Aranguren dijo que por ahora no se esperan más aumentos de combustibles

Juan José Aranguren.

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, debió salir a negar hoy que se vaya a producir un nuevo aumento del 8% en los combustibles como denunciaron estacioneros, pero reconoció que si el barril de crudo continúa en alza podría haber nuevos ajustes.

Tras la suba del diez por ciento de este domingo, el precio de los combustibles ya acumula un alza del 31 por ciento en lo que va del año, y en la Argentina se paga el segundo valor más alto en dólares de la región, detrás del Uruguay.

Tras el incremento de casi diez por ciento que rige en las naftas, el secretario de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Raúl Castellanos, había advertido que el Gobierno iba a autorizar “otro aumento del ocho por ciento”.

Aranguren negó las declaraciones de Castellanos y dijo que iba “a llamarlo para ver de dónde sacó la información”, y dijo que no no hablaba con él “desde hace tres años”.

El ministro reconoció que, con los nuevos precios, las naftas y el gasoil en la Argentina se ubican entre “los más altos” del mundo, aunque aclaró que se debe a la fuerte carga impositiva que tienen.

“Los impuestos en las naftas alcanzan al 46 por ciento y en el gasoil al 40 por ciento, y aumentan cuando sube el precio de salida de la refinería. Queremos volver a un esquema en el que se podía usar la política impositiva para amortiguar las variaciones de precios”, indicó.

“Si el precio del crudo y el tipo de cambio se mantiene en los niveles actuales, yo creo que sí (fue la última suba). Pero no puedo estar pronosticando qué va a ocurrir con algo que tiene variaciones de precios que no dependen de lo que ocurre en la Argentina”, dijo el funcionario.

Cuando los argentinos compran un litro de nafta están pagando un 46 por ciento de impuestos y cuando adquieren gasoil la presión tributaria es del 40 por ciento, debido a un cronograma impositivo variable implementado desde 2005.

El ministro dijo que ahora el Gobierno quiere cambiarlo para volver a un sistema anterior, con el cual se puede utilizar la política impositiva como elemento de estrategia energética, para incidir en los precios finales, por lo que está preparando un proyecto de ley para enviar al Congreso.

Según el funcionario, la Argentina es un país abundante en recursos energéticos que “por políticas erráticas” que desincentivaron la inversión, importa tanto combustibles líquidos como gas natural y electricidad.

“Durante más de diez años estuvimos en la Argentina merced a retenciones en la exportación con precios de petróleo crudo y combustibles muy por debajo de los precios internacionales”, se quejó el ex presidente de Shell Argentina.

En la segunda mitad de 2014 el precio del petróleo crudo en el mundo empezó a bajar por un exceso de oferta y en la Argentina, con el objetivo de poder sostener la actividad hidrocarburífera y las economías regionales de las provincias que producen, ese descenso fue mucho más lento.

Por lo tanto, en 2015 el precio del crudo en la Argentina bajó ocho por ciento en dólares y en lo que va de 2016 descendió diez por ciento.

El problema, según Aranguren, es que los combustibles en la Argentina se comercializan en pesos y como el insumo principal está en dólares y hay que “traducirlo” a la moneda local, se ajusta al tipo de cambio vendedor del Banco Nación.

El último incremento de precios, repasó el funcionario, en la anterior gestión, fue del 4,5% el 23 de noviembre: en ese momento el tipo de cambio estaba en 9,68 pesos por dólar y en lo que va del año se ubicó en un promedio de 14,50.

“Eso significa un incremento del valor del commoditie del orden del 50 por ciento, al que hay que aplicarle la caída en dólares del 10 por ciento, por lo que significa un incremento del petróleo crudo en pesos del 35 por ciento”, dijo Aranguren en declaraciones a Radio Continental.

En lugar de aplicar ese incremento en forma de shock a principios de año, fue implementado en forma gradual: seis por ciento en enero, en marzo y en abril y ahora diez por ciento, lo cual acumula un incremento del 31 por ciento.

“El tema está vinculado con el mantenimiento de las fuentes de trabajo porque alrededor de la industria petrolera viven entre 350 y 400 mil familias, y también diez provincias petroleras cuyos ingresos son determinantes por regalías”, afirmó el funcionario. NA

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