Llamarán a declarar a la contratista y al capataz por el caso de los obreros formoseños

El miércoles 27 de abril el secretario general de Uocra Tandil, Daniel Sagrera, alertó sobre el estado en que vivían cinco trabajadores formoseños que fueron destinados a una obra en construcción en “vergonzosas” condiciones de habitabilidad.
A partir de la denuncia pública que reflejó este Diario junto a otro portal de noticias, desde la Fiscalía Federal local, atentos a casos vinculados a los delitos de su órbita, tomaron intervención y convocaron al dirigente, y en consecuencia se dio inicio a una causa por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
Desde entonces los funcionarios judiciales, en conjunto con personal de la Policía Federal, cumplieron con una serie de diligencias. En principio se apuntó a la identificación de los cinco obreros señalados, a los que se sumaron otros cuatro, entre ellos un menor de edad.
Luego de tomarles declaración, solicitaron allanamientos en busca de elementos que permitan sostener la hipótesis planteada. Fue así que el último martes efectivos de la Federal encabezaron los procedimientos que permitieron reunir documentación de interés.
Pablo Larriera, que se encuentra subrogando la Fiscalía Federal, confirmó que en la causa quedaron señalados los titulares de Merli SA, José Mercapide y Jorge Liggerini, y el capataz Elvio Vázquez.
El próximo paso, en función de la documentación reunida y de los informes del programa nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, será establecer la imputación formal y a partir de allí solicitarle al juez interviniente que les reciba declaración indagatoria para sumarla al expediente.

Detalles de la
investigación

En diálogo con El Eco de Tandil, el fiscal brindó detalles de la causa, repasó las últimas medidas solicitadas y adelantó los próximos pasos.
En primer lugar indicó que tomó conocimiento del hecho a partir de la publicación en este Diario y en un portal de noticias de la ciudad, en el que la organización sindical realizó una advertencia sobre la situación en la que se encontraba un grupo de obreros oriundos de Formosa contratado por la firma Merli SA para cumplir tareas en el proyecto de ampliación de las instalaciones de la Universidad Barrial, de Nigro y Darragueira.
En efecto, el dirigente gremial Daniel Sagrera fue citado a la fiscalía a declarar para ampliar lo expuesto y realizar la denuncia pertinente ya que “si los términos eran los mismos, podríamos estar ante un caso de desplazamiento interno de trata con fines de explotación laboral”, advirtió Larriera.
La Fiscalía comenzó el trabajo con esa hipótesis “y hasta ahora la estamos corroborando”, resaltó el letrado.

Identificación y
declaraciones

Frente a ese esquema se puso en marcha una serie de tareas de investigación junto con la subdelegación de la Policía Federal para constatar la existencia de los lugares señalados -y sus condiciones- como la presencia de los trabajadores.
Con la colaboración de la Uocra se logró contactar a los obreros que “estaban desperdigados en distintos lugares”, dijo el fiscal, y citó el complejo de departamentos en construcción de Rauch y Ugalde (donde cinco de ellos habitaban) y un hotel, adonde otro grupo terminó alojado por orden de los responsables de la empresa a raíz del reclamo del gremio.
Una vez que lograron ubicarlos, y tras cumplir con una serie de pasos formales, el martes 10 fueron llevados a la Fiscalía, desde donde se solicitó la intervención para su asistencia de la oficina de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.
“Y cuando estábamos buscando a los que pensábamos inicialmente que eran seis o siete trabajadores, terminaron siendo nueve, uno de ellos de 16 años, que habían sido traídos de Formosa”, puntualizó Larriera.
En sus declaraciones, los trabajadores contaron “con lujo de detalles” al fiscal las condiciones en las que habitaban y que “habían sido atraídos por una oferta laboral”.
Y amplió la modalidad expresada por los obreros al indicar que una persona, el capataz, “les había dicho que les iba a pagar entre 300 y 500 pesos” y la oferta de trabajo fue aceptada. “Ellos mismos se costearon el pasaje de colectivo hasta Retiro, y desde allí hasta Tandil, y cuando llegaron empezó todo”, describió el fiscal.
Primero fueron destinados al obrador de Nigro y Darragueira en malas condiciones. “No tenían baño, luz; se les inundó el lugar y en marzo hubo una cola de tornado que les voló el techo y quedaron a la intemperie”, describió.
En definitiva, “un cúmulo de elementos que son partes de las condiciones de explotación y de vulneración de los derechos de las personas”.

Allanamientos

Finalmente, el martes pasado se hicieron efectivos los allanamientos para constatar la existencia de los lugares y reunir todas las pruebas necesarias. En concreto se trabajó en tres obras en construcción, una Nigro y Darragueira, otra en el barrio de Graduados de la Unicén de Segundo Sombra y Circunvalación, la tercera en Rauch y Ugalde. Además se registró el domicilio legal de Mercapide SA, en avenida Buzón y Las Malvinas, y el del capataz.
En cuanto a los resultados, Larriera indicó que se halló “documentación que corroboraba la existencia de estos trabajadores, algunos papeles que hablaban del blanqueo de alguno de ellos ante el Ministerio de Trabajo, que tomó cartas en el asunto”. u

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