El desborde desmedido

La Presidenta de la Nación denunció días pasados presuntos intentos de desestabilización a su Gobierno ?nacional y popular?. Fue por ellos que el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, convocó a sus gremios aliados a marchar a Plaza de Mayo el 20 de noviembre, ?en defensa del orden constitucional?, ante las crecientes protestas, cortes de calles y desórdenes en la Capital y el Gran Buenos Aires.
Raramente, el mismo Moyano que planeó movilizar su tropa para defender ?el orden constitucional? es quien hace menos de una semana bloqueó la distribución de diarios y revistas con la excusa de que los trabajadores afectados a esa actividad sean encuadrados en su propio sindicato. Tamaña actitud, en medio de la campaña de acecho que el Gobierno lanzó hace meses contra la prensa, acredita que no es el orden constitucional lo que más preocupa al jefe de la CGT.
En este caso, por el que intentó copar la Plaza de Mayo, el líder sindical también escondía una carta más política que gremial que intentaría revelar el día mismo de la movilización, sino fuera porque la Presidenta de la República le solicitó públicamente posponer la convocatoria en pro ?de la paz social?. Como si el Gobierno fuese ajeno a las causas de los desmadres crecientes que miles de argentinos padecen a diario, Cristina decidió suspender el acto para evitar provocaciones. 
?Por prudencia?, dejó así pedaleando a Moyano cuando frente a las cámaras de televisión le pidió al camionero que cancele la movilización. Y eligió esa misma oportunidad para arremeter de nuevo contra Clarín, diciendo que había experimentado el ?cinismo de la mentira? cuando ese matutino relacionó la movilización gremial a la discusión sobre el modelo sindical argentino.
En ese mismo sentido, sin embargo, fueron categóricas las declaraciones radiales del metalúrgico Juan Belén, número dos de Moyano en la central obrera. El dirigente de la UOM sí afirmó en la mañana del jueves que el acto sería ?para defender el modelo sindical?, además de referirse a la CTA como ?esa zurda loca que manejan desde afuera?. No restan dudas que la movilización que preparaba Moyano no era más que un gesto de la CGT para ?advertir? al Gobierno sobre el modelo sindical. De ahí la preocupación oficial por suspenderla.
Durante las últimas semanas, desde el conflicto en Terrabusi en adelante, las rutas y avenidas de toda el área metropolitana se volvieron tierra de nadie. Hace diez días, grupos piqueteros cortaron la avenida 9 de Julio repudiando el clientelismo oficial que los intendentes del conurbano ejecutan con los recursos que les gira la Nación.
A las pocas horas, el tránsito en la misma avenida se volvió a interrumpir: esta vez lo hicieron piqueteros oficialistas en ?apoyo a las políticas sociales que implementa el Gobierno?. Sin embargo, fastidiar a cientos de miles de argentinos cortando la arteria más importante de la Capital, no era el modo más inteligente para recavar adhesiones al Gobierno. Las acciones de estos grupos que responden al oficialismo tuvieron por objetivo ?disuadir?, por no decir ?amenazar?, a quienes con sus reclamos ocuparon el espacio público. Todo ello pese el rechazo de las clases medias perjudicadas con este tipo de maniobras.
Como causa última, la raíz que puede dar razón del actual estado de cosas es la pobreza creciente. Lo reconozca el oficialismo o no, la pobreza es la plataforma que lanza a miles de argentinos a la calle para protestar, imponiéndose, en contra de la actual situación.
Con las denuncias sobre ?un plan de desestabilización?, el Gobierno implícitamente reconoce las posibilidades ciertas de un desborde social. Lo que el matrimonio gobernante llama ?desestabilizar?, es posible si se dilatan la vulnerabilidad, la pobreza y la miseria.
A las víctimas de la pobreza, el Estado suma su ausencia en garantizar la satisfacción de las necesidades esenciales y la desatención de los reclamos legítimos. Y la retirada del propio Gobierno genera aún mayores grados de violencia, al surgir resentimientos cruzados dentro de una sociedad que es rehén de aquella ineficiencia oficial.
Sin solucionar la crisis social, mientras los argentinos comienzan cruzadamente a culparse entre sí, Kirchner se exculpa con que conservar el orden es sinónimo de represión. De ese modo, el Gobierno ?no se involucra pública ni directamente?.
Según Max Weber, es el Estado quien ?detenta el monopolio de la fuerza física legítima, ejercitándola sobre un territorio delimitado y una población determinada?. Ahora bien, la ausencia del Estado en conciliar y convenir socialmente, permite la aparición de grupos que para imponerse recurren al uso de la fuerza física, estableciendo su propio orden en beneficio de sus intereses particulares.
Puede ocurrir, muchas veces, que esos intereses particulares compitan entre sí, abriendo puertas al conflicto. Cuando el Gobierno, en vez de defender el interés general, adopta una postura en línea con alguno de esos grupos, suscita la digresión social.   Por estos días, la presencia en las calles es el botín que se disputan un arco de sindicalistas cegetistas, aliados a grupos piqueteros oficialistas por un lado, con otro arco conformado por piqueteros opositores y grupos de trabajadores disidentes de las actuales conducciones sindicales.
El actual ?modelo sindical? permite la existencia de una sola entidad de agremiación por rama de actividad. El primero de los grupos, filokirchnerista, defiende y se ampara en la actual ley, mientras que el grupo opositor se rebela al mismo tiempo tanto contra las patronales como contra sus propios sindicatos. Ejemplo de ello son el conflicto de Kraft-Terrabusi y el del subterráneo.
A caballo de estas internas del sindicalismo argentino, el Gobierno pretende recuperar el espacio público y evitar manifestaciones generalizadas como las que se llevaron puesto al Gobierno de la Alianza allá por 2001. Al mismo tiempo, son pocos los intentos por saldar la pobreza en el país. *

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