Desde la Banca XXI propusieron regular el mercado de alquileres

Al comienzo de la sesión, Juan Arrizabalaga -en nombre del movimiento popular Patria Grande y de la Red de Inquilinos e Inquilinas de Tandil- propuso desde la Banca XXI la regulación del mercado de alquileres en esta ciudad.

Tras brindar un completo diagnóstico de los problemas que padecen muchas de las familias que rentan unidades habitacionales, impulsó establecer “el Régimen Protegido del Alquiler para el Partido de Tandil en lo referente a locación con destino viviendas”, a través de distintos aspectos.

En principio, que se garantice el cumplimiento de las leyes vigentes en cuanto a las condiciones de contratación y en especial, en relación a las comisiones que cobran las inmobiliarias, el reajuste en la devolución de los anticipos y la indexación de los contratos.

Además, impulsó la creación de un “Servicio Municipal de Defensa de los Inquilinos”, con participación de organizaciones sociales vinculadas a la problemática habitacional, para proteger los intereses y derechos de los locatarios de inmuebles destinados a la vivienda única y de ocupación permanente.

Otra figura que introdujo este proyecto es “un Banco de Garantías Municipal” destinado a familias o personas que no disponen de la garantía requerida por los locadores o inmobiliarias, lo que les dificulta el acceso a la casa.

Por otra parte, impulsó la creación del “Consejo Social del Alquiler”, que podrá estar integrado por el Estado municipal y actores relacionados al sector, a cargo de discutir la fijación de precios máximos y del porcentaje de ajuste de las tarifas; la actualización de los depósitos en garantía al momento de su devolución; la prohibición del cobro de honorarios en la renovación del contrato y la jerarquización de la continuidad del alquiler para los locatarios vigentes.

En cuanto a las condiciones de los inmuebles, propuso ampliar el mínimo de metros cuadrados construidos y de espacios verdes permitidos en todas las viviendas para alquilar, con el objetivo de mejorar la calidad de vida.

Por último, solicitó establecer un impuesto progresivo a la vivienda ociosa, para ampliar la oferta y  mejorar los precios para los locatarios. Concretamente, el proyecto impone un tributo a las viviendas que permanezcan deshabitadas por más de un año.

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