Con el apoyo de D’Alessandro, Romano denunció a Cinpal por “evasión simple” ante la Justicia

Tal cual se adelantó días atrás a través de estas páginas, el secretario general de la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica, Carlos Romano, con la asesoría de Gustavo Ballent, finalmente ayer cumplió con la presentación ante la Justicia federal de una denuncia por “evasión simple” contra Cinpal, la fábrica de capitales brasileños que cerró sus puertas y dejó a sus empleados sin certezas en torno al pago de los haberes adeudados.

La acción, que quedó radicada en el Juzgado en lo Criminal y Correccional 9, a cargo del doctor Luis Rodríguez, y en la Fiscalía 4, de Carlos Stornelli, fue el resultado de un acercamiento que sobre fines de la semana pasada tuvo el dirigente gremial con el director del Grupo Bapro, Mauricio D’Alessandro, a raíz de una visita a la ciudad.

En aquella oportunidad Romano trazó un incierto escenario ante la falta de respuestas por el cierre de la fábrica ubicada en el Parque Industrial, cuyos trabajadores, unos 40 en total, dejaron de percibir sus haberes en junio.

Entre las alternativas surgió la posibilidad de presentar una denuncia para que los responsables de la firma comparezcan ante la Justicia. En ese sentido el funcionario repasó que la “gran preocupación” de los dirigentes sindicales apuntaba a que “los empresarios no estaban en Argentina y que manifestaban por diversos canales que no iban a volver” y entendían además que “a distancia era muy difícil el proceso, al igual que convencerlos de que cumplieran con sus obligaciones”.

Entonces “se me ocurrió la denuncia por defraudación y hacerlo en la Justicia federal porque son ciudadanos de otro país y porque tienen la sede de la empresa en la calle Córdoba al 600, en Capital Federal”, justificó sobre la competencia.
“Realmente han dejado nada en Tandil y han creído equivocadamente que porque están a 350 kilómetros de Capital y viven en San Pablo, Brasil, pueden sustraerse de sus obligaciones”, enfatizó.

En concreto, la denuncia penal es contra “el presidente, y/o representante legal, y/o directores de la firma Cinpal Argentina SA, cuyos datos de identidad conocidos son Joaquim Henrique De Carvalho, Juan Carlos Cela, Mariela Ruth Alderete y Alejandro Pablo Kemmeter, a efectos que se investigue a todos los nombrados, así como a todos quienes resultaren autores, coautores, cómplices y/o encubridores, por la presunta y supuesta comisión del delito ‘evasión simple’, tanto de aportes y/o contribuciones tributarias, cuanto a aquellos relativos a la seguridad social”.

La denuncia

En diálogo con El Eco de Tandil, el abogado brindó precisiones sobre la presentación, que, según opinó, podría acelerar las negociaciones gestionadas desde la comuna a través de Cancillería.

En primer término explicó que la denuncia es por incumplimiento en el pago de los aportes que son descontados de los haberes de los empleados, lo cual representa una “defraudación”.

“Creemos que ha habido una defraudación, que los van a traer a comparecer y van a terminar condenados por evasión. Es un delito formal que se configura simplemente cuando se le quita al trabajador plata y no se le paga a término a la seguridad social. No hay excusa posible”, enfatizó.

A propósito del accionar cuestionó que los empresarios “creen que pueden sustraerse al problema quedándose en Brasil, pero queremos que los citen mediante Interpol porque dicen que no van a volver más a Argentina”.

En tanto, entre los próximos pasos calculó que en el transcurso de la semana entrante el Juzgado citará a Romano a ratificar la denuncia y a partir de allí el fiscal que entiende en la causa solicitará las medidas pertinentes.

En esa línea consideró que para la primera semana de septiembre “tendríamos la citación para que comparezcan”, y en cuanto al proceso puntualizó que se canaliza inicialmente en la sede de la empresa, en Córdoba 612, luego se los busca mediante la fuerza pública, y si se determina que se encuentran fuera del país “se pide la citación a través de Interpol, que es lo que queremos, que tengan la prohibición de salir de su propio país si no es para cumplir con las obligaciones legales en Argentina”.

Facilitar el
acercamiento

Independientemente de cualquier gestión, D’Alessandro enfatizó que mediante la acción los empresarios “van a tener que dar la cara” y remarcó que “no vamos a permitir que se queden en Brasil, escondidos, dejen empleados y crean que con eso no tienen responsabilidad”.

Descartó que la medida tenga por objeto la negociación sino “que se los condene por haber defraudado a los trabajadores”.

Y en esa línea rechazó que la acción pueda entorpecer el contacto a través de Cancillería, que podría derivar en una reunión para la semana entrante, al indicar que “es la única forma de mostrarles que les vamos a exigir que cumplan con sus obligaciones legales”.

Claro que si la negociación contempla el pago de los aportes de la seguridad social tendrán que presentarse en el Juzgado para demostrar que cumplieron, aunque sostuvo que “habitualmente en estos casos las empresas cumplen rápidamente con esas obligaciones porque es poca plata en comparación con lo que está en juego, que es su libertad”.

A propósito de este punto el exdiputado dijo estar al tanto de las tratativas por contactar a los responsables de la empresa, pero insistió que “ellos sostienen que no van a volver a Argentina y nosotros queremos que lo hagan y cumplan con su responsabilidad”.

“Es una cuestión penal en cumplimiento de la ley, que es lo que estamos exigiendo”, acentuó.

Para finalizar, en cuanto a la competencia, el funcionario admitió que existe una discusión en torno a la causa, en función de la posibilidad de que recayera en el fuero penal económico, pero defendió que se trata de un delito federal “porque además incluye la denuncia a ciudadanos brasileños que viven en nuestro país”.

“Los ciudadanos extranjeros tienen que ser sometidos a procesos por la Justicia federal”, cerró.

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