En la delegación de la Defensoría del Pueblo buscan dar una solución inmediata al vecino

El Eco

La delegación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires se consolida. Desde su inauguración, en agosto del año pasado, la oficina ubicada en Roca 192 recepcionó alrededor de 300 reclamos de distinta índole, en un promedio que la ubica en la media de ciudades similares a Tandil.
El objetivo del espacio apunta a brindar información, orientar, contener, asesorar e incluso promover eventuales acciones judiciales, previo tratamiento a nivel central. En definitiva, los vecinos se acercan con problemáticas frente al accionar del Estado o cuando ven afectado algún derecho constitucional.
Esa modalidad llevó al delegado local, Alcides Fortunato, a contactarse y recorrer organismos del Estado para alcanzar una respuesta inmediata y evitar ingresar en la trama de procedimientos burocráticos que dilaten la salida al planteo.
De todos modos se confecciona un expediente que dejará constancia de las actuaciones labradas, independientemente de la complejidad que presente cada caso.

La modalidad de trabajo

En una entrevista con El Eco de Tandil, el delegado se refirió a la actividad que mantienen, los reclamos más frecuentes y la modalidad de trabajo a la vez que precisó las funciones a las que debe abocarse.
En ese sentido precisó que la delegación es “como una ventanilla” a la que un ciudadano llega para presentar su problema en busca de un medio para alcanzar una solución.
Lo primero que se debe determinar es la competencia, que apunta a aquellos inconvenientes que abarquen al Estado o los entes en los que la Provincia derivó funciones.
En un ente de solución y contención que, en el caso de las oficinas, se busca solucionar el planteo en forma inmediata a partir de una “llegada directa” y que se evita que el trámite burocrático llegue a La Plata para su análisis a pesar que se generen expedientes.
“Así se solucionan muchísimos problemas; quedan en la instancia local porque se lo soluciona”, resaltó.
Sin embargo también se presentan casos de mayor complejidad que demandan un abordaje a nivel provincial, y que en la oficina local “se lo podemos gestionar pero no solucionar”.
Cuando la cuestión avanza “la queja se convierte en expediente” que pasa al área correspondiente del organismo provincial para alcanzar una salida al reclamo.
En definitiva, “cuando la problemática es individual la intervención apunta a tratar de resolverla de esa manera” mediante los canales establecidos, pero cuando es colectiva, como los reclamos por facturas de gas, “a nivel provincial se empieza a ejercer presión”.

Cifras

Desde la apertura de la oficina se recibieron más de 300 consultas de acuerdo a una estimación propia que se desprende de las planillas confeccionadas frente al inicio de cada trámite.
En concreto, la delegación recibió unos 40 por reclamos con facturas de gas, otros 40 vinculados a temas municipales, 34 por multas de tránsito y once por servicios de salud.
En ese sentido, también hubo unas 15 quejas relacionadas a la prestación que brinda PAMI y otras 26 a IOMA, mientras que diez fueron referidas a los servicios que brinda la Usina.
El que más planteos sumó fue un rubro que incluye derivaciones la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), cuestiones entre particulares, impositivas, pensiones, Reparación Histórica, entre otros, con 145 actas elaboradas.

Recolección de datos
y relevamientos

En otra de las líneas de acción complementaria que lleva adelante la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, la delegación local colabora con la recolección de datos y control de determinados espacios en el orden local.
Esa información se remite a la oficina central de manera mensual para conocer el trabajo en las distintas localidades y
Así, en la primera semana de cada mes realizan un relevamiento de precios de los productos de la canasta familiar designados por el organismo para tener un seguimiento sobre los aumentos.
También se realiza un control en los establecimientos educativos de la ciudad en cuanto al funcionamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE).
La demanda bajó desde la oficina central, en La Plata, que recogerá los resultados del seguimiento y, en función de los datos reunidos en toda la provincia, podría solicitar al gobierno de María Eugenia Vidal alguna acción.
Los puntos a considerar, volcados en una planilla, apuntan a obtener precisiones en cuanto a la recepción de los alimentos, la calidad de los productos, la variedad del menú, entre otros.
Otra línea de trabajo buscará precisiones en cuanto al abastecimiento de agua en las escuelas, para lo que se solicitará la certificación de Bromatología que garantiza el consumo, y encuestas para conocer el nivel de accidentología.

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