La Asamblea Ciudadana se pronunció a favor de la expropiación de las cavas de Cerro Leones

A la espera de los avances que den cumplimiento a la disposición de la Justicia, que ordenó restringir el acceso al predio privado, en el transcurso de la semana volvió a ganar escena la posibilidad de expropiar la excantera donde se ubican las cavas, en Cerro Leones, que en cada temporada de verano son utilizadas como balneario por gran cantidad de personas.

En ese marco, la Asamblea Ciudadana por la Defensa de las Sierras salió a marcar su postura en relación al debate, con una mirada que advierte sobre los pasivos ambientales que representan los sitios de estas características.
En un comunicado enviado a esta Redacción la organización se refirió a la sentencia judicial que exige medidas para evitar nuevos incidentes y a las propuestas analizadas entre la empresa propietaria del lugar y el Ejecutivo, como “hacer un alambrado o un muro de piedra de tres metros alrededor de las cavas y destinar más policías. ¿Esto sería una solución a qué?”.

Seguidamente realizó un repaso para entender el proceso que derivó en el estado actual del predio. “La explotación minera intensiva y mecanizada que sucedió al trabajo de los picapedreros, generó grandes cavas. Las lluvias y muy probablemente el contacto con las napas, las llenaron de agua”, contextualizó.

Apuntó que “la empresa Ciga, la cual explotaba la cantera de Cerro Leones, quebró y dejó el predio abandonado” y agregó que “aunque el Municipio tenía un juicio ganado con sentencia firme desde 1999, Ciga se remató en 2003 por un importe similar al adeudado a la comuna, sin intervenir para conservar el predio, de gran valor histórico”.

Los compradores “por varios años mantenidos en el anonimato para la población en general, desmantelaron las antiguas construcciones, sumando a la destrucción del patrimonio natural, la del patrimonio cultural ligado a la historia de Tandil”.

Un espacio para
los vecinos

A pesar de esta historia de pérdidas, la Asamblea Ciudadana valoró que la comunidad demostró “su interés en visitar y recuperar la memoria de este sitio que hace a la identidad tandilense”.

En los últimos años “el crecimiento de la población de Cerro Leones, de los barrios cercanos y de la población en general han potenciado la necesidad de espacios recreativos gratuitos” y ante la ausencia de piletas públicas en esa zona o balnearios seguros y accesibles “las cavas son utilizadas como tales”, marcó y admitió que “existe una necesidad legítima de la población que no encuentra la respuesta adecuada en la gestión de la ciudad”.

“Alambrados, muros y policía no compensan a la comunidad por el cerro destruido, no satisfacen ninguna necesidad y seguramente será mucho más caro que construir opciones que sí respondan a las aspiraciones comunitarias”, advirtió la organización, que en esa línea preguntó: “¿No merecen los barrios densamente poblados y con gran población infantil y juvenil un complejo deportivo con piletas y guardavidas?”.

Y planteó que una ciudad “con sierras destruidas y cavas alambradas es peor que una ciudad que detiene la destrucción, resignifica los pasivos ambientales para compensar aunque sea parcialmente a la comunidad por el patrimonio natural y cultural perdido”.

Un pasivo
ambiental

En este sentido la entidad definió que las cavas de Cerro Leones son un pasivo ambiental que “tiene responsables, de igual modo que las de Transpetro, el Trincante y otras donde también han ocurrido tragedias”.

Y aclaró que las cavas “no son lagunas naturales y playas” sino “el producto de la destrucción de los cerros” y que por ello constituyen una “deuda ambiental con la ciudad”.

Los integrantes de la Asamblea consideraron que la sentencia judicial busca cuidar la vida de los eventuales visitantes y establece las responsabilidades de la empresa y el Municipio. “Pero esperamos que la forma de cumplir la sentencia sea razonable y no agregue a la privación del Cerro de los Leones nuevas e injustas privaciones”, advirtieron.

En alusión a lo expresado en la propuesta de Areas Protegidas en 2005 recordaron que “los predios afectados por las canteras deberían ser recuperados por la comunidad como reservas de usos múltiples, con fines educativos y recreativos”.

“Amerita la expropiación”, definieron, pero plantearon como interrogante “¿cuál sería el precio justo? Debiera considerarse que el dueño transferiría no sólo un activo sino un gran pasivo ambiental, que es también responsable de la destrucción de patrimonio histórico, y que le caben los cargos reconocidos en la sentencia judicial”.

De otro modo “una expropiación onerosa significaría hacer pagar a la víctima, la ciudad en su conjunto. No sería justo destinar recursos públicos a estatizar responsabilidades privadas. Se debería garantizar la constitución de una reserva de usos múltiples en las cavas de Cerro Leones y la construcción de un complejo de piletas seguro y accesible en un lugar adecuado de esa zona de la ciudad”.

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