La Chacabuco, junto a clínicas de la región, gestionan ante Pami respuestas

En medio de una puja que aún no encuentra una salida, las autoridades de la Nueva Clínica Chacabuco mantuvieron días atrás una reunión con directivos de cuatro centros privados de la región prestadoras de servicios al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp), para evaluar la situación en que se encuentran.

Tras el intercambio, del que participaron los directores del Sanatorio Azul, de Azul, de la Clínica María Auxiliadora, de Olavarría, de la Clínica Saladillo, de Saladillo, y de la Clínica Cruz Azul, de Necochea, elaboraron un comunicado en el que plantearon los principales inconvenientes que afrontan por las prestaciones a los afiliados de Pami.

El principal punto gira en torno al pedido impulsado por la entidad sanitaria local por la actualización en los valores por los servicios con cartera asignada de Pami, planteó que derivó en medidas que avanzaron en la suspensión de las prestaciones a los miles de jubilados y pensionados afiliados a la obra social y en la posterior intervención de la Justicia para suspender dichas acciones.

De todos modos incluyeron otras advertencias que suman a un complejo escenario en el que se convierte “cada vez más dificultosa” la prestación de los servicios.

En definitiva, y tras ratificar la continuidad en la atención de los afiliados, resaltaron que aguardan una respuesta a los reclamos y ratificaron que continuarán con las gestiones pertinentes, a la espera de la confirmación de una reunión con Pami central para los próximos días.

 

El comunicado

 

El documento enviado a esta Redacción contempla seis puntos, en los que detalla una problemática compartida por otras clínicas.

En concreto, las instituciones sanitarias coincidieron plenamente en expresar, como primer aspecto “la manifiesta insuficiencia de los aranceles que el Inssjp abona por las prestaciones que las clínicas efectúan a sus beneficiarios. Los valores promedio reconocidos por otras obras sociales resultan superiores en un 150 por ciento”.

En segundo término advirtieron “la falta de transparencia e información precisa sobre los aspectos operativos del nuevo modelo de pago por prestación con cartera asignada, lo cual dificulta un seguimiento claro de las liquidaciones, imposibilitando el análisis comparativo serio entre los valores que consideran deberían percibir y los que el instituto, unilateralmente, les indica que deben facturar”.

En tanto, denunciaron “la detección de numerosos solapamientos por errores de diseños de programación del sistema, ajenos a los prestadores, que implican que estos dejen de percibir servicios efectivamente brindados, lo cual torna poco confiable al sistema en su integridad”.

En cuarto lugar “el conocimiento que el instituto ha realizado convenios alternativos con clínicas de ciertas localidades, con valores que exceden ampliamente a los de la mayoría en general y los del interior de la provincia de Buenos Aires en particular”, a lo que agregaron en quinto lugar “la aplicación sistemática de débitos cuya procedencia no resulta debidamente justificada”.

Y por último marcaron “el permanente incremento de los costos sanatoriales, acentuado en los últimos meses por la vinculación que numerosos insumos tienen con la relación cambiaria”.

 

Los resultados

 

Las clínicas firmantes señalaron que “todo lo expuesto torna cada vez más dificultosa la prestación de los servicios”. Sin embargo ratificaron “una vez más, su mejor predisposición para continuar brindando las prestaciones, procurando garantizar la legítima defensa del derecho a la salud de los afiliados a Pami, pero sin haber obtenido aún una adecuada respuesta a las citadas inquietudes, por medio de las correspondientes autoridades”.

Finalmente ratificaron que “se continuarán realizando las pertinentes gestiones a fin de acabar con esta situación de grave incertidumbre, aguardando una solución que no llegue demasiado tarde”.

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