calificación legal

Al momento de analizar el encuadre legal de los hechos denunciados, la defensa de González Guerra destacó que el imputado ?no es funcionario público ni se lo asimila a tal carácter, por cuanto no encontramos investigando un delito previsto y reprimido por el artículo 258 del Código Penal, sin el último párrafo de dicha norma, que establece la inhabilitación si el culpable fuere funcionario público?.
Por lo tanto, requirieron que el hecho sea caratulado como ?cohecho?, es decir que no se considere como agravado.
En la última parte del escrito se sostuvo que ?en la forma que se ha realizado la investigación, la misma es nula desde su inicio? y cuestionaron la relación existente entre el fiscal de la causa y el juez denunciante, situación que afecta ?la objetividad e imparcialidad? y viola la garantía constitucional de defensa en juicio.
Finalmente, los abogados hicieron reserva de actuar en la justicia federal, pidieron que se revoque la resolución de la jueza Aracil y se decrete la nulidad de la causa, además del sobreseimiento del abogado denunciado.*

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