La Justicia otorgó una prórroga de 30 días para presentar el proyecto de seguridad en las cavas

El titular del Juzgado en lo Civil y Comercial 1, doctor José Martín Zárate, le otorgó al Municipio y la empresa Apilar SA una prórroga por treinta días para presentar el plan de intervención en las cavas de Cerro Leones.
Mientras tanto, funcionarios de la comuna y los representantes legales de la empresa mantienen reuniones para generar una estrategia conjunta que permita restringir el acceso de gente al “paraíso prohibido” y evitar los accidentes en las enormes piletas.

El último viernes, ante la solicitud de ambas partes, el doctor Zárate resolvió que “atento lo solicitado conjuntamente por la Municipalidad de Tandil y el demandado de autos, otórguese una prórroga de treinta días, a computar desde la presente, a efectos de dar cumplimiento con lo ordenado por la Excelentísima Cámara de Apelaciones”.

En tanto, el Departamento Ejecutivo y la firma propietaria de las cavas de Cerro Leones acordaron consensuar un proyecto de intervención para prevenir accidentes en el predio. Con lo cual, deberán acercar la propuesta para que el magistrado la homologue y luego comenzarán a ejecutar las acciones tendientes a mejorar la seguridad.

Una única
propuesta

En diálogo con El Eco de Tandil, el doctor Andrés Curcio, secretario de Legal y Técnica del Municipio, recordó que en febrero venció el plazo que determinó la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul para que el Municipio y Apilar SA restringieran el acceso a las cavas, como parte de la sentencia en la causa por daños y perjuicios por la muerte de Matías Angel Correa.

“Como veníamos manteniendo reuniones con los apoderados de Apilar SA, que es la empresa dueña de la cava, lo que hicimos fue presentar un escrito conjunto donde le pedíamos al juez interviniente que nos otorgara una prórroga a los efectos de definir los términos de una presentación conjunta”, reseñó.

El letrado explicó que si el Municipio presentaba ante la Justicia una propuesta unilateral, luego había que darle traslado a la firma propietaria, que debía manifestar si podría cumplir con las medidas de seguridad. “Esto podía seguir dilatando la solución o los plazos”, indicó.

Agregó que con un escrito “muy sencillo” fundamentaron la necesidad de tener más tiempo para diseñar la estrategia de intervención sobre el terreno. “La Cámara había dispuesto que la Municipalidad hiciera las indicaciones sobre las medidas que debía adoptar la empresa Apilar SA a los efectos de disminuir el riesgo de que ocurra otro accidente en la cava. Entonces, el Municipio tenía que proponerlo, pero lo podía hacer conjuntamente con la empresa o en forma individual y luego debía darle intervención a la empresa”, recordó.

Curcio reiteró que “veníamos trabajando hace ya bastante tiempo para definir una estrategia desde el punto de vista topográfico o geográfico del lugar, para ver qué cosas se pueden hacer, qué hizo la empresa, qué es viable, económicamente razonable y otras cuestiones. Estamos trabajando en algo en conjunto”.

El funcionario explicó que esas gestiones se demoran porque si bien la empresa tiene apoderados en Tandil, las decisiones las toman los propietarios que viven en Buenos Aires.

La estrategia

En relación a las medidas que se podrían adoptar para impedir el acceso de personas al predio privado, Andrés Curcio confirmó que si bien la presentación no está terminada, ya acordaron algunos puntos con soluciones para llevar adelante en las cavas de Cerro Leones.

El terreno de más de 50 hectáreas detenta obstáculos diversos, como la extensión del perímetro y de las dos piletas rocosas, además de la superficie irregular característica de una zona serrana. Por lo cual, resulta difícil y costoso avanzar con un cerco perimetral, que tampoco garantizaría que no ingresen bañistas.

Al evaluar las alternativas, podrían optar por movimientos de suelo o cerrar en forma definitiva las playas de acceso a las piletas, donde la gente se ubicaba para disfrutar del “paraíso prohibido”. Sumado a esto, también se evalúa bloquear algunos accesos que rodean las 55 hectáreas.

“No es algo sencillo la solución”, reconoció Curcio y rescató que la intención es evitar que se produzca otra tragedia en el predio, a través de un trabajo consensuado con la empresa y la Secretaría de Obras Públicas, con etapas y plazos para la ejecución.

Tomar
conciencia

En cuanto a la situación actual, el letrado confirmó que se mantiene una custodia en el acceso , a cargo de efectivos de la Policía Local. Además, valoró que la empresa ya reforzó algunos accesos con vallados para desalentar el acceso.

“Es muy importante que la gente tome conciencia de que es un predio privado y que también adopte la conducta de no ingresar. Obviamente está claro que las medidas que la empresa había adoptado no fueron suficientes, pero ahora estamos con estas nuevas medidas”, analizó el secretario en relación a la gran cantidad de gente que este verano utilizó el lugar como balneario.

La sentencia

Tras la muerte de Matías Angel Correa, quien falleció ahogado en la cava de Cerro Leones en 2011, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, a través de los magistrados de la Sala II, María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós, dio lugar a la demanda civil de la familia de la víctima.
En la sentencia le exige al Municipio la intervención en el acceso al predio, dedicando un párrafo del fallo a la necesidad de evitar nuevos hechos de similar naturaleza.

Concretamente le ordena al Gobierno local que elabore una propuesta o un plan de trabajo, indicando las medidas “conducentes, razonables y pertinentes” para suprimir el peligro de las cavas del Cerro Leones, sobre la base de las directivas legales de la menor restricción posible y del medio más idóneo.

Esto incluye “el medio menos gravoso, teniendo por finalidad primordial disuadir e impedir el ingreso al predio, fijando objetivos y plazos de cumplimiento, todo ello con intervención y participación de la demandada”.

Asimismo, los jueces señalaron que es la empresa propietaria de las cavas, Apilar SA, la que debe participar e intervenir para adoptar “las medidas de aseguramiento del inmueble peligroso”.

Una vez presentado en el plazo de 15 días corridos, en conjunto o por separado con Apilar SA, el juez de primera instancia “procederá a la determinación y aprobación definitiva de las medidas de aseguramiento disponiendo que sea la accionada, a su costa, la que lo deberá ejecutar, delegando su fiscalización a las autoridades competentes de la Municipalidad de Tandil con contralor judicial del cumplimiento de las metas y los plazos a cargo del juez de grado, quien para asegurar su cumplimiento efectivo podrá adoptar todas las medidas conducentes”, establecieron en la sentencia.

Incluso exige el “cumplimiento del presente mandato de prevención” para que “se efectúe bajo apercibimiento de lo dispuesto en los artículos 37 del Código de Procedimiento Civil y el 804 del Código Civil. La interpelación a Apilar SA para la ejecución de las obras, en la forma y con las modalidades que se disponga, lo será bajo apercibimiento de efectuarlo la Municipalidad de Tandil, con cargo de repetición de la accionada”.

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