El extitular de la delegación de Trabajo salió a responder las críticas para que “no queden dudas”

Las declaraciones del nuevo titular de la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Blas Pugliese, sumaron sospechas sobre la gestión de su antecesor, César Sosa, quien estuvo al frente de la oficina durante 20 años.

En una primera denuncia pública a nivel local sobre la famosa “pesada herencia” que dejó el anterior gobierno, el flamante funcionario puso el foco en el modo en que encontró la dependencia de Pinto al 500 al asumir hace dos meses. “El Ministerio que hemos encontrado está en un estado calamitoso. Todas las semanas nos encontramos con situaciones desagradables nuevas”, precisó.

Así, avanzó en el estado edilicio, del equipamiento tecnológico “obsoleto” con que cumplen tareas y advirtió sobre un presunto desfalco con “órdenes de compra que no se traslucen en la constatación de los materiales que debería haber en el Ministerio para trabajar”.

Ayer, el extitular de la delegación bonaerense de la cartera laboral, César Sosa, mostró sorpresa ante las declaraciones del nuevo funcionario y justificó su presencia ante las cámaras de Eco TV bajo una “imperiosa necesidad” de salvar su “buen nombre y honor” pero también para “aclararle a todos los usuarios y contribuyentes del ministerio durante los 20 años de gestión”, ya que con ese tipo de imputaciones pueden “ilegítimamente” pensar en “algunos desórdenes administrativos e incluso en algún tipo de delito”.

“No quiero que queden dudas ni que queden máculas sobre lo que ha pasado. Nunca en 20 años recibí una denuncia por corrupción”, ratificó con convencimiento, y en respuesta a una posible denuncia por defraudación contra la administración pública dijo que “no tengo ese dato porque, si ha ocurrido, ha ocurrido en el ámbito de la sede del Ministerio en la ciudad de La Plata”.

“Relato histórico”

Luego de revivir algunos párrafos de la nota que salió publicada en estas páginas el lunes 8 de este mes, Sosa comenzó su descargo, el cual inició con un “relato histórico” mediante el cual pretendió mostrar el modo en que evolucionó el organismo a través de los años.

Primero recordó que en 1996 ingresó en la por entonces llamada Subsecretaría de Trabajo, que aún carecía del rango de ministerio, dependía del Ministerio de Justicia y Gobierno y “no tenía presupuesto propio”.

Su aclaración sirvió para indicar que en esos años encontró un organismo administrativo con una situación de “precariedad absoluta”, y describió que “tenía siete empleados, hoy tiene 30, cuatro máquinas de escribir dos de las cuales no andaban, y escribíamos en el dorso de los papeles porque el anverso estaba escrito”.

Recordó que con los años “y a través de la gestión del exministro Aníbal Fernández y después de nuestro convecino Roberto Mouillerón, se logró arancelar la actividad de la subsecretaría, elevarla al rango de ministerio y obtener una serie de cuestiones vinculadas con el equipamiento”. En consecuencia se adquirieron inmuebles, se amoblaron y entregaron vehículos cero kilómetros a todas las delegaciones, que totalizaban 46.

En ese sentido Sosa admitió que “desde 2000 a 2005 teníamos el ministerio con equipamiento nuevo y con mucho más personal” y puntualizó que “hacia el inicio del milenio pasamos de tener un inspector a diez, que son los que tenemos en la actualidad”.

Función administrativa acotada

En otro pasaje de la entrevista se refirió a la última etapa de su gestión para reconocer algunos de los cuestionamientos presentados por la nueva conducción.

En concreto expuso que por razones “presupuestarias u otras que particularmente ignoro, se restringió la provisión de material” y admitió que “hay obsolescencia en los equipamientos de computación”, y que “perdimos el único vehículo que teníamos para la delegación porque se rompió y no se reparó nunca más”.

De todos modos aclaró, con especial énfasis, que “nunca desde la delegación de Tandil se hizo un concurso de precios, una licitación o una compra”, en referencia al desfalco señalado por Pugliese.

En materia de recursos puntualizó que “durante la última etapa de estos 20 años de gestión manejé dos mil pesos de caja chica cada dos o tres meses”, que eran destinados para la compra de los “insumos básicos más urgentes que el Ministerio de Trabajo nos dejó de proveer”, entre ellos resmas, lapiceras, broches para los expedientes, sellos para el personal.

En esa línea ratificó que desde la delegación “no se pagaba la luz, el gas, el teléfono, ni los alquileres, y no se llamaba a licitación para la compra de ningún bien”.

Respaldado en lo expuesto Sosa remarcó que su función administrativa se encontraba “muy acotada”.

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