Ordenaron la detención del empresario Lázaro Báez
El juez federal Sebastián Casanello ordenó ayer la detención del empresario Lázaro Báez, que fue arrestado en el aeropuerto de San Fernando, al considerar que existía “riesgo de fuga”, en el marco de la causa que lo tiene procesado por supuesto lavado de dinero.
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El magistrado también decidió adelantar para hoy la declaración indagatoria de Báez, prevista para el jueves, y junto a él deberá presentarse su hijo Martín, sobre quien dispuso una “consigna policial”.
Casanello, además, hizo detener al contador Daniel Pérez Gadín, otro de los involucrados en la causa, también por peligro de escape.
La orden de arresto se dictó ante el temor de fuga del dueño de Austral Construcciones, ya que por directiva suya, Báez era objeto de un “seguimiento” desde el 31 de marzo pasado por parte de fuerzas de seguridad, del que se habría percatado en las últimas horas.
Además, sobre el empresario pesaba la “prohibición de salida del país, dado que existían riesgos que ameritaban restringir con ese alcance su libertad”.
En ese contexto, en la resolución, Casanello explicó que “personal policial abocado a las tareas ordenadas por este tribunal el pasado 31 de marzo pudo observar que se encontraba sobre la pista de despegue del aeropuerto de la ciudad de Río Gallegos, en condiciones de operar” una aeronave cuyo pasajero “se habría corroborado” sería Lázaro Báez.
“La noticia de la utilización de la aeronave privada –propiedad de la firma TOP AIR SA, cuyo 49% pertenece a Austral Construcciones SA, que, a su vez, en un 95% pertenece a Lázaro Báez-, a dos de días de la fecha estipulada para la realización de la audiencia, es un detonante que dispara los riesgos de fuga y exige el dictado urgente de una medida idónea que asegure los fines procesales”, justificó el juez en su escrito.
Según el magistrado, la “falta de un plan de vuelo”, alertó sobre la posibilidad de que Báez se fugara.
El empresario se enteró de la orden de arresto cuando estaba en vuelo, junto a su hijo Martín y otras dos personas, pudo saber NA de fuentes judiciales.
La detención del empresario tuvo lugar cerca de las 18.00 en el aeropuerto de San Fernando, luego de que aterrizara procedente de Santa Cruz, y desde allí fue trasladado a la División de Investigaciones Federales de Organizaciones Criminales (DIFOC) de la Policía Federal, ubicada en Gurruchaga y Santa Fe, en el barrio porteño de Palermo, frente al Jardín Botánico.
Está previsto que luego sea llevado a la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, en Madariaga y General Paz, en Villa Lugano, donde pasará la noche.
Allí quedará detenido hasta hoy, cuando debe prestar declaración indagatoria ante Casanello, en el marco de la causa que lo tiene procesado tras la difusión de un video en el que se observa a personas de su entorno contando dinero en “La Rosadita”.
Según informaron fuentes judiciales a esta agencia, Pérez Gadín fue detenido en su casa de Buenos Aires, al ser sindicado por el juez como el segundo en orden de responsabilidad en la causa, después de Báez.
Casanello consideró que el contador podría intentar fugarse tras conocer la detención de Báez.
En la investigación también están involucrados su hijo Martín Báez; el contador Pérez Gadin; su hijo Sebastián; Walter Adriano Zanzot; el presidente de la financiera SGI, César Gustavo Fernández; y Fabián Virgilio Rossi, expareja de la vedette Iliana Calabró.
Hoy serán indagados Lázaro y Martín Báez, Daniel y Sebastián Pérez Gadin, Zanzot y Gustavo Fernández, en tanto que el viernes será el turno de Rossi.
Todos fueron citados a indagatoria al conocerse imágenes de las cámaras de seguridad de las oficinas de la financiera SGI, en donde se los ve contando varios millones de dólares y euros en efectivo.
Los hechos tuvieron lugar en el segundo semestre de 2012 y son en total más de 90 horas de filmación, que ya fueron enviadas a peritar por el juzgado.
“A partir del ingreso de ese dinero en efectivo en aquellas oficinas se disimuló y ocultó el origen y titularidad de tales capitales no declarados, iniciándose un proceso tendiente a evitar su trazabilidad, en pos de cortar todo lazo con los hechos que los originaron y convertirlos e integrarlos al circuito económico como procedentes de fuentes lícitas”, indicó Casanello en la resolución.
Detalles de operaciones
de la financiera SGI
El juez federal Sebastián Casanello, que ayer ordenó la detención de Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín, dio detalles de las operaciones de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, en el marco de la causa por lavado de dinero que involucra al empresario y a su entorno.
En el fallo que dictó el arresto de Báez, el magistrado afirmó que se le “atribuye haber ingresado, a través de su hijo Martín Báez, el día 02/11/2012 y en otra fecha aún no determinada, pero presumiblemente en los últimos meses del año 2012, dinero por una suma total aproximada de U$S 5.100.000 en la sociedad denominada SGI Argentina S.A.”.
El juez afirmó que ese dinero “fue contado en el lugar en presencia de su hijo, como así también de César Gustavo Fernández, Walter Adriano Zanzot, Fabián Virgilio Rossi, Daniel Rodolfo Pérez Gadín y Sebastián Ariel Pérez Gadín, junto con otros sujetos no identificados al día de la fecha, disimulando de ese modo la fuente real de los fondos para obtener su apariencia de licitud”.
“A partir del ingreso de ese dinero en efectivo en aquellas oficinas se disimuló y ocultó el origen y titularidad de tales capitales no declarados, iniciándose un proceso tendiente a evitar su trazabilidad, en pos de cortar todo lazo con los hechos que los originaron y convertirlos e integrarlos al circuito económico como procedentes de fuentes lícitas”, enfatizó Casanello.
Según sostuvo en su fallo, “dada su participación accionaria en Austral Construcciones SA -95 %- y la relación familiar que lo une con Martín Antonio Báez -quien posee el 5 % restante-, se presume que dichos fondos provienen de una ganancia ilícita obtenida por aquella firma de la que es accionista mayoritario, mediante la utilización de facturas apócrifas y la generación -a través de ese ardid- de un fraude fiscal, lo que deriva de la información obtenida en la causa 3215/15 del registro de este Tribunal”.
“La sospecha de origen ilícito se deduce también de la importantísima cantidad de dinero, la forma de traslado y disposición -en efectivo-, la vigencia del régimen creado a partir de la Resolución General de AFIP 3210/11 y conexas -de fecha 31 de octubre de 2011-, comúnmente denominado ´cepo cambiario´, y el lugar escogido para ocultarlo y disimularlo, es decir, sociedades que realizan actividades de intermediación financiera y cambiaria no autorizada”, señaló.
A la vez, afirmó que “dicho dinero en efectivo habría sido trasladado a la sede de la citada SGI a dichos fines, mediante aviones adjudicados a la firma ´Top Air S.A.´, de la cual el compareciente era accionista a través de Austral Construcciones SA, y Walter Zanzot su presidente -y a la vez titular del 51 % restante-.”
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