El sobrino de Lunghi, investigado por irregularidades en el Tribunal de Cuentas

Titular del Tribunal de Cuentas, Eduardo Grinberg

Las esquirlas por la denuncia de Elisa Carrió contra la administración sciolista sigue impactando en sectores políticos varios, más allá del justicialismo. Nuevamente el apellido Lunghi está impreso en el expediente judicial que investiga lo presentado por la diputada que, ayudado por la interna radical que reina en La Plata, se transforma en un combo explosivo, al menos para los mentideros de la ciudad de las diagonales y los medios afines.

Es que en medio de estos dos escenarios -judicial y político- el jefe comunal Miguel Lunghi vuelve a ser nombrado (ya lo había hecho la propia Carrió en su presentación respecto a la denuncia contra Scioli, Scarcella y compañía por las “famosas” estancias), ahora por el lazo familiar con uno de los que resulta investigado por el fiscal Garganta.

A más precisiones, se trata de Carlos Lunghi, sobrino del intendente Miguel Lunghi, y quien se encuentra penalmente denunciado por Carrió por estar presuntamente implicado en episodios de corrupción durante el último gobierno provincial.

Cuentan los medios platenses que de acuerdo a la denuncia de Carrió, que es investigada por el fiscal de La Plata, Alvaro Garganta, los asesores del Tribunal de Cuentas Gonzalo Permui y Carlos Lunghi fueron acusados de “encubrir gastos” que eran autorizados por el ex jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, y que supondrían irregularidades por aproximadamente 17 millones de pesos, erogados entre 2014 y 2015.

La causa se conoció luego de que apareciera una caja fuerte oculta en un dragón que se encontraba en el patio de la casa de Walter Carbone, exdirector general de Administración de la jefatura de Gabinete, donde presuntamente se escondía el dinero que era utilizado para los gastos de campaña del Frente para la Victoria.

A pesar de este dudoso prontuario, el excandidato a intendente de La Plata, Sergio Panella, quien se postula como presidente de la UCR local, lleva a Carlos Lunghi en su lista de convencionales provinciales, la cual es liderada por Marcelo Viñes.

Otro dato llamativo de la lista de Panella es que hay varios familiares dentro de las nóminas de candidatos, lo cual denota la falta de respaldos políticos con que cuenta el ex legislador.

Así es como aparecen cinco familiares directos del jefe comunal: José, Silvia y Carlos “El Cuervo” Lunghi. A quienes se suma Ana Pagola, quien es una estanciera del municipio de Necochea y esposa de este último.

La interna

Los conflictos internos y las polémicas en el Tribunal de Cuentas bonaerense no ceden. Ahora se conoció el reclamo de un alto funcionario del propio ente para que el presidente informe las sanciones que se aplicaron producto del examen de las cuentas de los diversos organismos y la metodología que se utiliza para el cobro de las multas y cargos por esas irregularidades. Su intento fue en vano: le negaron la información.

La presentación es por demás inusual y genera no pocas sospechas. Se enmarca, además, en la pelea interna que se libra en el Tribunal, virtualmente divido en dos facciones. El nuevo capítulo de la polémica fue protagonizado por el relator Carlos Lunghi, de acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso este diario. Encargado de examinar los gastos que ejecuta el Tribunal y su presidente, Eduardo Grinberg, requirió un detallado informe acerca de las sanciones monetarias que aplica el organismo y el grado de avance en la ejecución de las causas que lleva adelante la Fiscalía de Estado.

En medio de varios cruces epistolares, Lunghi no pudo hacerse de esa documentación: Grinberg reunió a sus vocales aliados y rechazó el reclamo por considerar que no se correspondía con el estudio de las cuentas del Tribunal que está a cargo del relator.

De esta manera, el funcionario encargado de auditar las cuentas del organismo no pudo acceder a documentos que indiquen el monto de las sanciones que se aplicaron a funcionarios provinciales y municipales por diversas irregularidades en ejecuciones presupuestarias, los expedientes que se giraron a la Fiscalía de Estado para que ejecute el cobro y lo efectivamente recaudado a partir de esas actuaciones.

Se trata de un aspecto central: el relator procuró conocer de las sentencias firmes, cuántas llegaron efectivamente a la Fiscalía de Estado y el monto de lo cobrado, para poder contrastar esa documentación con los fallos emanados del propio Tribunal. Grinberg, como se dijo, reunió al plenario del cuerpo donde cuenta con mayoría, y rechazó el pedido.

La cuestión vuelve a envolver en un manto de sombras al Tribunal de Cuentas, que ha quedado en el ojo de la tormenta no solo a partir de sus furibundas disputas internas sino además porque sus fallos están bajo la lupa de la Justicia a partir de la denuncia de Elisa Carrió contra el ex gobernador Daniel Scioli por los presuntos delitos de enriquecimiento y lavado de dinero.

Carrió se refirió a los gastos de diversos organismos como Ioma, Lotería, Absa y el Astillero Río Santiago. En el caso de la obra social, el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio 2013, apenas si encontró falencias, al punto que multó a los funcionarios con la suma irrisoria de 9 mil pesos .

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