El Concejo mantiene “freezado” el tratamiento de convenios urbanísticos

Desde antes de las elecciones generales, el Concejo Deliberante mantiene en comisión los expedientes correspondientes a cuatro pedidos de excepciones, a partir de los cuales el intendente Miguel Lunghi ha acordado y firmado con los requirentes convenios urbanísticos, conforme a la Ordenanza 12.679 que establece la participación del Estado municipal en la renta urbana extraordinaria generada como consecuencia de un acto administrativo.

En principio, está pendiente el pedido de la familia Segurola para la subdivisión de un predio ubicado sobre avenida Don Bosco. Hasta el debate de esta excepción con su convenio urbanístico, se iban alcanzando algunos consensos o el oficialismo hacía prevalecer el voto doble del presidente del cuerpo y así se refrendaron 9 de los 13 acuerdos con privados que están publicados en el sitio oficial del Municipio.

Sin embargo, las diferencias que generó la solicitud de los hermanos Segurola de otorgar indicadores a un loteo de 42 terrenos sobre Don Bosco, a cambio de ceder al Municipio 6 hectáreas de sierras, derivaron en el congelamiento de todos los expedientes que el Ejecutivo elevó a la postre. El debate comenzó en abril, cuando el Frente para la Victoria cuestionó el proceso que derivó en un pedido de excepción para las tierras que, en principio, habían sido declaradas de utilidad pública y sujetas a expropiación con el fin de ampliar el Polideportivo Municipal.

Como ese expediente presentado ante la Provincia fue abandonado, los propietarios encomendaron un loteo a un agrimensor y comercializaron parcelas que no existían desde lo legal, porque nunca fueron aprobadas por los organismos competentes. En el medio se construyeron casas y hasta se emitió un documento que garantiza una escrituración en trámite, lo que resulta imposible.

 

Posturas

rígidas

 

A partir del caso Segurola, el bloque del Frente para la Victoria ató el acompañamiento de los futuros expedientes al tratamiento de un proyecto de ordenanza con el que propuso la implementación de las audiencias públicas obligatorias antes de homologar los convenios urbanísticos rubricados por el Intendente. Incluso, se trata de una herramienta de participación ciudadana prevista en el Plan de Desarrollo Territorial (PDT). Hasta ahora, la iniciativa no fue debatida en comisión.

El FPV defiende a la audiencia pública como la instancia en que cualquier persona que sienta que le están afectando alguno de sus intereses lo pueda plantear y así colaborar para que los concejales tengan más elementos a la hora de aprobar una excepción con su convenio urbanístico. Ya advierten que algunos expedientes convocarán a entidades intermedias, ONGs o vecinos, mientras que otros no despertarán interés alguno en la comunidad.

Al mismo tiempo, el presidente del Legislativo Juan Pablo Frolik dejó plasmada su decisión política de aprobar convenios urbanísticos únicamente con mayoría especial, por lo cual necesita 17 votos positivos.

Con esta cuestión totalmente trabada, el PRO y el Frente Renovador le recriminaron al oficialismo su negativa a tratar cualquier expediente conflictivo en el marco de la campaña electoral. Con un escenario legislativo similar al actual, aguardarán para conocer si se reactivan las discusiones antes del 10 de diciembre, fecha del recambio de autoridades.

 

Tres en

stand by

 

Como consecuencia del caso Segurola, otros tres convenios urbanísticos quedaron congelados en la Comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante, a la espera de un acuerdo que permita resolver las excepciones.

Uno de ellos responde a un pelotero ubicado en avenida Bolívar, que solicitó una excepción porque se trata de un uso prohibido en ese sector de la ciudad. Los propietarios, que aún no pudieron abrir las puertas, son integrantes de una familia que vino de Rosario y realizó una inversión en Tandil. Con el panorama del Concejo, se trabó la posibilidad de habilitar su comercio, lo que resulta indispensable para trámites como el seguro.

El pedido para habilitar el local en el rubro de servicio de entretenimiento, realizado en salones o similares o similares destinados a fiestas infantiles (peloteros) o para adultos, fue avalado por la Comisión de Gestión Territorial. Cumplido ese paso, el Intendente y la requirente Laura Andrea Farías firmaron el convenio urbanístico el 22 de julio pasado. A partir de que se concrete el trámite municipal, la dueña deberá abonar un recargo del ciento por ciento en la Tasa de Actividades Económicas, en concepto de participación municipal en la renta urbana extraordinaria como consecuencia de una medida administrativa.

También espera por una convalidación el convenio urbanístico firmado, el 22 de julio último, entre Miguel Lunghi y Diego Somi por el uso prohibido de la confitería bailable Y Qué, ubicada en Alvear 553. En este caso se produjo un cambio de firma y el nuevo propietario se vio imposibilitado de habilitar el comercio. Los términos del acuerdo son iguales al anterior.

Además está pendiente el convenio urbanístico rubricado, el 11 de mayo pasado, con Benjamín Delpech, por la habilitación de un complejo de canchas de fútbol ubicado cerca de la Rural, uso no admitido por el PDT para esa zona residencial extra urbana. En esta oportunidad, se estipuló que el dueño pague un 60 por ciento más en los derechos a los espectáculos públicos y un ciento por ciento más en la Tasa de Actividades Económicas a partir del séptimo mes desde la habilitación.

 

Presiones y ausencia de controles

 

Frente a las demoras para aprobar los convenios urbanísticos, tanto el complejo de canchas de fútbol como el local bailable de avenida Alvear están funcionando sin la correspondiente habilitación municipal.

En este sentido, desde la oposición cuestionaron que los expedientes estuvieron “freezados” por el año electoral pero algunos comercios contaron con la complicidad de los funcionarios municipales encargados de controlar para trabajar sin habilitación.

Por otra parte, rechazaron que desde el oficialismo descargan la responsabilidad por esta situación en los concejales de la oposición, cuando en ninguna norma está escrito que es obligación convalidar los convenios urbanísticos por mayoría especial. “Es una posición que fijaron desde el radicalismo”, señalaron y a esta altura, entienden que es un requisito que impuso Juan Pablo Frolik para no verse en la obligación de desempatar las excepciones con su voto doble. “Es una cuestión política”, sentenciaron.

A partir de estas posturas estancas, los vecinos que aguardan definiciones deambulan por los bloques intentando ejercer presiones para conseguir las respuestas que no encuentran en el recinto. En este aspecto, desde los bloques opositores le achacaron a la UCR por convidar a la gente a un juego complicado ya que si tuvieran la convicción para otorgar las excepciones, dispone de la mayoría para aprobarlas y nada les impide recurrir al voto doble.

Por otra parte, se estima que este conflicto se puede mantener desde el 10 de diciembre, a partir de que el cuerpo mantendrá diez bancas oficialistas y 10 opositoras que se repartirán en seis del Frente para la Victoria, dos del PRO y tres del Frente Renovador.

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