Desde la ONG Usina de Justicia clamaron por asesoramiento legal gratuito para las víctimas

Se realizó el coloquio de la ONG Usina de Justicia titulado “En busca de la Justicia Perdida”. Durante el encuentro, se cuestionó duramente el sistema judicial del país y se remarcó la necesidad de un patrocinio gratuito para las víctimas.

Encabezaron el coloquio la presidenta del espacio, Diana Cohen Agrest, el médico psiquiatra y legista Ricardo Risso, también miembro de Usina de Justicia, la doctora Donata Chesi, víctima de la inseguridad e integrante de la asociación; y el fiscal Fabio Molinero, titular de la Ayudantía Fiscal de la Fiscalía Federal 22 y la jueza Julia Márquez.

Víctimas
invisibilizadas

En diálogo con El Eco de Tandil, Diana Cohen Agrest explicó que hace dos años comenzaron a trabajar en la ONG que congrega a víctimas de delitos y a profesionales del derecho y de otras áreas, con el fin de representar a esa víctima que es “invisibilizada” por el sistema penal y contra la impunidad.

“Nos dedicamos a víctimas fatales, estamos representando las voces de la mayor parte de chicos jóvenes muertos por la violencia en democracia”, manifestó.

La ONG Usina de Justicia se conformó como iniciativa de Diana Cohen Agrest luego de que su hijo fuera asesinado por un delincuente el 8 de julio de 2011.

“Me puse a leer cosas de derecho y armar una especie de campaña mediática y escribir del sistema injusto. Mucha gente vinculada con la Justicia me escribió a lo largo de ese período en el que publiqué esos artículos, los convoqué, y creamos por primera vez en la Argentina un foro contra el abolicionismo (penal)”, expuso.

Pero lamentó que “el tiempo cada vez nos sigue dando la razón, porque cada vez son más los chicos caídos por una violencia que se incrementa día a día y parece no acabar nunca”.

Contó además que trabajan voluntariamente, sin ningún tipo de apoyo, y “cada uno pone lo mejor de sí para darle un sentido a esas muertes”.

Impunidad total

Respecto al homicidio de su hijo, recordó que entraba a la casa de una compañera de facultad en el barrio porteño de Caballito cuando un delincuente los encañonó. “Ezequiel trató de defender a la compañera, y lo mató sin necesidad alguna porque la pericia demostró que el asesino lo había desmayado, le había dado un culatazo a mi hijo y estaba desmayado en un rincón y antes de irse le tiró dos balazos en diagonal a un metro y medio de distancia y eso prueba que no fue un forcejeo, lo mató porque sí”, rememoró.

Y fustigó que luego en casación dictaminaron que “había sido en un forcejeo, digo esto para que se vea lo ridícula que es la justicia en la Argentina, y que era inocente porque había llamado a la madre diciendo que no quería matarlo a mi hijo. Ese es el grado de impunidad que reina en el país. Mi hijo tenía 26 años, se estaba por recibir, tenía todo el futuro por delante”.

“Le dieron la perpetua, que como pasa siempre se rebajó, no salió aún pero podría hacerlo en 2018”, lamentó.

La balanza
es una mentira

La presidenta de la ONG fustigó que la balanza con la cual está representada la justicia es “una mentira” porque “de un lado hay una persona que está viva en una cárcel en el mejor de los casos, y del otro hay un muerto”.

“Basta de eufemismos, basta de engaños, seamos conscientes de que la justicia argentina está puesta al servicio de los delincuentes mientras que la víctimas tenemos que mendigar justicia cuando nuestra pérdida es perpetua”, cuestionó.

En ese contexto, reclamó que “así como la pérdida de una vida es perpetua, que aquel que mató también ceda el bien que le sigue en valor al bien de la vida, que es la libertad. Si la justicia se rige por la proporcionalidad lo mínimo que podemos exigir es una pena perpetua”.

La falta de
patrocinio

Asimismo, criticó que “vivimos en el siglo XXI y seguimos regidos por un derecho penal que se creó en el siglo XVII y XVIII, no solo las víctimas que somos víctimas porque el Estado no nos protegió sino que además nos revictimiza negándonos un abogado y poniéndonos en paridad de condiciones con el delincuente, en el mejor de los casos”.

“Queremos un modelo de derecho de las víctimas, que es lo mínimo que nos corresponde. Constantemente recibimos mensajes de personas que no pueden pagar un abogado entonces ven como el asesino de su hijo queda libre. Nosotros estamos tratando de canalizar esas solicitudes a través del Ministerio de Justicia”, explicó.

Y añadió que “estamos mendigando justicia, un abogado sale entre 30 mil y 50 mil dólares. La mayor parte de los delitos se producen en los ambientes más vulnerables, entonces esa persona no va a esperar que se haga justicia porque en el 99 por ciento de los casos no se hace justicia”.

En cuanto al rol de los medios de comunicación, aseguró que “yo los bendigo” porque “es cierto que son amarillista, es cierto que usan el dolor de la gente pero quizás ese es el único momento que la víctima tiene para poder expresar y hacer conocer su caso”.

“En el tribunal oral cuando se comete un delito y se tiene que castigar a un delincuente como violador o asesino en primera instancia le dan pena perpetua que no es perpetua porque en 4 años sale, a diferencia de otros países”, aseguró.

Pero admitió que el problema mayor es que “lamentablemente en Casación, como en la Argentina se exige un doble conforme, que se transforma en seis o siete instancias, una vez que desaparecen las cámaras las víctimas vuelven a ser invisibilizadas, entonces el paso siguiente va a ser bajar esa condena supuestamente perpetua que dio en primera instancia de manera tal que a los cuatro o cinco años esa persona que mató o violó quede libre”.

El fiscal Molinero
denunció una “desidia”

Por su lado, el fiscal Fabio Molinero aseguró que en los delitos vinculados con el narcotráfico con los que trabajan no tienen una víctima identificada pero sí hay una “víctima colectiva o difusa que se acrecienta en determinados barrios”.

Admitió que en los últimos años vio “una desidia por parte del Estado en atender la lucha contra el narcotráfico, particularmente con los recursos que debemos tener, con los recursos con los que debe contar la policía, en el tratamiento de las personas adictas”.

“Hay que fortalecer el sistema de seguridad, dar los recursos que se necesitan, sacar la policía que no está trabajando como corresponde, una de las cosas principales tiene que ver con el servicio penitenciario que no se está cumpliendo con el fin de la pena que es la reinserción del sujeto. Las persona sale y vuelve a ingresar y en el medio queda la sociedad atrapada como víctima del delito”, fustigó.

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