El Frente para la Victoria busca regular el acceso a la información pública y reclama transparencia

“Tenemos que crear una normativa que regule todo lo que es el acceso a la información pública. A nosotros nos interesa como concejales, porque hay un montón de información que necesitamos y que nos interesa a la hora de hacer normativa y de fijar políticas públicas”, adelantó Fernando Rossi, vicepresidente  segundo del Deliberativo.

Sumado a esto “también nos parece que los vecinos tienen que acceder a esa información de cualquiera de las áreas municipales para decisiones que tengan que tomar y para control del trabajo de los funcionarios públicos. Esto aporta a la transparencia y tiene que ver con la rendición de cuentas”, agregó.

La propuesta es instrumentar un cargo o un área que concentre los pedidos, articule con el resto del Municipio y responda a las demandas de información que se requieran. Esto se complementaría con sistemas informáticos y espacios de difusión.

“Probablemente sea un área del Municipio que ya existe y que tenga que coordinar todo esto. Vamos a trabajar en un proyecto de ordenanza. Antes de octubre estuvimos trabajando en esto, algo avanzamos y, en realidad, todavía no se presentó formalmente porque lo estamos puliendo y sumándole cosas”, explicó y estimó que la propuesta podría estar lista para el inicio del período de sesiones ordinarias.

Confió que hay consenso con el resto de los bloques para avanzar con esta norma, que “resalta la actividad nuestra, porque si lo nuestro se reduce solamente a convalidar cosas que ya están hechas, a levantar la mano y después no ver los resultados, en realidad, tiende a la mediocridad nuestra labor en el Concejo. Queremos todo lo contrario, hacer aportes a la labor del Municipio, para tener mejor normativa; es para sumar, pensando en positivo”.

 

El origen

 

La inquietud surgió hace tiempo debido a las dificultades que encuentran los legisladores de la oposición para acceder a datos que necesitan para delinear proyectos y la falta de respuestas a los reiterados pedidos de informes que elevan al Departamento Ejecutivo.

Además, observaron que no disponen de los datos finales de los trabajos resultantes de convenios firmados entre el Municipio y entidades como la Unicén, contratados para estudiar distintas problemáticas de la ciudad, a pesar de que esas investigaciones se pagan con recursos municipales.

Abierto a las propuestas del resto de los bloques, Rossi precisó que “lo que no queremos es estar permanentemente en que pido informes y no me responden, en quejarme porque no recibo información, y además nos parece que el acceso a la información pública es un derecho que nos sirve a todos, que da transparencia y es una herramienta sumamente valiosa para fijar políticas públicas”.

 

Pedidos de informes

 

En este sentido, el edil Fernando Rossi recordó que los pedidos de informes están regulados por la Ordenanza 5.181 (fue impulsada por el radical Carlos Fernández cuando era oposición), que le da un plazo al Ejecutivo para poder dar respuesta, pero “en la mayoría de los casos tenemos respuestas parciales o no las tenemos”.

Y resaltó que esta situación se da a pesar de que “muchos pedidos de informes no necesariamente tienen que ver con denuncias sino con información que nosotros necesitamos para trabajar en normativa. Entonces, un punto es éste, que venimos hace tiempo discutiéndolo y que lo vamos a seguir planteando”.

 

Los convenios

 

Otro de los puntos importantes son los convenios y contratos que tienen al Municipio como una de sus partes. En esta categoría entran diversas investigaciones que se encargan para luego definir políticas locales, pero además las concesiones.

“La Ley Orgánica de las Municipalidades establece que todo convenio o contrato que suscribe el Municipio tiene que venir al Concejo para convalidarse. Desde hace tiempo esta convalidación pasa a ser casi una cuestión administrativa”, describió el concejal.

Y precisó que “nosotros queremos ir un poquito más allá y nos interesa que todo lo que convalidemos, primero, que venga en el tiempo que corresponde o sea al momento que se firma, y además analizar cuál es el resultado del convenio”.

Como ejemplo, indicó que en la última sesión trataron un acuerdo con la Universidad que va por la tercera renovación. “En realidad, no estamos cuestionando el trabajo en sí”, aclaró y describió que consiste en relevamientos estadísticos, con una encuesta origen-destino para evaluar cómo se mueven los vecinos, dónde realizan sus trámites, lugares de trabajo y estudio, dónde hacen sus compras, etc.

“Es información sumamente valiosa para planificar servicios, para planificar políticas públicas. Lo que planteamos es que nos interesa acceder a los resultados”, explicó.

Por este motivo, solicitó que el Concejo no sólo se circunscriba a convalidar los convenios sino que pueda tener acceso a los datos, porque “además implican recursos que el Municipio pone para contratar profesionales, muchos de la Universidad, nos parece bárbaro y no lo estamos cuestionando, pero queremos acceder a esa información”.

 

Inversión municipal

Los concejales reciben la letra de los convenios que se firman, con el expediente y los antecedentes. Los convenios son de distinto tenor. A modo de ejemplo, en este momento están analizando el acuerdo entre Usicom, Cami Emergencias y el Municipio, que ya se firmó y subió al Legislativo para su convalidación.

Entre los casos que han pasado por el Deliberativo entre 2012 y 2013 se cuentan un acuerdo con la Universidad para generar una base de datos catastrales de Tandil; otro de factibilidad para la instalación de un aeropuerto, a cargo de la Facultad de Ciencias Económicas; otro para la implementación de un nodo de logística; un relevamiento industrial del partido de Tandil; y puesta en marcha del gobierno electrónico y modernización del Estado.

Los plazos y los costos de estos contratos del Municipio con otros entes son diferentes. Por ejemplo, el estudio del nodo logístico costó 121 mil pesos; otros 99 mil pesos se dirigieron al proyecto de gobierno electrónico; y los relevamientos estadísticos exigieron desembolsos por 84 mil y 120 mil pesos, en dos tramos.

Rossi sostuvo que “no estamos poniendo en el ojo los números”, pero reiteró que al convalidar el segundo acuerdo con la Unicén para las estadísticas y encuestas advirtieron que “nos interesa tener un informe de qué es lo que hicieron con el anterior. No sólo para ver el trabajo de la Universidad, sino porque queremos tener esa información”.

El concejal manifestó que la futura ordenanza contemplará resguardar los datos “sensibles” o aquellos que en manos de privados puedan perjudicar a la comunidad toda. “Esto es entendible. Probablemente, en un sistema de información tiene que haber distintos niveles, distintos usuarios. Nos parece que como concejales tenemos que acceder a mayores detalles”, estimó.

Los fondos afectados

El otro punto a transparentar es el destino de los fondos afectados a través de ordenanzas, como la 2.505 para alumbrado que se recauda con la factura de energía; el Fondo de Ayuda Solidaria (FAS) o el Fondo de Obras Sanitarias, pero también los que llegan por leyes provinciales y nacionales como el Fondo Sojero o el Fondo Educativo.

“Queremos tener un seguimiento de los fondos afectados”, reclamó y si bien indicó que se realiza una rendición al final de cada período, la intención es monitorear la evolución de los recursos. 

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