La Iglesia pidió evitar la confrontación, habló de “clima de corrupción” y advirtió sobre la pobreza

A tráves de un trabajo titulado “Hacia un Bicentenario en justicia y solidaridad”, el plenario de obispos católicos reunidos en Pilar pidió preservar las instituciones de la República y la implementación de un plan agropecuario nacional. El texto redactado por los obispos Jorge Casaretto, Guillermo Rodríguez Melgarejo, Sergio Fenoy y Enrique Eguía Seguí, reclamó un “proyecto de país”, al tiempo que alertó que aún “no se ha logrado reducir sustancialmente el grado de la inequidad social”.
“La experiencia histórica nos ha demostrado que por el camino de la controversia se profundizan los conflictos, perjudicando especialmente a los más pobres y excluidos”, señaló el documento elaborados por los obispos.
La Iglesia hizo especial énfasis en el rol del Estado al señalar “la necesidad de un Estado activo, transparente, eficaz y eficiente”, y si bien señaló que hubo madurez en el “pluralismo” advirtió que “todavía persisten resabios de antiguas intolerancias”.
“Hemos tomado conciencia que no hay democracia estable sin una sana economía y una justa distribución de los bienes, aunque entre todos debemos seguir trabajando a fin de hacerla realidad y que no quede sólo en una consigna o en un plano teórico o meramente emotivo”. afirmó el documento.
El escrito fue difundido por los propios obispos, al término de las deliberaciones que mantuvieron en la casa de ejercicios El Cenáculo-La Montonera, de la localidad de Pilar. Durante esta semana los obispos reeligieron al frente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) al cardenal Jorge Bergoglio y al vicepresidente primero Luis Villalba, en tanto que José María Arancedo ocupará la vicepresidencia segunda en lugar de Agustín Radrizzani.
El documento surgió en un clima de distensión entre el Gobierno y la Iglesia, aunque el documento tiene un contenido que afecta directamente al Gobierno.
Si bien el vocero episcopal, presbítero Jorge Oestreheld, aclaró en conferencia de prensa que se trataba de “una invitación a todos y no un juicio a nadie”, en los 41 puntos que contiene el texto aparece el reclamo al Gobierno nacional.
Los obispos reconocieron que existe una “recuperación en la reducción de los niveles de pobreza e indigencia después de la crisis de 2001-2002”, pero afirmaron que “no se ha logrado reducir sustancialmente el grado de la inequidad social”. En el documento, los prelados se quejaron por la “grave situación de la educación” y advirtieron que “los pagos de la deuda externa constituyen un rubro estructural del gasto público y condicionan gravemente los esfuerzos que debieran realizarse para saldar la deuda social”.
Para la Iglesia, “no se ha podido erradicar un histórico clima de corrupción”, y se quejó por la presencia del “mal del clientelismo político, alimentado por la distribución de subsidios que no siempre llegan a los que menos tienen”.
En tanto, los obispos aprovecharon para fijar su postura sobre el aborto: “Crecimos en la promoción de los derechos humanos, aunque todavía debemos avanzar en su concepción integral, que abarque a la persona humana en todas sus dimensiones, desde la concepción hasta la muerte natural”.

 

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