La Cámara ordenó el desalojo total de los lotes en Villa Cordobita

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Por estas horas, los ocupas de Villa Cordobita comenzaron a ser notificados de la reciente resolución de la Cámara de Apelaciones de Azul, cuyos magistrados coincidieron con los argumentos del fiscal Luis Piotti y ordenaron el desalojo total de los predios en litigio ubicados en Villa Cordobita.

Con la firma de los jueces José Luis Piñeiro y Eduardo Uhalde, el Tribunal de alzada notificó al finalizar la semana sobre su fallo, aceptando la apelación del fiscal y rechazando lo interpuesto por la defensa en representación de la agrupación 1 de Octubre.

Por estas horas, la Justicia comenzó a entregar las notificaciones a los ocupas sobre la decisión tomada, al aguardo de que desistan de la resistencia (ver aparte). Empero, al unísono se trabaja en lo que será un desalojo compulsivo y masivo, apelando a las fuerzas de seguridad como así también a funcionarios comunales.

Entre los argumentos a los que accedió este Diario, la Cámara señala que la jueza, al fundar los motivos que la llevaran a desestimar el desalojo, sostuvo que no compartía la interpretación que diera el fiscal a la situación establecida entre las personas que integran la Asociación Vecinos Zona Cerro El Granito con los lotes que individualizara.

Los camaristas no compartieron la postura de la jueza y, por el contrario, entendieron que la pretensión del fiscal se sustenta en una posición  que encuentra suficiente apoyatura en las constancias de la causa de las cuales surge que efectivamente los vecinos ejercían un poder de hecho sobre esos lotes y que tal situación los coloca en el carácter de damnificados.

Asimismo, la Cámara infiere que “los integrantes de la sociedad vecinal –que no reivindicaban para sí el dominio de los lotes- no solo tenían un poder de hecho y consolidado sobre los inmuebles, sino que estaban en condiciones de poder realizar los actos que quisieran sobre ellos y que, además, ejercían ese poder a título autónomo y propio pues no existía ningún otro sujeto que pretendiese desarrollar al mismo tiempo ese control”.

En otro de los párrafos sustanciales del fallo que responden a la apelación de la defensa, los camaristas afirman que “aún con la sola condición de tenedor de las tierras es suficiente para que Cerviño sea damnificado por el hecho pues sus títulos no requieren legitimidad alguna”.

Se agrega al respecto que “determinado es que es la simple condición de hecho como tenedor de la tierra la que otorga legitimación (sin importar el origen legítimo o no de esa tenencia), no es procedente plantear cuestiones de ´prejudicialidad y litispendencia´ que además no se encuentran contempladas“.

Asimismo en coincidencia con lo apelado por el fiscal, se señaló  que el ingreso de un número no precisado de personas, pero que podrían aproximadamente ser cien, que penetraron al predio en cuestión desplazándose en distintos medios motorizados, de manera agresiva y llevando consigo distintas herramientas cortaron alambrados y se instalaron en el lugar, vencieron con ese proceder el nacimiento de cualquier intento de repulsa por parte de los pocos vecinos que presenciaron  el hecho.

Por último, agrega la resolución que el prejuicio para los antiguos ocupantes resulta evidente y que está dado por el sólo desplazamiento en la posesión o tenencia, y que ello demanda la necesidad de “la inmediata restitución del goce de sus derechos haciendo cesar los efectos del delito”.

 

La postura del Ministerio Público

 

Como oportunamente se detalló, el fiscal (y los camaristas ahora) sostuvo que “el modo en que se llevó adelante la conducta (Altamirano y compañía), por sobre lo atinente al corte de cercos, reviste clara y objetivamente un aspecto intimidatorio violento, destinado a la supresión de eventuales resistencias de aquellos con legítimo interés en oponerse a la acción, o de quienes pudieran acudir en su ayuda, lo que configura el delito de usurpación previsto y reprimido en el art. 181 inc. 1 del Código Penal”.

Oportunamente para el caso que la jueza notifique a los sujetos pasivos de la medida y otorgue un tiempo para el desalojo, vale reseñar que el fiscal señaló que la “diligencia excedería las circunstancias del caso y conspiraría contra su éxito, más que nada considerando los aspectos operativos a tener en cuenta en vista a la postura asumida por los ocupantes, se solicita, a fin de proveer a la mayor economía procesal posible, que dicho acto sea cumplido respecto de Griselda Itati Altamirano, persona que en los hechos ha sido debidamente acreditada como conductora y comunicadora de los intereses del grupo. Asimismo se tenga en cuenta que, no estando en juego la reubicación de grupos familiares, el tiempo otorgado lo sea al solo efecto de evitar una salida coactiva, lo que conlleva sólo el necesario para apercibirse de los alcances procesales de la resolución, debiendo ser en consecuencia el más reducido posible”.

Respecto a la existencia de menores de edad, ya se ha dado intervención al Asesor de Menores, como así también al Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño, y al área de Desarrollo Social del Municipio, organismos a través de cuyos responsables se brindará, de ser necesaria al tiempo del desalojo, la debida asistencia.

Respecto al momento de efectivizar la medida, resulta necesario se prescinda de indicar fecha determinada sino se otorgue un plazo reducido de al menos 48 horas a fin de disponer los recursos necesarios para su ejecución.

De ser autorizadas las medidas requeridas, estarán a cargo del Jefe de la Jefatura Distrital Comisario Inspector Jorge Giménez y/o el personal en quien éste las delegue.

 

En disidencia con la resolución, las familias ratificaron que resistirán al desalojo del predio

 

En un colectivo utilizado como refugio y bajo la luz de algunos focos improvisados en su interior, Griselda Altamirano confirmó a este Diario la novedad y ratificó la decisión adoptada días después de la toma, cuando las denuncias de desalojo comenzaron a tomar curso. “Nosotros vamos a resistir”, dijo con firmeza, bajo la postura que indica que allí “no hubo delito de ocupación”.

Ante la atenta mirada de un grupo de personas que se acercó para participar de la asamblea que definirá los pasos a seguir, la dirigente marcó como primer cuestionamiento los argumentos que presentó el fiscal para apelar la medida, “no muchos más que los que había dado a la jueza Aracil y sin embargo se los rechazó”.

En su lectura destacó entre los fundamentos de la resolución de la Cámara de Apelaciones que “no importa si las escrituras son o no falsas” y que la posesión de las tres manzanas (21, 22 y 23) que no habían sido reclamadas oportunamente la ejerce en forma “mancomunada” los vecinos del cerro El Granito, presentados como particulares damnificados en la causa.

Desde su perspectiva esta circunstancia “confirma” que “la Justicia no es independiente para nada” y criticó que la Cámara “no puede decir que no importa si son o no falsas las escrituras y que con la supuesta posesión alcanza”.

Ratificó que con estas resoluciones buscan “tapar” lo que se pretendía develar, “el supuesto entramado político de corrupción” en Villa Cordobita, y citó los vínculos entre quienes poseen tierras en la zona con funcionarios políticos y judiciales de la ciudad. “Es tan grande el entramado de corrupción y el tráfico de influencias que seguramente pusieron plata para que la Cámara fallara de esta manera”, denunció.

Las notificaciones llegaron ayer al mediodía. Sin embargo fueron entregadas a los dos referentes de la toma (Altamirano y Jorge “Mono” Lezica) recién en horas de la tarde, cuando acudieron a la comisaría ante la novedad. Esta circunstancia también cosechó valoraciones negativas de parte de la dirigente respecto de la “desprolijidad” de los actos y definió que “la Justicia es según a quien está juzgando; si es a la clase trabajadora, actúa con todo el peso de la ley, con desalojos compulsivos, si son los corruptos, políticos o burgueses con alto poder adquisitivo, actúan de otra manera”.

 

La decisión de resistir

 

Altamirano se respaldó en la última instancia que aún les queda para apelar e informó que recurrirán a la Corte Suprema de Justicia para que “esto se investigue y no sea tapado por la corrupción”, para lo cual tienen un plazo de cinco días.

No obstante, aseguró que “vamos a resistir este desalojo” dado que “creemos que es una injusticia, que los argumentos no están ajustados a derecho y que están rebatiendo los de la jueza en primera instancia sin ningún tipo de prueba”, con el objetivo de “dejar en evidencia el grado de corrupción que se le ha enquistado a este gobierno”.

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