El Gobierno rechazó las críticas y aseguró que a Franco Macri “no se le perdonó un mango”

El Gobierno rechazó ayer las críticas al acuerdo arribado con la empresa Correo Argentino S.A. para cobrar una deuda millonaria que data del 2001 y aseguró que al empresario Franco Macri “no se le perdonó un mango, ni siquiera los intereses” de ese pasivo.
En medio de la polémica por el caso, diputados nacionales del Frente para la Victoria y dirigentes de Nuevo Encuentro realizaron denuncias ante la Justicia contra el presidente Mauricio Macri y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por la presunta comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
El encargado de explicar la postura oficial fue el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Carlos Mocoroa, quien remarcó que al padre del mandatario “no se le perdonó un mango, ni siquiera los intereses” de la deuda originada cuando Correo Argentino S.A. entró en concurso preventivo.
El funcionario nacional defendió la aceptación por parte del Estado de la propuesta que, según la fiscal Gabriela Boquín, representaría una quita del 98,82 por ciento del total del pasivo que mantiene la firma que está dentro del conglomerado de empresas que integra Socma Americana S.A., la sociedad anónima de la familia del jefe de Estado.
“No se hizo ninguna quita, porque para que existiera quita tendríamos que haber cobrado menos del capital y la empresa va a pagar el 100 por ciento del capital”, remarcó Mocoroa.
En referencia al dictamen de Boquín, que afirmó que el acuerdo “equivale a una condonación” de la deuda “y debe considerarse abusiva”, Mocoroa precisó que el pasivo de Correo Argentino en 2001 “era de 296 millones de pesos” y que, a pesar de que en ese momento regía la Ley de Convertibilidad, “no se puede hacer un parangón en dólares”.
“Los números irrisorios a los que están haciendo referencia los medios están vinculados a un error jurídico o a la mala intención”, sentenció el funcionario nacional.
“Hay que tener en cuenta que la Ley de Concursos y Quiebras lo que prevé es que la acreencia no genera intereses”, explicó Mocoroa en declaraciones radiales respecto a la propuesta hecha por la empresa deudora en junio pasado, al tiempo que recordó que “muchas veces para arribar a acuerdos, se establecen planes de pagos y esos planes sí llevan intereses”.
Consultado sobre si consideraba controversial que el Estado hubiera rechazado durante 15 años las propuestas del Correo Argentino y a siete meses del cambio de Gobierno se resolviera la situación, el integrante de la cartera que conduce Aguad manifestó: “Lo que debería llamar la atención es por qué durante 15 años el Estado no arregló este asunto, por qué el Estado nacional hizo caso omiso a todas las propuestas de la empresa e hizo caso omiso a percibir crédito de la empresa”.
En ese sentido, insistió en sus cuestionamientos a Boquín y remarcó que “llama la atención que se haya demorado tanto para hacer este dictamen cuando salió en junio” el acuerdo.
Por su parte, el diputado nacional del PRO Luciano Laspina respaldó a Macri y afirmó que “no hay en ningún lugar del Gobierno vocación de estar buscando favoritismo, está concentrado en gobernar y hacer las cosas bien”.
“Estoy seguro, confío plenamente en el Presidente de la Nación, que no haría nada incorrecto en este sentido”, añadió el jefe de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja.
Tras el dictamen de Boquín, un grupo de diputados nacionales del kirchnerismo encabezados por el presidente del bloque, Héctor Recalde, presentaron una denuncia penal contra Macri, Aguad y Mocoroa por presunta “defraudación contra la Administración Pública”.
En tanto, los referentes de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti también hicieron una presentación en la que agregaron una acusación por supuestas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”.
Las denuncias recayeron en los jueces federales Rodolfo Canicoba Corral y Ariel Lijo, respectivamente.
Los dirigentes kirchneristas incluyeron en la presentación el texto de la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en el que se publicó el análisis efectuado con la colaboración de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que tomó como base la fecha en que se inició el concurso, el 19 de septiembre de 2001, cuando se empezaría a pagar, y la fecha en que se terminaría de abonar la deuda.
La Procuración de la Nación realizó un cálculo estadístico y matemático que arrojó como resultado que al año 2033 esa deuda de 296 millones de pesos, actualizada con índices y con la tasa del Banco Nación, treparía a 71.000 millones de pesos, con lo cual la oferta que hizo el Correo Argentino al Estado implica una quita del 98,82 por ciento.

Inician investigación

El fiscal la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, inició ayer una investigación preliminar sobre el acuerdo entre el gobierno nacional y la empresa Correo Argentino S.A., a fin de determinar si existe delito.
“La investigación puede desembocar en distintas alternativas. Puede ser que no exista irregularidad, que exista un delito penal y la otra alternativa es que puede constituir una irregularidad administrativa, causal de alguna sanción”, explicó el fiscal.
En declaraciones a radio Nacional, afirmó que “esto es algo previo a un expediente en un juzgado”.
Rodríguez señaló que su par de Cámara del fuero comercial Gabriela Boquin, quien pidió rechazar el acuerdo del Gobierno con Correo Argentino S.A. por considerarlo “abusivo”, le entregó “una copia del caso para determinar si se dan los requisitos para hacer alguna actuación”.
“Nosotros tenemos una competencia penal y una administrativa. Llegó éste oficio, abrimos una investigación preliminar y estamos analizando el curso de acción a seguir”, subrayó el fiscal.
A la vez, consideró que “puede haber habido algún tipo de tráfico de influencias, no se descarta, es uno de los temas a considerar”.
“Estamos analizando todo lo que surge del dictamen, si hubo fraude a la administración pública o si quién actuó en representación del Estado nacional tenía la competencia de hacerlo”, resaltó Rodríguez.

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