Esperan el dictamen oficial del Tribunal de Cuentas para aprobar la unidad ejecutora del Fondo Educativo

El proyecto que presentó el Bloque del PJ-Frente para la Victoria para crear una unidad ejecutora que dirija las obras ejecutadas con el Fondo de Financiamiento Educativo lleva más de cuatro meses en debate y se avanzó con algunas modificaciones a solicitud de los concejales del oficialismo. Ahora, está a la espera de que el presidente del Consejo Escolar Cristian Cisneros envíe el dictamen con el que el Tribunal de Cuentas autorizó a invertir parte de los recursos afectados para solventar los gastos de los profesionales que estarán a cargo de las obras de infraestructura en las escuelas. A pedido de la UCR, el documento oficial será anexado al expediente.

Desde julio, cuando tomó estado legislativo el proyecto, ya se desarrollaron varias reuniones de la Comisión de Cultura y Educación con los consejeros escolares, quienes hicieron sus aportes. Mientras los legisladores trabajaban en esta propuesta, el jefe de Gabinete Mario Civalleri anunció que estaban redactando otro proyecto de ordenanza para generar una unidad ejecutora, iniciativa que valoró la gobernadora María Eugenia Vidal durante un Foro de Intendentes de Cambiemos. “Nunca logramos que se apruebe un proyecto de la oposición, pero esta vez tenemos mucha fe porque si el propio Intendente se lo está vendiendo a la Gobernadora, más allá de las cuestiones de derecho de autor, esto sale o sale”, celebró Rogelio Iparraguirre en diálogo con este Diario.

Genera
expectativas

En cuanto a la marcha del expediente, indicó que “estamos esperando que Cristian Cisneros -que no sé por qué no la muestra porque la tiene ya hace dos semanas por lo menos- acerque la respuesta del Tribunal de Cuentas”, indicó y explicó que el organismo ya había enviado un mail para informar que autorizaba a afrontar los gastos que demande la unidad ejecutora con los fondos afectados.

Con la anuencia del organismo de contralor, los concejales del FPV pidieron avanzar con el expediente, pero el radicalismo pidió incorporar al expediente la respuesta por escrito del Tribunal de Cuentas. “A los consejeros (Martín) Keegan y (Facundo) La Banca hace dos semanas que Cisneros, en el Consejo Escolar, les mostró la hoja oficial, membretada del Tribunal de Cuentas y no la lleva al Concejo Deliberante para anexar al expediente, que sería la última traba para llevarlo a sesión y aprobar la unidad ejecutora”, resaltó Iparraguirre.

Mientras trabajan para alcanzar el consenso, el FPV solicitó que el proyecto de ordenanza se debata en el recinto antes de que termine este año. “Entendemos además que va a ser amplísimamente aprobado. Si el propio Intendente convence a la Gobernadora de las virtudes de un proyecto de estas características, imaginamos que va a contar con el acompañamiento, por lo menos, del oficialismo, del PRO y la UCR”, estimó.

El derrotero
del proyecto

Por otra parte, el concejal del FPV recordó que “el proyecto de la unidad ejecutora surge a partir de una necesidad del Departamento Ejecutivo. Nosotros criticamos de manera muy vehemente, y lo seguiremos haciendo, la subejecución de recursos afectados como el Fondo de Financiamiento Educativo, que tiene que invertirse básicamente en las enormes necesidades que existen en las escuelas públicas de la ciudad y se subejecutaron 23 millones de pesos el año pasado”.

Iparraguirre repasó que en una reunión con el jefe de Gabinete y el secretario de Obras Públicas del Municipio, los funcionarios fundamentaron las dificultades que encontraba el Departamento Ejecutivo para invertir esos recursos de manera eficiente y efectiva. En principio, porque dependía de la firma de los inspectores de la Dirección Provincial de Infraestructura y había solo dos arquitectos para revisar las obras de todo el distrito.

A partir de ese dato, el Bloque del PJ-FPV y los consejeros escolares del espacio, Martín Keegan y Facundo La Banca, trabajaron “para generar un instrumento para que el Ejecutivo sorteara esa dificultad que ellos aducían. Ahí escribimos el proyecto que tomó estado legislativo en la primer sesión del mes de julio”.

Quince días después, ya se había realizado la primera reunión de la Comisión de Educación ampliada. “Los comentarios de los consejeros escolares del oficialismo fueron halagadores respecto del proyecto. Coincidimos todos en que había que crear algún instrumento que le diese operatividad al uso de esos fondos. En el medio surgió la duda de si el Tribunal de Cuentas aceptaría o no usar recursos del Fondo de Financiamiento Educativo para contratar profesionales abocados a las obras. A pesar de que en Morón ya se había armado algo similar y lo había hecho previa consulta con el Tribunal de Cuentas que les había dicho que sí, que podían, a pedido del oficialismo se hizo la consulta al Tribunal de Cuentas”, agregó.

Mientras el proyecto se seguía trabajando en la comisión, los legisladores radicales realizaron algunas observaciones. “No tuvimos problemas en incorporarlas y llegar a un consenso”, dijo el referente del FPV y destacó que “luego aparecieron, en octubre, tanto el intendente Lunghi como la gobernadora Vidal y el jefe de Gabinete, quien anunció que iba a presentar un proyecto de ordenanza para generar una unidad ejecutora”.

Esta situación produjo cierta sorpresa entre los concejales del FPV, ya que este año desde otros bloques han replicado proyectos de ordenanzas similares a iniciativas que ellos ya habían presentado. “Se viene dando una seguidilla de situaciones en las que otros bloques presentan, ignorando completamente, proyectos literalmente iguales a algunos que hemos presentado desde el bloque, pero nunca nos había pasado que además se lo presenten a la Gobernadora. Nosotros, muy contentos, porque aquello que pretendemos desde el rol del opositor de, humildemente, ofrecer alternativas y soluciones, en este caso nos parece que se consolida esa intención que tenemos”, analizó.

Los cambios

En cuanto a las reformas que sufrió la iniciativa a pedido de los concejales de la UCR, Iparraguirre consideró que “nos parecieron observaciones pertinentes”. Uno de los cambios consistió en que el proyecto original establecía que la unidad ejecutora, además de llevar adelante el proceso de inversiones en obras de infraestructura con el Fondo Educativo, podría gestionar otras fuentes de financiamiento. “Se nos planteó que lo acotásemos solo al Fondo Educativo y nos parecieron buenos los argumentos, así que lo quitamos”, afirmó el edil.

Por otro lado, el FPV propuso que la unidad ejecutora tuviera rango de dirección y que dependiera de la Secretaría de Obras Públicas, pero desde el oficialismo aportaron que era mejor dejarlo a criterio del Ejecutivo. “Nos pareció bien, porque en definitiva llega al Departamento Ejecutivo ese dinero y no tenemos desde la oposición por qué decirle qué área de su gobierno porque ellos tienen mandato popular, sobrada legitimidad para decidir desde qué área”, evaluó.

Por último, en la iniciativa original el equipo de profesionales estaba conformado por un coordinador, un arquitecto, un maestro mayor de obras y un agrimensor y personal administrativo. En este caso, el radicalismo marcó que “para no crear un nuevo cargo, el coordinador sea el mismo presidente del Consejo Escolar. A nosotros también nos pareció bien y lo modificamos. Entendimos que era razonable el planteo”, definió Iparraguirre.

En el cierre, destacó que “ante cada uno de los planteos para destrabar lo que para el oficialismo podría ser una dificultad, nosotros allanamos el camino con la mejor voluntad porque queremos la unidad ejecutora ya que este año se van a volver a subejecutar fondos”.

Nota proporcionada por :

Deja tu comentario