El loteo de Segurola vuelve al Ejecutivo, pero aprobaron otros cuatro convenios urbanísticos
El pedido de indicadores para la subdivisión de tierras ubicadas en avenida Don Bosco y el convenio urbanístico firmado por el intendente Miguel Lunghi e integrantes de la familia Segurola no consiguieron los quince votos del Concejo Deliberante, es decir, la mayoría especial necesaria para su aprobación. Finalmente, en la reunión de labor parlamentaria se decidió que el expediente regresara al Departamento Ejecutivo para que ofrezca alguna alternativa que permita alcanzar los consensos que exige la ley. Sin embargo, en la sesión de ayer, a partir del tratamiento de otros cuatro casos, distintos bloques políticos dejaron sentadas sus posturas frente a las excepciones al Plan de Ordenamiento Territorial (PDT) y a la herramienta creada para gravar la renta extraordinaria a partir de los beneficios que arrojan los actos administrativos de la comuna.
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El expediente del loteo sobre avenida Don Bosco, que llegó al Legislativo a principios de 2015, ha transitado por distintas instancias debido a las dudas que despertó entre concejales de distintos signos políticos. Es que aunque la subdivisión no existe legalmente, ya hay parcelas vendidas y casas construidas de manera irregular. Incluso, esas tierras estuvieron sujetas a expropiación, pero se venció el plazo establecido por la ley provincial para que el Municipio las comprara. El proyecto original era unir ese predio con el Polideportivo del Dique.
Ante este panorama, aún no se pudo dar una respuesta política al conflicto y el Concejo devolvió el problema al Ejecutivo para que elabore una alternativa tendiente a conseguir los dos votos que faltan para su aprobación. Si el expediente se trata en el recinto y los concejales lo rechazan, no se puede volver a debatir hasta el próximo período legislativo. En tanto, de no mediar una solución desde la administración, los compradores de buena fe podrían avanzar con juicios a los privados que impulsaron el loteo y al Municipio.
El criterio en
las excepciones
Con el caso Segurola como telón de fondo, los legisladores se avocaron ayer al tratamiento de cuatro convenios urbanísticos que fueron aprobados por mayoría. Fieles a las posturas que vienen sosteniendo, el Bloque del PRO acompañó solo las excepciones, mientras que el Frente Renovador rechazó las dos votaciones.
Los casos correspondieron a tres excepciones al uso de suelo en diversas zonas de la ciudad, es decir, se convalidaron las habilitaciones de actividades (entre ellas una fábrica de miel y un hotel alojamiento) que no estaban permitidas en los lugares en donde se instalaron. El cuarto se debió a un cambio de los indicadores de ocupación para un complejo de viviendas multifamiliares.
La concejal Beatriz Fernández argumentó la oposición de su bloque a estos cuatro convenios urbanísticos, aunque reconoció que la plusvalía bien aplicada puede resultar una herramienta progresista. Cuestionó que el Ejecutivo no ha logrado fijar “un criterio claro” que indique hacia dónde apunta, lo que derivó “en algún grado de injusticia”.
La legisladora señaló que de los cuatro convenios, solo el del complejo de departamentos fue elevado por el Ejecutivo, y en ese caso deslizó que se podría haber cobrado una multa por no respetar los indicadores de ocupación del suelo, ya que acordaron a pagar solo 13 mil pesos. Agregó que los tres restantes fueron devueltos por la Comisión de Obras Públicas a la administración central porque podían ser pasibles de convenios urbanísticos, por lo cual el Concejo “compra el problema” y a todos se les duplicó el cobro de la Tasa a la Actividad Económica. Al comparar estas situaciones, se preguntó cuál era el criterio de justicia. “No está claro hacia dónde vamos”, dijo.
Por otra parte, resaltó que el 28 de diciembre pasado un funcionario del área de Economía se comprometió a avanzar en la creación de una cuenta especial para los recursos recaudados a partir de los convenios urbanísticos. “El Intendente en campaña dijo que los fondos iban a ser afectados e iban a ir para suelo urbano. No hay recursos afectados ni sabemos cuánto entró y pasaron siete meses de la promesa del funcionario”, destacó.
Una herramienta
“de avanzada”
En tanto, el concejal del Bloque Justicialista Pablo Bossio advirtió que acompañaban los cuatro convenios urbanísticos puestos a consideración del cuerpo porque no tenían incidencia en el desarrollo urbano de la ciudad, pero apuntó una “falta de criterio” en la utilización de esta herramienta que consideró “progresista”.
Coincidió con el FR en la “poca transparencia” en la afectación de los recursos que ingresan por la plusvalía. Pero además, resaltó la importancia de que se aplique en zonas donde las obras de infraestructura que pagan todos los vecinos benefician a algunos y se genera una especulación inmobiliaria. Como ejemplo, citó la red de agua para La Elena que puede provocar que se incrementen de manera desmedida el precio de los loteos proyectados.
Bossio señaló que la normativa “es de avanzada” y reclamó que se aplique en función de la necesidad de que el Estado municipal disponga de más suelo urbano.
“Dudas razonables”
En respuesta a la oposición, la presidenta de la Comisión de Obras Públicas Nora Polich resaltó que estos cuatro expedientes, que ingresaron con la conformación anterior, abundaban en cuestiones técnicas, por lo cual “nos tomamos tiempos para alcanzar consensos”.
Por otro lado, reconoció “dudas razonables” en los planteos de la oposición, aunque argumentó que los fondos que ingresan por los convenios urbanísticos están afectados por ordenanza, un 50 por ciento a viviendas y la otra mitad a infraestructura en barrios.
De todos modos, ofreció invitar a los funcionarios del Ejecutivo a una reunión para que detallen cómo ingresaron los fondos y si se generó la cuenta especial. “Los mecanismos están y lo podemos hacer”, señaló la legisladora radical. Y más adelante, asumió el compromiso de “canalizar las dudas que tengan en cuanto a la transparencia de los fondos”.
Por último, lamentó que su par Pablo Bossio, cuando gestionaba por la obra de agua para La Elena, nunca habló de la especulación inmobiliaria. “Me resulta suspicaz que ahora que llegaron los fondos para la obra que la gente esperó tanto, el concejal hable de especulación inmobiliaria”, lanzó desde su banca.
Actualizar
el PDT
En paralelo a las posturas sobre los convenios urbanísticos, varios concejales de la oposición coincidieron en la necesidad de avanzar con una actualización del Plan de Desarrollo Territorial, una tarea compleja teniendo en cuenta que fija los lineamientos para el crecimiento a futuro de la ciudad.
La propuesta surgió en varias intervenciones como posible solución a la cantidad de expedientes que debe tratar el Legislativo. En este aspecto, Gustavo Ballent sostuvo que “cuando hay tantas excepciones, la norma presenta problemas” y llamó a avanzar con un “análisis profundo” del PDT que fue sancionado en 2005.
Sin embargo, el presidente del cuerpo Juan Pablo Frolik advirtió que si bien es necesario actualizar el PDT, no significa que no va a haber más excepciones ni convenios urbanísticos e invitó a los concejales a presentar proyectos para modificar la ordenanza.
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