El oficialismo canjea revisión de retenciones y subas en los servicios a cambio de superpoderes

Se pone en juego la prorroga de un paquete de más de 1.900 leyes entre las que figura el Código Aduanero que cede al Ejecutivo la facultad de fijar retenciones, cuestión fundamental para el extenso conflicto entre la Casa Rosada y el agro. La derogación de las subas en las tarifas de gas y luz le costaría al Estado unos 1.100 millones de pesos anuales, pero el Gobierno estaría dispuesto a afrontarlo siempre y cuando el Congreso no termine con los superpoderes que vencen el 24 de este mes.
Lo cierto es que, tras la partida de cuatro diputados del bloque, el kirchnerismo quedó muy ajustado con 110 integrantes, cuando necesita 129 para imponerse con cualquier iniciativa. En el seno del kirchnerimo intentan tejer “alianzas circunstanciales” con las fuerzas minoritarias del Congreso que le permitan negociar con la UCR, el Pro, la Coalición Cívica y el Peronismo disidente una “enroque” de retenciones por delegación de facultades.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, reconoció que los legisladores kirchneristas “regularán” sus “propias fuerzas” y “trabajarán con circunstanciales aliados”.
El oficialismo sabe que necesita resto político para llegar con fuerza a 2011 y por ello discute la estrategia, después del debilitamiento que le produjo el conflicto con el agro y la derrota en las urnas del pasado 28 de junio. Cristina Kirchner envió un proyecto a Diputados para modificar la Ley de Administración Financiera, que le permite al jefe de Gabinete reasignar partidas, una jugada con la que intentó ganar tiempo y espacio político, pero la oposición ahora va por más. Por eso, la Presidenta se reunió este lunes con el jefe del bloque kirchnerista en Diputados, Agustín Rossi, a quien le precisó que pretende tener sus facultades extraordinarias por doce meses más.
Tras ello, Rossi defendió los superpoderes al afirmar que “se trata de una decisión que se tomó, una facultad que se le permitió tener a todos los anteriores presidentes”. Pero el objetivo de la jefa de Estado para esta batalla se contrapone al de la oposición, cuyos referentes sólo aceptarían renovar los superpoderes sólo por cuatro meses más.
Por ello, los jefes de los bloques oficialistas y opositores ya negocian para buscar un punto intermedio, que sería de ocho meses, hasta que el Congreso entre en funciones con su nueva conformación en marzo de 2010. En ese período, el bloque liderado por Rossi propondría crear una comisión para analizar cuáles facultades el Congreso sigue pensando que deben estar en manos del Ejecutivo y cuáles no.
En ese sentido, Rossi planteó una posible concesión: mantener las facultades para bajar las retenciones a cambio de tener que mandar obligatoriamente un proyecto de ley al Congreso cuando el Ejecutivo pretenda incrementarlos. Las retenciones a las exportaciones de granos están hoy en manos de la Presidenta, debido a que en 2006 el Congreso -con mayoría oficialista- le delegó facultades para que fije el nivel de esos gravámenes. Las patronales agropecuarias y la oposición sostienen que la Constitución Nacional no permite que el Gobierno dicte decretos de necesidad y urgencia en cuestiones tributarias, ni tampoco lo faculta a emitir decretos delegados en ese campo.
Por eso, el sector agropecuario vuelve con todo al Parlamento para lograr lo que no pudo en el primer semestre: que diputados y senadores aprueben una ley que ponga en manos legislativas la decisión de bajar los porcentajes de retenciones. El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Néstor Roulet, advirtió que “no hay resultados concretos” en las negociaciones con la Casa Rosada, y que en el Congreso deben ponerse de acuerdo para llegar a “retenciones cero”.
“No tendrían que existir impuestos distorsivos, hay que reformar el sistema tributario”, afirmó el dirigente, quién también pidió “quitar los superpoderes” a la jefa de Estado. Con tono más conciliador que en la etapa más dura del conflicto con el campo, Rossi respondió que el oficialismo está “dispuesto a analizar” todos los temas. La delegación de facultades y, dentro de ese debate, las atribuciones para fijar el valor de las retenciones al agro son dos de los puntos más importantes tanto por el costo fiscal como político que tendría un cambio brusco para el Gobierno.
“Los derechos de exportación agrícola merecen un tratamiento diferencial por la implicancia política que tienen y estamos dispuestos a analizarlo”, dijo Rossi. En tanto, funcionarios de Planificación visitarán este martes el Congreso para explicar a diputados kirchneristas las causas del aumento en las facturas de gas, que ya cuenta con siete sentencias judiciales en contra en todo el país. Horas más tarde, a las 16:00, habrá un plenario de las comisiones de Agricultura, Comercio y Presupuesto, donde las partes buscarán llegar a un acuerdo por retenciones y otros beneficios para el agro.

Nota proporcionada por :

Deja tu comentario