Habrá “observadores electorales” en las próximas elecciones bonaerenses
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A través de una resolución, la Junta Electoral provincial autorizó a que "terceros ajenos al proceso" puedan recolectar datos, elaborar informes y brindar recomendaciones sobre distintos aspectos de las elecciones.
Según publicó el diario El Día, a través de un reglamento elaborado por el organismo que preside el titular de la Suprema Corte provincial, Eduardo de Lázzari, se incorpora esta práctica y se establece la creación del Registro de Observadores Electorales.
Allí podrán podrán anotarse las organizaciones nacionales o internacionales "sin fines de lucro y no partidarias", que cuenten con solvencia técnica y trayectoria reconocida en el ámbito de la observación electoral.
En la flamante normativa se establece que el observador electoral deberá actuar con "imparcialidad, sin obstaculizar ni interferir en el desarrollo del proceso".
También se consigna que el tratamiento de la información recopilada, su análisis y evaluación deberá ser "objetiva y precisa".
Además, la Junta Electoral dispuso que los informes definitivos sean publicados en el sitio web del organismo "para que puedan ser consultados libremente".
La iniciativa está inspirada en documentos internacionales como la "Declaración de Principios para la observación internacional de elecciones", suscripta en el año 2005 por Naciones Unidas, la Secretaría del Commonwealth, la Comisión Europea, la organización de Estados Americanos y el Centro Carter, entre otros reconocidos organismos gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales.
La decisión fue adoptada luego de que, el año pasado, el organismo que presidente De Lázzari asumió el compromiso de elaborar un marco reglamentario "que eventualmente permita materializar la participación ciudadana en los procesos electorales en carácter de observación".
Además, la Junta Electoral subraya que la observación electoral "se ha convertido en una práctica generalizada y aceptada a nivel mundial, pues tiene múltiples finalidades, entre ellas las de estudiar la integridad y otorgar legitimidad a un proceso, evitar conflictos entre los actores y formular recomendaciones que optimicen tanto la legitimación activa como pasiva del derecho a voto".
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