Buscan definir una propuesta conjunta para cumplir con la orden judicial en las cavas de Cerro Leones
Aún sin definiciones, el Ejecutivo y la empresa a cargo del predio se encuentran abocados la elaboración de un plan conjunto para dar cumplimiento con la resolución de la Justicia, que ordenó restringir el acceso a las cavas de Cerro Leones para evitar incidentes luego del fallecimiento de un joven en 2011.
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En ese marco las conversaciones avanzan bajo la necesidad de redactar una propuesta consensuada para que la resolución no se demore y se apruebe en primera instancia.
Así, en los primeros días de la semana entrante el secretario de Legal y Técnica, Andrés Curcio, mantendrá un nuevo encuentro con el abogado que representa a Apilar SA para evaluar algunos puntos preliminares. El propósito apuntará a tratar que el escrito quede definido en los próximos 15 días.
Como se informó a través de estas páginas, hacia finales del mes de enero el Departamento Ejecutivo recibió una resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, que ordenó al Municipio que intervenga en la restricción del público al predio privado.
A partir de allí estableció un primer contacto con los representantes de la empresa Apilar SA, propietaria del predio donde se encuentran las cavas, que son utilizadas como balneario por muchas personas durante el verano. El acercamiento se concretó bajo la necesidad de definir un plan de trabajo que resuelva la demanda de garantizar la seguridad en el lugar.
En principio, el Municipio propuso dotar al predio de seguridad privada o a partir de un adicional de la policía, y perimetrar la zona de las dos piletas naturales y sus playas para desalentar las visitas de los bañistas.
La firma, por su parte, sugirió trabajar en la incorporación de nueva cartelería en las inmediaciones al predio, la renovación del alambrado y la construcción de un cerco de piedra de aproximadamente tres metros de alto sobre los accesos a los dos espejos de agua.
Trabajo conjunto
Frente a ese escenario el secretario de Legal y Técnica, Andrés Curcio, aseguró que “estamos trabajando en forma conjunta con los apoderados de la empresa, Apilar SA, en el armado de la propuesta” que deberán presentar en el juzgado interviniente.
En ese sentido, entre la idea elaborada por la comuna y la que presentó días después la firma, con puntos en coincidencia, “estamos trabajando en armonizar y elevar una propuesta razonable” a los fines de tender a morigerar el riesgo, en un pedido que resulta complejo “eliminarlo de manera total por las características del predio”.
También intervino el área de Obras Públicas de la comuna en un aporte sobre la viabilidad de las medidas sugeridas en esta nueva instancia, entre las que figura el cierre de algunos accesos a los espejos de agua.
Si bien aclaró que aún no hay definiciones al respecto, insistió en que la idea es coincidir en las opiniones para evitar eventuales dilaciones ante la necesidad de preservar el espacio. “Si presentamos algo de forma unilateral, el juez le tiene que dar traslado a la empresa para que se exprese si lo puede hacer o no”, aclaró.
Entonces, para acortar los tiempos, los apoderados de la empresa y los distintos actores del Municipio mantienen negociaciones en busca de un acuerdo, que sea elevado al magistrado.
Y así, que “el juez tenga que expedirse en si acepta o no la propuesta y no corramos el riesgo de que lo propuesto por nosotros no pueda ser cumplido por la empresa se vuelva para atrás”, planteó.
Morigerar el riesgo
Por otro lado, y en relación al intercambio con la firma, negó que los reparos sean de tipo económico y explicó que son en torno a las imposibilidades materiales. “Sería muy fácil que el Municipio pidiera que cierren el perímetro. Son 56 hectáreas, entonces es impracticable y tampoco evita que alguien salte el paredón y acceda igual”, planteó.
Entonces “estamos tratando de definir puntos estratégicos”, en un proceso que llevará su tiempo ya que debe ser evaluado por los actores intervinientes.
“Lo económico incide pero hay una imposibilidad real” ya que “no tiene sentido hacer propuestas que sean costosas o imposibles cumplir y no contribuyan a disminuir el riesgo”, advirtió el secretario Legal y Técnico.
En esa línea sostuvo que eliminar el riesgo resulta “prácticamente imposible”. En cambio, “se pueden adoptar medidas para morigerarlo”. Y para ello dijo que es “fundamental la conducta de los particulares”, que entiendan que se trata de una propiedad privada al que no deberían ingresar.
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