La Legislatura bonaerense aprobó el pedido de informes sobre fracking

Mediante la iniciativa el abogado solicitó que se indique si en el marco del acuerdo de trabajo para el desarrollo de proyectos exploratorios de hidrocarburos, celebrado entre la provincia y la empresa YPF, se autorizó la utilización de la técnica de fractura hidráulica (fracking) en la denominada Cuenca de Claromecó o en alguna otra zona del territorio bonaerense.
En este sentido, también pidió que se informe si se han realizado estudios sobre el impacto y riesgo ambiental que conlleva la aplicación de este método y que el OPDS especifique cuál es la postura adoptada con referencia a la utilización de esta técnica en la provincia, haciendo especial hincapié en las consecuencias ambientales que trae aparejado su aplicación. 
El escrito hace referencia a los “resultados negativos que este método produce en el medio ambiente y la salud de los habitantes”, manifestando que “entre las principales consecuencias que acarrea esta práctica se destacan la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, del aire, afecciones a la salud humana, alteraciones del paisaje y el terreno, contaminación de suelos al cerrar los pozos y riesgo sísmico.
 
Contra el avance
del fracking
 
“Desde este honorable cuerpo consideramos perjudicial avanzar con este tipo de tecnología en todo el territorio bonaerense. El caso de la República del Ecuador, donde la compañía Chevron – Texaco produjo el daño ambiental más grande de la historia relacionado a contaminación petrolera en el Amazonas de ese país, es un claro antecedente de la nocividad que reviste este método”, expresó D'Alessandro.
Asimismo, destacó la labor desarrollada por la “asamblea de concejales de la Cuenca de Claromecó”, que con firmeza buscan impedir que se lleve adelante el fracking o estimulación hídrica', mediante distintas gestiones que involucran a concejales, legisladores provinciales, ONGs, especialistas en la temática, representantes de departamentos ejecutivos y vecinos de las zonas involucradas.
La posible aplicación de esta técnica en territorio bonaerense despertó un fuerte debate entre los distintos sectores ambientalistas y sociales. Ahora es el Ejecutivo provincial quien deberá informar al respecto a partir la requisitoria aprobada por el cuerpo de diputados bonaerenses el pasado jueves. u

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