Araujo afirmó que el motín surgió por “deficiencias del Servicio Penitenciario”
Luego del motín que sucedió el lunes en el pabellón 1 de la Unidad Carcelaria 37 de Barker, el defensor oficial Diego Araujo consideró que lo sucedido debe analizarse en el marco de una problemática más amplia que afecta a todo el sistema carcelario de la provincia. Los presos reclamaban mejores condiciones alimentarias y denunciaron diversas irregularidades.
En diálogo con El Eco de Tandil, Diego Araujo contó que tomó conocimiento de lo sucedido el lunes por la mañana y que “en realidad cada vez que hay un inconveniente en las unidades carcelarias por una cuestión de jurisdicción no interviene Tandil, ni fiscalía ni defensoría, salvo que haya algún asistido nuestro que esté sufriendo condiciones de detención más graves, pero cuando hay un conflicto colectivo interviene en lo que es la faz investigativa la ayudantía fiscal de Juárez y en lo que tiene que ver con las personas detenidas, la Defensoría General”.
No obstante, aclaró que “como sucedió en Barker, por una cuestión de proximidad con Tandil y porque allí está la mayor parte de nuestros internos, nosotros siempre nos interiorizamos”.
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El conflicto
En principio, señaló que el conflicto se suscitó “por reclamo de mejoras en las condiciones de detención. Si bien nosotros habíamos chequeado tiempo atrás las condiciones en relación a los cupos, que se estaba cumpliendo bastante, no estaban sobrepasados en relación a eso, sí se advertía que había muchos problemas en la prestación de servicios”.
En ese sentido, detalló que había falencias en cuanto a la comida, a las condiciones de habitabilidad, no le otorgaban trabajo a todos los que requerían, no estaban estudiando todos los que pedían, y se había dado a la par de este conflicto por mejoras de las condiciones de detención una situación de conflicto entre los mismos internos.
Un sector de internos tenía “cierto aval de los funcionarios del Servicio Penitenciario lo que motivó que los que se amotinaron denunciaran penalmente al jefe de la unidad penitenciaria”.
Eso generó que “se abriera una investigación en la cual en principio los que están encargados de la misma son los funcionarios judiciales de la Ayudantía Fiscal de Juárez. Por la información que nosotros tenemos, intervino la Jefatura de La Plata”.
El jefe
desplazado
Por tal motivo, Araujo explicó que “desplazaron al jefe del penal de Barker e intentaron canalizar los reclamos de los internos, ya sea con relación a la comida o el conflicto que se dio entre ellos”.
“Hay un director de toda la unidad, que por lo general está fuera del penal y en el penal propiamente dicho donde están los internos hay un jefe, ése es el que fue desplazado”, indicó.
Estimó que en los próximos días designarán a otro jefe, “lo cual garantiza que el conflicto cese porque tenía que ver precisamente, de acuerdo a lo que dicen los internos, con la arbitrariedad con la cual se manejaba el jefe del penal, que favorecía a algunos internos en desmedro de otros”.
Araujo aseguró que ni él ni su par Carlos Kolb tenían defendidos en el pabellón que fue tomado, pero “de todas maneras cuando se da una situación de conflicto tan generalizada muchos pabellones suelen plegarse a los reclamos que se hacen”.
Entonces, “en función de eso estuvimos trabajando desde las defensorías de Tandil con el defensor general que interpuso un habeas corpus ayer (por el lunes) que se sumó a otro presentado por una abogada particular que tiene una relación de pareja con uno de los internos, que no es de la zona, es del conurbano”.
Por lo tanto, “este conflicto tenía como precedente, dos habeas corpus presentados para que el personal del Servicio Penitenciario hiciera cesar el agravamiento de las condiciones de detención”.
Las problemáticas
“Esto genera gran preocupación en los familiares por un lado, porque sí recibimos constantemente consultas o pedidos de información de familiares de personas detenidas de Tandil porque no sabían qué pasaba, de hecho suspendieron las visitas con todo esto”, explicó Araujo.
Y estimó que en los próximos días la situación se va a normalizar. “En realidad, en términos generales, este conflicto se enmarca en una problemática más amplia, que tiene que ver con las deficiencias del funcionamiento del Servicio Penitenciario en la Provincia de Buenos Aires, que viene de varios años”, manifestó.
Asimismo, aseguró que “no se vislumbra mucho cambio. Hay que dejar avanzar a ver qué pasa”.
En tanto, señaló que “más allá de las autoridades judiciales que hacemos visitas, los jueces y la cámara también, y hacemos informes de lo que advertimos en las unidades penitenciarias, quien está en forma permanente monitoreando lo que ocurre dentro de las cárceles es la Comisión Provincial por la Memoria”.
Ese organismo, todos los años hace un informe y el de 2015 “demuestra que todas las deficiencias estructurales y funcionales siguen ocurriendo, ya sea hacinamiento, superpoblación, prácticas de violencia que son sistemáticas, todo eso está denunciado por la comisión”.
“Tiene mucho que ver con cómo funcione cada unidad penitenciaria de acuerdo al director y jefe del penal. Si no hay buena vinculación con el jefe del penal, los conflictos están a la orden del día, lamentablemente es así”, argumentó.
Y añadió que “todo lo que tenga que ver con el ingreso de elementos no permitidos del exterior al interior tiene que ver con el control y supervisión de los funcionarios dentro del Servicio Penitenciario. Si los controles son más estrictos, va a ser más difícil ingresarlos”.
“En la denuncia penal, los detenidos dicen precisamente que hubo un relajamiento por parte del jefe del penal en los controles para beneficiar a un sector de los internos, ellos han radicado la denuncia y hoy (por ayer) les estaban tomando declaraciones testimoniales”, afirmó.
En cuanto al conflicto puntual, consideró que “pudo haber sido realmente muy serio. Fue la toma de un pabellón, afortunadamente no tomaron la decisión de reprimir porque hubiese sido un desastre”.
Eficiencia en
la gestión
Evaluó que “la solución tiene que ver con una mayor eficiencia en la gestión. Es verdad que los recursos son escasos pero más allá de eso tiene que ver con mejorar la eficiencia en la gestión y el diseño de políticas penitenciarias distintas”.
“Es un problema muy complejo que abarca desde la provisión de alimentos que se podría tratar de encontrar otras alternativas. Por ejemplo que las localidades cercanas sean proveedoras de alimentos a cada una de las unidades de la región”, manifestó.
Y ejemplificó que un proveedor de verduras no quiso llevar el producto a Barker porque le salía más caro el gasoil, que lo que le iban a pagar. “En Barker y Juárez se podrían iniciar proyectos de huertas. Por un lado, se crea trabajo y por otro se soluciona un problema alimenticio”, opinó.
En cuanto a las alcaidías, consideró que “es un tema clave que resolvería muchos problemas en Tandil. Se abrió una en Sierra Chica, que es un pabellón que funciona como alcaidía, se podría implementar de la misma manera en Barker, lo cual facilitaría la comunicación”. u
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