El lunghismo reafirmó el plan de seguridad y su financiamiento

Tras horas de total hermetismo y febriles debates a puertas cerradas frente al revés judicial por la inconstitucionalidad de la Tasa de Protección Ciudadana, el Ejecutivo dio finalmente a conocer ayer su postura. Sin definiciones aún sobre posibles medidas judiciales, reafirmó el compromiso político asumido desde el momento en que puso en marcha el plan de seguridad y garantizó la continuidad del polémico tributo. Anunció además que se avanzará en reuniones con la Provincia y evalúa respuestas ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Mientras distintos sectores de la oposición trabajan en conjunto en un proyecto que busca la derogación del tributo -en apoyo a la presentación formal realizada por el abogado y referente del Frente Renovador en la ciudad, Santiago Romay-, el jefe de Gabinete de Secretarios Mario Civalleri y el secretario de Protección Ciudadana Atilio Della Maggiora defendieron la flamante tasa y aseguraron que “no está hecha para financiar a la Policía Bonaerense, sino para el desarrollo de un programa de prevención y protección ciudadana específico para Tandil”.
En primer término, el jefe de Gabinete ratificó que el proyecto de seguridad que el Municipio elaboró el año pasado y fue presentado ante el Concejo Deliberante y las fuerzas vivas de la ciudad, “está en marcha y está dando los primeros pasos”.
Si bien prefirió “no hablar de índices”, dijo que están conformes desde el Ejecutivo con las acciones que se están llevando adelante en ese sentido.
Destacó también que “ese proyecto tiene que ser financiado a partir de los aportes de los contribuyentes de Tandil, como ocurre en varios distritos de la provincia de Buenos Aires”.
En segundo lugar, anticipó Civalleri, que esperarán “el traslado de la cautelar para tomar conocimiento de la misma”, mientras analizan las acciones que se realizarán en el plano judicial. Por último, anunció que ya se han contactado con autoridades del Gobierno provincial para solicitar una reunión, que se concretaría en estos días, para hacer averiguaciones, ante la preocupación surgida por fallos similares que se han registrado en otros municipios del territorio bonaerense, en los que también se implementaron tasas de similares características.

El apoyo de
la ciudadanía

Y subrayó que, tras haber dado en su momento respuesta a la ciudadanía y haberse comprometido a dar soluciones en materia de seguridad, “no se le puede mentir a la gente, y negarle los recursos o desfinanciarlos”.
En consecuencia, el jefe de Gabinete aseguró que están tratando de manejar el tema con mucha seriedad y pidió el acompañamiento de la población que, según destacó, respondió “muy satisfactoriamente” al tributo. Por el momento advirtió que “no se suspende el cobro”, ya que es “sólo una medida cautelar individual”.
A priori, aseguró que la intención del Ejecutivo es darle continuidad, a pesar de la postura manifiesta de la oposición que pugnará por la derogación de la ordenanza que habilitó el cuestionado tributo.

Las posibles vías
de descargo

Por su parte, el secretario de Protección Ciudadana Atilio Della Maggiora aclaró en principio que la resolución judicial, que trascendió en los medios y de la que aún el Municipio no ha sido notificado, es “una medida cautelar” que favorece solamente al peticionante, el doctor Santiago Romay.
Por lo tanto, adelantó que por el momento lo respetarán, mientras evalúan junto a la Secretaría de Legal y Técnica “qué pasos se pueden dar en la causa judicial ante la Suprema Corte para ver cómo esto puede ir siguiendo adelante”.

El desfinanciamiento
del plan de Seguridad

Por otro lado, el secretario llamó a “ser consciente” de que no se puede reclamar un servicio si al mismo tiempo no se lo puede dotar de presupuesto. Por lo tanto, planteó que “hoy pensar en una decisión distinta es desfinanciar al Sistema de Protección Ciudadana y la derogación de la tasa, como postula el FPV, es desfinanciarlo”.
Un programa que recordó que “incluye a la red de cámaras, sistemas informáticos, tecnología de prevención y control, capacitaciones de recursos humanos, controles y planes en materia de seguridad vial y hasta programas sociales, como el fondo de acceso a la Justicia para víctimas de violencia de género”.

Un programa
“permanente”

Por último, Civalleri recalcó que “los 30 millones de pesos que enviará la Provincia son sólo por este año, y la tasa permite financiar un programa permanente pensado a mediano y largo plazo, que es sustentable y va mucho más allá de una inversión puntual. Son recursos que tendrá esta administración y las que vengan después”.
Por lo cual, planteó que “es capcioso y mal intencionado plantear que estos fondos, que son por única vez, pueden permitir un desarrollo de las características que estamos planteando”. u

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