En Tandil se denuncian unos 20 casos de abuso sexual por mes y reclaman más políticas públicas

En diálogo con El Eco de Tandil la abogada María Nazábal, vinculada al área de género y derechos humanos en distintos ámbitos de la ciudad, planteó la necesidad de diseñar políticas públicas integrales que puedan acompañar y contener a las víctimas de abuso sexual infantil, al igual que a sus familias.

Nazábal consideró imprescindible, por la gravedad de ese delito, que existan políticas públicas capaces de acompañar y contener a las familias.

En este sentido, resaltó que el rol de la Justicia es fundamental pero también el del Estado municipal, provincial y nacional, en “la reparación integral en lo que tiene que ver con el respeto a los protocolos sancionados de actuación frente a estos casos, de atención social, de salud, psicológica, y jurídica que requieren y el diagnóstico que es fundamental para la elaboración de políticas públicas”.

La dificultad
de la denuncia

En ese contexto, lamentó que en la ciudad no existan estadísticas que especifiquen la cantidad de situaciones que se denuncian.

Indicó que en materia de abuso sexual infantil o intrafamiliar los organismos de Naciones Unidas que trabajan esta temática refieren que solo el 20 por ciento de los casos son denunciados.

“Son muy pocos porque cuesta muchísimo a un niño o niña poner en palabras aquellas vivencias traumáticas que sucedieron durante la infancia. Esto lo puede explicar mejor un psicólogo pero hay mecanismos de defensa que hacen que esa situación quede escondida en algún lugar recóndito, y que luego salga a la luz más tarde mediante algunas conductas”, manifestó.

Y sostuvo que “ponerlo en palabras es difícil también porque la situación se da en un marco de intimidad en el que no hay testigos, entonces es la palabra de la víctima contra la del agresor, si a esto le sumamos que generalmente ese agresor está mediado por una relación de poder muchas veces vinculado a la familia es muy difícil para ese niño hablar”.

Además, señaló que en el caso de los hechos denunciados transcurrido un tiempo desde que se denunció el hecho, generalmente tampoco hay material probatorio en términos de salud, entonces es únicamente el testimonio del niño o niña contra el del agresor, lo cual también complica la situación.

“Esta dificultad en la carga probatoria de estos delitos hace que muchas veces la justicia al no contar con las pruebas suficientes, deje en libertad al agresor entonces parece que hay un manto de impunidad porque además es un delito muy vinculado a la cuestión del silencio, generalmente el agresor amenaza, entonces hay un temor a las represalias. Todo esto hace que no sea un delito fácil de denunciar”, planteó.

Aseguró además que “en muchos de los casos en los que me ha tocado intervenir, no como abogada patrocinante, sino simplemente haciendo un acompañamiento en términos jurídicos, sucede que las madres también son víctimas de alguna violencia de género, vinculada a lo físico, a lo sexual, a lo económico, patrimonial, entonces la madre resulta ser también una víctima que por temor a la represalia tampoco avanza en el camino de la denuncia”.

Sin estadísticas

Lamentó que en Tandil no se cuente con estadísticas y consideró que una herramienta muy útil para visualizar la cantidad de casos de abuso que hay, es que “en el diario casi semanalmente hay algún caso de abuso, creo que se podría hacer como se hace en observatorios de universidades nacionales con el relevamiento de lo que se visibiliza en los diarios ya hay una estadística, en Tandil no tenemos ni siquiera eso”.

Frente a ese panorama, contó que “el año pasado imbuidas de las dudas que nos generaba este delito en reuniones que mantuvimos en la Comisaría de la Mujer nos informaron que se denunciaban más de 20 casos por mes. Esta información es informal porque esto no está acreditado por ninguna documentación ya que lamentablemente no se generan estas estadísticas”.

En este sentido, remarcó que “las 20 denuncias por mes son más de 200 casos al año, y si pensamos que es un porcentaje menor el que toma la decisión de denunciar, la verdad es que la situación como tandilenses debiera preocuparnos porque hay un montón de niños y niñas atravesando estas vulneraciones de derechos que tienen consecuencias bastante graves en el desarrollo de sus vidas”.

Políticas públicas

Enfatizó que el Ejecutivo tiene la “responsabilidad de diseñar políticas publicas claras que realicen acompañamiento a las víctimas de abuso sexual infantil, sobre todo para evitar revictimizaciones”.

En ese sentido, se refirió a un hecho que se ventiló en los últimos días en el cual una se reactivó una instrucción penal preparatoria que había sido archivada en 2013 por la causa de dos hermanas que fueron violadas por 10 años por su padre. “En su momento no se pudo condenar al culpable pero 5 años más tarde se encontraron las pruebas, lo que uno se pregunta ante estas situaciones es, con todo lo que transitaron esas niñas, quien las acompañó psicológicamente durante esos 5 años”.

“Yo creo que la responsabilidad conforme a lo que surge de todos los tratados internacionales es del Estado de acompañar a esas víctimas, sobre todo para que esos caminos sean más transitables. En estos delitos hablar de una reparación integral es bastante complejo porque el hecho está consumado y las consecuencias en el cuerpo del niño o niña. Pero hay que intentar reparar, en la medida de lo posible, lo que implica un tratamiento psicológico que habilite que cuando van a declarar estén en condiciones de hacerlo”, remarcó.

Atención integral

Asimismo, señaló que las víctimas se ven obligadas a transitar primero por la Comisaría de la Mujer, después por la Fiscalía, por la Cámara Gesell, por Asistencia a la Víctima, la Dirección de Niñez y Servicio Local. “Entonces tienen que recurrir a 6 instancias diferentes, lo que sería importante que generemos en la comunidad de Tandil es alguna experiencia donde estos espacios institucionales puedan articular los medios para unificar las actuaciones, para que la mujer pueda tener una interlocutora válida, y el niño una atención integral”, sostuvo.

Resaltó el rol de los medios en la difusión, siempre que no se vulneren los derechos de los niños ya que eso “puede incentivar a que muchas madres o niños puedan tomar el coraje de emprender un camino”.

“Es importante acudir a la Justicia pero en la medida que eso no esté acompañado por políticas públicas estatales integradas, el efecto se desdibuja”, afirmó.

Además, indicó que “el delito tiene consecuencias para el grupo familiar también y necesitaría apoyo psicológico que no se le está brindando”.

Lamentó en ese marco que al realizar una denuncia, se activa el proceso penal y si esa víctima no es fortalecida “seguramente se retracte de sus palabras entonces se arbitraron un montón de recursos para activar la denuncia pero en la medida que la víctima no esté fortalecida no va a tener sentido”.

En tanto, indicó que muchas familias creen que la Justicia es lenta o que el fiscal no está trabajando como corresponde porque no tienen a alguien que les haga un acompañamiento y les explique cómo se desarrolla todo el proceso penal.

“Aquellos que trabajan en el Poder Judicial conocen los tiempos que se manejan pero la mayoría de la gente no. Las fiscalías trabajan bien y acorde a los tiempos procesales pero si la familia no tiene un apoyo por ahí piensa que el fiscal no está trabajando y en realidad sí lo está”, sostuvo.

Las familias, “no tienen apoyo, en términos jurídicos, del Estado municipal que les diga el proceso es así, que el juicio va a llegar en uno o dos años, hay que explicarles que primero para detener hay que reunir las pruebas, en la medida que no haya una voz autorizada que se los explique es muy traumático para toda la familia y para el niño que quizás se tiene que cruzar al agresor en la calle”.

“No es que la Justicia esté actuando mal, es que no hay una política pública de acompañamiento”, lanzó.
En ese contexto, consideró que sería importante contar con la figura del acompañante que para los casos de violencia de género está prevista porque las victimas lo necesitan”.

Asimismo, evaluó que si contáramos con estadísticas, “podríamos decir por ejemplo que la mayoría de los casos son cometidos en determinada edad, entonces se puede dirigir una política pública hacia los niños de esa edad, de concientización, trabajar con las escuelas, con los docentes” y consideró que de ese modo “tal vez se podría disminuir la cantidad de víctimas que tenemos en la ciudad”.

Nazábal resaltó la labor
de la Justicia en Tandil

Por otra parte, María Nazábal resaltó que en Tandil hay un Tribunal Oral y Criminal que está “comprometido, que tiene perspectiva de género”.

“En los casos que me ha tocado acompañar a víctimas, ya sea de casos de violencia de género o de abuso sexual han tenido sentencias respetables en términos jurídicos”, manifestó.

Y añadió que “yo integro distintos espacios de militancia que tienen que ver con el género, nosotros creemos que en el abuso sexual infantil hay una cuestión vinculada a la problemática de género y también porque muchas veces es la madre la que recorre esos caminos”.

“Desde esos espacios que me toca formar parte siempre que hemos querido tener diálogo y acercamiento con la Justicia para ver de qué manera se puede mejorar el trabajo de acompañamiento a víctimas la verdad es que siempre hemos sido muy bien recibidas y siempre hemos tenido una respuesta de la Justicia de preocupación sobre que más se puede hacer para acompañar a las víctimas”, finalizó.

Nota proporcionada por :

Deja tu comentario