D’Alessandro convocó a una asamblea popular para derogar la Tasa de Seguridad
El tandilense Mauricio D’Alessandro convocó para mañana al mediodía, en la glorieta de la Plaza Independencia, a los ciudadanos a participar de una asamblea popular para peticionar por la derogación de la Tasa de Seguridad, que creó el Gobierno municipal. La moción la lanzó por Twitter y la refrendó en diálogo con “Dulce y amargo” (104.1 Tandil FM de El Eco Multimedios). Además, aclaró que puede participar cualquier vecino, sin importar su signo político.
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A ese encuentro invitarán a la Asociación de Abogados para que brinde explicaciones sobre el polémico tributo y redactarán un petitorio para entregarle al intendente Miguel Lunghi y al secretario de Seguridad Atilio Della Maggiora para que deroguen la tasa debido a que el monto que debe aportar la comunidad ha sido en gran parte cubierto por la Provincia, con 32 millones de pesos de impuestos que ya los contribuyentes pagan al fisco bonaerense.
“Hace días que vengo dando vueltas con esto en la cabeza y en su momento, con la discusión sobre la tasa, consideré que debía ser soslayada en aras de la necesidad que tenía la ciudad de mejorar la seguridad, algo a lo que (Miguel) Lunghi, en los doce últimos años, le dio la espalda no porque no le interese la seguridad sino porque es algo propio de muchos municipios, especialmente si son radicales, de no meterse en el tema porque es una suerte de carbón: quema o ensucia”, lanzó en la entrevista radial.
Por este motivo, evaluó que el reclamo de la comunidad “ameritaba la creación de una tasa porque en ese momento no tenía presupuesto provincial, recién llegaba el nuevo gobierno y parecía que era necesario juntar lo que le debían, alrededor de 52 millones de pesos, para dedicarlos al presupuesto de seguridad”.
El actual director del Bapro sostuvo que esa situación de daba en diciembre de 2015, pero “después de eso, en una negociación que encararon algunos municipios del conurbano bonaerense, se obtuvo un endeudamiento provincial de 10 mil millones de pesos para remitirlos a los municipios y a Tandil le tocaron en suerte alrededor de 110 millones de pesos, de los cuales 32 deben ser gastados en seguridad”.
Con estos datos, D’Alessandro indicó que “el razonamiento es simple: la tasa de seguridad se creó para juntar 52 millones porque la Provincia no aportaba algo que es su obligación, independientemente de su dudosa constitucionalidad. Ahora que la Provincia baja al Municipio 32 millones para eso, se entiende que cualquier persona de bien -y el Municipio lo es como ente público- tiene que devolver esos 32 millones que está recaudando de más, sino le está metiendo la mano en el bolsillo a la gente en forma gratuita”.
Proyecto de ordenanza
El ex diputado adelantó que habló con el concejal Gustavo Ballent y con el dirigente Raúl Escudero, porque “estoy preparando un proyecto de ordenanza que me gustaría que presente el bloque del Frente Renovador, donde pedimos la derogación de la tasa en ese porcentaje, que es el 70 por ciento de lo que se va a recaudar, porque la verdad es pedirle al contribuyente un esfuerzo innecesario cuando la plata viene del lado de la Provincia. A menos que digan ‘queremos esos 32 millones para hacer otra cosa’”.
D’Alessandro marcó que “esta tasa tiene una sola razón: la seguridad. Y de los 52 millones de pesos que se necesitan, 32 los acaba de aportar la Provincia en forma sobreviniente a la votación de diciembre”.
Agregó que en el tuit de la convocatoria consideró que este tema “no tiene que tener bandería política” porque “en algún momento alguien tiene que decir que a los contribuyentes no se les puede meter la mano en el bolsillo en forma permanente sin que griten”.
En este caso, contó que su mamá de 91 años se quejó al recibir la boleta. “Esto es una realidad y le pasará a Lunghi con sus propios parientes, a Della Maggiora con sus parientes. Todo el mundo lo entiende, es lógico. Ojalá el Gobierno se dé cuenta rápidamente -Lunghi, Della Maggiora, la gente que está en Seguridad- que no se le puede meter la mano en el bolsillo a la gente de esta manera y que, además, ni siquiera es un error del Gobierno, se hizo pensando que faltaban 52 millones. Ahora vinieron 32, nos hacemos los chanchos rengos y miramos para el costado”, lanzó.
El voto de Ballent
El edil Gustavo Ballent acompañó la creación del nuevo tributo de seguridad, aunque rechazó el incremento general de las tasas superior al 30 por ciento. En el recinto y tras contar con poco tiempo para analizar los proyectos de presupuesto y la ordenanza fiscal e impositiva (elevados pocos días antes del tratamiento), el letrado fue crítico. Por entonces argumentó que su compañera de bancada, Beatriz Fernández, había trabajado mucho para otorgar herramientas tendientes a mejorar la seguridad, por eso la aprobaba. Sin embargo, adelantó que algún vecino podría presentar un amparo por la inconstitucionalidad de la sobre tasa.
Ante esta postura, D’Alessandro explicó que en ese momento “la dudosa inconstitucionalidad de la tasa quedaba de lado porque había un reclamo popular de mayor seguridad. Permanentemente había robos y situaciones que había que controlar, y se necesitaban 52 millones de pesos. En aras de esa necesidad y en una Provincia quebrada que manifestaba que no había más plata para seguridad, los vecinos le dijeron que crearan una tasa. Ahora la tasa se volvió confiscatoria cuando, un mes después, alguien puso la plata”.
Precisó que desde su postura “en lugar del 30 hay que cobrar el 9 por ciento, que es la proporción. Después analizamos si es inconstitucional, si hay un error, si se votó o no se votó. Acá es simple, le dimos al Ejecutivo municipal la posibilidad de recaudar 52 millones de pesos para seguridad, y se ganaron la lotería y le tocaron 32 millones de pesos antes del mes. ¿Qué hacemos? ¿Le seguimos sacando la plata a los vecinos igual? ¿En qué vamos a usar los 32 millones de seguridad? ¿Vamos a gastar 84 en seguridad mientras hay gente que a 7 kilómetros no tiene agua? No sé, no es ese el camino. No se puede tomar a la gente de estúpida”.
El modelo es Macri
El mediático abogado le recomendó al jefe comunal que “en esto el modelo a seguir es Macri: cuando se equivoca, recula y vuelve sobre sus pasos. Ni siquiera necesita el Gobierno municipal decir que se equivocaron. Hicieron un cálculo sobre la base de que la plata no venía; vino la plata, qué suerte, tendríamos que estar haciendo una fiesta en la glorieta con Lunghi a la cabeza”.
En cuanto al flujo de estos fondos provinciales -a priori previstos para junio y diciembre-, indicó que lo tienen que acordar con el ministro de Economía porque “son parte del mismo gobierno” y remarcó que tampoco iban a recaudar el estimado de la tasa tan rápidamente.
“Esperaron doce años para la seguridad, no pueden esperar hasta junio para comprar un patrullero, que lo saquen a crédito o que esperen. Si total esperamos doce años, ahora resulta que les agarró el apuro cuando se trata del bolsillo de la gente”, le achacó al lunghismo. u
“Trato de no judicializar la política”
Mauricio D’Alessandro también dio su parecer en el debate por la inconstitucionalidad de la Tasa de Seguridad y ratificó que hay algunos fallos en ese sentido de municipios de la provincia de Buenos Aires. “Todo el mundo sabe que a mí me gustan los amparos, pero trato de no judicializar la política cuando todavía hay instrumentos. Y si no supiera que tienen que devolver los 32 millones, ya hubiera clavado un amparo en alguno de los juzgados de la ciudad”, advirtió.
En este caso, sostuvo que “me parece que no lo necesita la ciudad, que sabe que Lunghi es un buen administrador, que es sensato; no necesita que saquemos una ventaja y que judicialicemos la política, lo que necesitamos es demostrarle al Intendente cuál es el camino, que es devolver esa tasa, por lo menos en el 70 por ciento”.
También mencionó que el Municipio siempre dijo que la Provincia debía cubrir la seguridad y le pidió el esfuerzo a los vecinos, pero ahora el gobierno de María Eugenia Vidal lo afrontó y es del mismo frente partidario.
El antecedente de Salto
Un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires suspendió en Salto la aplicación de la tasa de seguridad a partir de la demanda por inconstitucionalidad que inició el ex concejal Daniel Spadone.
El 22 de diciembre pasado el tribunal hizo lugar a la medida cautelar en relación a la creación del tributo denominado Servicio de Seguridad en la Vía Pública, destinado al sostenimiento de la Patrulla Rural y la Policía Comunal, y que cobraba la Cooperativa de Servicio de Energía Eléctrica de esa localidad.
El ex concejal argumentó que la ordenanza violaba derechos y garantías de la Constitución provincial, entonces solicitó que se ordenara al intendente municipal de Salto suspender los efectos de la ordenanza, en relación a la Tasa por el Servicio de Seguridad en la vía Pública, hasta tanto se dictara sentencia en ese proceso.
En su resolución, la Corte tuvo en cuenta el antecedente del fallo “relativamente reciente”, donde declaró la invalidez constitucional de una norma similar en el municipio de Coronel Pringles que había creado el tributo adicional llamado Fondo Especial para la Patrulla Policial Rural, como parte de la Tasa de Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal.
Por otro lado, consideró el perjuicio que implica para el actor abonar la tasa que estaba incluida en la factura de electricidad.
En su resolución, los doctores Juan Carlos Hitters, Luis Esteban Genoud y Héctor Negri decretaron la suspensión del cobro del tributo hasta tanto se dicte una sentencia definitiva sobre la inconstitucionalidad de la ordenanza que creó la Tasa por el Servicio de Seguridad en la vía pública.
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