Espondaburu prestó declaración por el Hipódromo y responsabilizó a la Provincia por los controles
Cabe consignar que hoy será el turno del ex funcionario Oscar Maggiori, también procesado bajo la figura del mismo delito, siendo que fue el anterior secretario de Desarrollo Local, precisamente cuando se realizó la concesión del Hipódromo.
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El martes, en tanto, será el turno de Guillermo Alasia, a quien se lo acusa de “Peculado”, una figura sensiblemente menor a una eventual condena que los otros lunghistas citados. El empresario Daniel Blanco, responsable de la empresa concesionaria, en tanto, todavía no fue ubicado para ser notificado de la citación a indagatoria.
Desligarse de las responsabilidades
En diálogo con El Eco de Tandil, Espondaburu explicó que “hay un requerimiento judicial vinculado a esa actividad y como ésta estaba en su momento en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Local, a mí me tocó, por un período determinado, tener alguna función de control vinculada a la actividad. Respondí por ese período”.
El secretario local aseguró que “lo importante es, si hay un requerimiento judicial, presentarse, atender a la requisitoria de los funcionarios, esperar a que se produzca la prosecución del trámite que, como todos saben, son generalmente trámites que llevan un mediano plazo”.
Posteriormente, recordó que está procesado por “omisión en el ejercicio de algunos controles”, pero señaló que “eso puede ser una opinión y nosotros tenemos otra, en el sentido de que realizamos una serie de actividades que están plasmadas en el expediente administrativo y ahora, seguramente, quedarán plasmadas en el expediente judicial, y la verdad es que -consideró- creo que es un tema que tiene una diversidad de aristas muy importante, y hay una cantidad de esas aristas que son competencias exclusivas de la Provincia”.
Remarcó que “más allá de que el Municipio en su momento, procurando reactivar una actividad que hacía 22 años que estaba descontinuada, hubiera tomado algunos compromisos, esos compromisos a través de un contrato de concesión no pueden dejar de lado la vigencia de una ley provincial de orden público que tiene la competencia exclusiva en el tema”.
Consultado si se equivocaron con el concesionario, Espondaburu advirtió que “eso es difícil de saber, no sé, es un tema muy complejo, la verdad es que no podría ser tan terminante. Son procesos que se dan en el tiempo y cuando no son unos, son otros los concesionarios. La finalidad de este tema, según consta, era un plazo de concesión que terminó el 30 de junio de 2014 y creo que cuando se entregó, en el acta de entrega que se hizo el 30 de junio de 2014, la mayor parte de todas las obligaciones vinculadas a una serie de actividades estaban cumplidas, no podría ahondar mucho sobre ello porque yo ya no tenía la competencia”.
“Pero -señaló- creo que son miradas de largo plazo y los municipios de ahí pueden tener finalidades como las que mencioné, reactivar una actividad, generar algunos empleos, mejorar el movimiento de un barrio, pero no mucho más que eso, todo lo que se vincula a la actividad hípica es una competencia exclusiva de la Provincia”.
Actuar de buena fe
Tras decir que desconoce las razones que motivaron al denunciante Jorge Cuenca a efectivizar la presentación judicial, Espondaburu detalló sobre su declaración que lo indagaron sobre “las cuestiones vinculadas al desenvolvimiento de la concesión, como correspondía, fue normal”.
Por su parte, se mostró tranquilo y aseguró que “respondimos a todos los planteos con la tranquilidad de que nosotros siempre actuamos de buena fe y con la mejor intención”.
Por último, consultado sobre si entiende que estar involucrado en esta causa lo puede llegar a perjudicar en su función actual, Espondaburu afirmó que “no”, confiado en el respaldo que dijo tener del Ejecutivo local.
Preguntas y respuestas
Más allá de los dichos frente a los micrófonos, este Diario accedió al expediente en el que el funcionario, además de hacer una larga exposición sobre los quehaceres de su secretaría en las nueve fojas, debió responder preguntas puntuales del fiscal, que hacen precisamente al porqué de la imputación.
Acompañado por el abogado Jorge Dames, en tren de desligarse de los hechos, Espondaburu aclaró que la concesión con Vistas Serranas fue anterior a su función como secretario de Desarrollo Local, y no participó en la redacción del contrato ni en el pliego de bases y condiciones.
Asimismo, aludió a la finalidad social que implicó la reactivación del circo de carreras, a la vez de insistir en que a su entender había una “competencia exclusiva de la Provincia” sobre los controles de la actividad turfística, citando la ley 13.253.
Por ello, argumentó que había una “errónea asunción de ciertas funciones de contralor municipal”.
De todos modos, en otro párrafo el rauchense defendió las “múltiples actividades” de seguimiento del contrato de concesión que se realizó desde asumido en la secretaría. Aludió a no menos de una “treinta actividades”, que obvió detallar.
A preguntas puntuales, como el caso del mantenimiento de la pista de carreras, el funcionario señaló que el contrato habla de “reconstrucción” de la pista y no de “mantenimiento”.
También respondió que a su entender no surge en el contrato ninguna obligación para exigir un sistema de riego. A la vez descartó que el servicio médico estuviese contemplado en dicho contrato.
En otro orden, contestó sobre el jardín maternal que nunca se construyó, a cambio de una obra de desagüe de la pista. Precisamente sobre ello se le repreguntó si se controló la ejecución de dicha obra, y Espondaburu dijo que había quedado en manos de Obras Públicas dicho poder de contralor en esa temática.
A preguntas sobre el destino de los fondos de los subsidios otorgados al concesionario, dijo que cuando el convenio alude a las sanciones aplicadas por el Municipio dice que ´podrá´ sancionar, lo que a su entender le confiere una potestad, una decisión política, administrativa, a la hora de ejercerla.
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