Organizaciones celebraron la Ley de Hábitat y presionarán para la implementación

Frente a una barra colmada de vecinos y militantes de distintas organizaciones civiles, el Concejo Deliberante aprobó ayer, por unanimidad, la adhesión al articulado de la Ley de Acceso Justo al Hábitat. Además, pudo volver a sesionar tras las convocatorias frustradas del 30 de julio y del 13 de agosto, suspendidas por las ruidosas movilizaciones encabezadas por la Agrupación 1 de Octubre (ex CCC).
La ciudad se terminó de despertar cerca de las 9, cuando en el centro comenzaron a repicar los bombos y redoblantes de las columnas de los vecinos de Villa Cordobita, Comisión Procrear Tandil, Patria Grande, CTA y Socialistas para la Victoria. Congregados frente a la Municipalidad, minutos antes de las 10 colmaron los pasillos de la planta alta para aguardar el inicio de las deliberaciones.
En principio, el presidente del cuerpo Juan Pablo Frolik dio tratamiento a la licencia de la titular de la bancada oficialista Mercedes Fuente y tomó juramento a Domingo Majolo -actual coordinador de Deportes-, quien la reemplazará durante su ausencia por un viaje.
Ya con veinte ediles en sus bancas, el secretario del Deliberativo Diego Palavecino dio lectura al dictamen de comisión acordado por los bloques, que fue elaborado a partir del proyecto de ordenanza del edil mandato cumplido Carlos Mansilla (Frente Renovador). Esa iniciativa había tomado estado legislativo el 23 de abril pasado, en ocasión de una corta ausencia de Beatriz Fernández. La propuesta original, donde la adhesión a la Ley de Acceso Justo al Hábitat era sólo un elemento y su nudo radicaba en la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial, sirvió de base para destrabar el conflicto con los movimientos sociales y satisfacer sus demandas.

Los aplausos para el FPV

Antes de la votación, el titular de la bancada del Frente para la Victoria, Pablo Bossio, cosechó los aplausos que emanaron de la barra, al solicitar que el Departamento Ejecutivo que ponga en marcha “en breve” las herramientas que proporciona la ley en beneficio de la solución del déficit habitacional.
En principio, celebró el tratamiento de una normativa “trascendental” y recordó que se debatió durante largo tiempo en el Congreso provincial, “resistiendo a los ataques de los poderes concentrados”.
De inmediato, reiteró que su espacio político presentó un proyecto que contempla algunas herramientas que deben implementarse “en breve” y garantizó que se puede generar un millar de lotes por año de llevar adelante estas políticas.
“Vamos a proponer que se trabaje en la conformación de consorcios urbanísticos”, figura establecida por el artículo 55 de la Ley de Hábitat, que promueve proyectos de urbanización y edificación en forma conjunta entre organismos gubernamentales y el sector privado.
Además, convocó a discutir la ordenanza de plusvalía, a partir de la cual se revalorizan bienes inmuebles. En este sentido, Bossio impulsó la creación de una cuenta especial afectada a la compra de nuevas tierras fiscales con los convenios urbanísticos.
Por otro lado, resaltó la importancia de conformar el Consejo Municipal para el Fomento del Hábitat, destinado a detectar las tierras vacantes y avanzar en la adjudicación transparente. En igual sentido, destacó la necesidad de implementar un padrón público de tierras.
Como otro de los instrumentos que promueve la norma bonaerense, enumeró los microcréditos a través de un fideicomiso del Banco Provincia y aseguró que “en el marco de un año Tandil puede incorporar mil lotes” al ejido urbano.
Sobre el final, destacó que la ley “permite a los municipios llevar adelante políticas con su poder de policía”, valoró que persigue la “finalidad social de la tierra” y convocó a que “pongamos en vigencia cada una de las herramientas” que le ofrece a los distritos bonaerenses.

Pronto despacho

Por su parte, Beatriz Fernández recordó que el proyecto que catapultó esta adhesión a la Ley de Hábitat lo presentó el Frente Renovador en abril y consta de otros dos artículos que “no son menos importantes”.
Mencionó que el segundo punto modifica el Plan de Ordenamiento Territorial (PDT), otorgando menor dimensión a los lotes de La Movediza y en la zona ubicada al norte de la Ruta 226. El objetivo es lograr que parcelas que hoy tienen entre 2 mil y 4 mil metros cuadrados puedan ser llevadas a 400 metros cuadrados de superficie.
“Queda en comisión y voy a pedir que tenga pronto despacho”, reclamó la concejal por el massismo.

Compromiso

Por último, el vicepresidente del bloque de la UCR Adolfo Loreal expresó el compromiso del oficialismo a seguir trabajando en el resto de los artículos del proyecto de Carlos Mansilla y resaltó que “siempre se ha trabajado por mejorar la calidad de vida” de los tandilenses pero “sujeto a ley”.
Finalmente, los veinte ediles acompañaron la adhesión del Municipio al articulado de la Ley de Hábitat y los manifestantes lo celebraron con bombos y algunos cánticos. Luego se retiraron del recinto y la sesión continuó con normalidad.

EL “TRIUNFO” DE LOS MANIFESTANTES

“Dos sesiones suspendidas y una con bombos son el inicio de la lucha por la tierra”

Griselda Altamirano, referente de la Agrupación 1 de Octubre, se mostró muy contenta y atribuyó la adhesión a la Ley de Acceso Justo al Hábitat “a la lucha del barrio de Villa Cordobita y de distintas organizaciones”.
En ese sentido, cuestionó que “trataron de instalar durante más de un mes que los violentos éramos nosotros, que impedíamos la sesión, cuando lo único que reclamábamos era lo que sucedió: si se votaba, nos retirábamos sin inconvenientes. Más aún teniendo en cuenta lo que va a representar para Tandil la Ley de Acceso Justo al Hábitat en generar suelo urbano, transparentar la tierra ya que ahora la corrupción es grande y está en evidencia”.
Altamirano anunció que se realizarán plenarios de todas las organizaciones para impulsar proyectos inspirados en la normativa provincial. Estimó que el Ejecutivo “no va a avanzar si no es con presión. Dos sesiones suspendidas y una tercera con bombos y organizaciones son el inicio de la lucha por la tierra. Mientras el oficialismo gobierne y tenga mayoría en el Concejo no se va a lograr nada en lo que tenga que afectar su caja, parte de su presupuesto, a los sectores más vulnerables de los barrios. Eso lo tenemos claro”.
Advirtió que “la presión va a continuar” y anticipó que “vamos a llenar el Concejo Deliberante de proyectos para que atiendan los barrios, para que generen suelo urbano, para que se transparente la tierra, para que se hagan pedidos de informes del Concejo por hechos de corrupción que involucran a varios funcionarios”.
Como primera propuesta a impulsar, mencionó la expropiación de los lotes que pertenecían a Tandilia SRL, ubicados en Villa Cordobita, e indicó que lo presentarán la semana próxima.
“Mucha gente coincide en que no hay transparencia y el acceso a la información lo tienen los que trabajan en Rentas, en Legales, en el Concejo Deliberante, que termina siendo una inmobiliaria”, cuestionó, y celebró que los planteos del concejal Pablo Bossio “coincidieron con los nuestros”.

Piden informes por Cami Emergencias

El concejal Fernando Rossi (FPV) presentó en la víspera un pedido de informes sobre los resultados del contrato de locación de servicios suscripto entre el Ejecutivo y Usicom, el 20 de febrero del año pasado, para la asistencia operativa y gerenciamiento de Cami Emergencias que por entonces pertenecía al Círculo Médico.
En principio, el FPV solicitó que en el plazo de 30 días (según la Ordenanza 5.181), el Departamento Ejecutivo brinde un detalle de los servicio que Usicom SA, como gerenciador de Cami Emergencias, debía prestar al Municipio.
Además, pidió precisiones sobre la cantidad de Signos Operativos de Atención (SOA) incluidos en el precio establecido en el contrato; cuántos fueron en los que el 107 solicitó la intervención de Cami Emergencias; la cifra de traslados que hizo a hospitales y centros públicos y privados de salud; número de traslados efectuados a favor del Hospital Santamarina con el detalles de los pacientes, afecciones y destino; la facturación de servicios del centro público a la gerenciadora y los nombres de las personas designadas por el Municipio en el marco del contrato “solventadas a su costa y cargo, indicando funciones, remuneración y si actualmente permanecen en el cargo”.
En el artículo segundo solicitaron que el Ejecutivo informe si el contrato de locación de servicios se encuentra prorrogado y vigente, como así también que indique los servicios incluidos y los desembolsos comprometidos y ejecutados por el Municipio.
En tercer lugar, el bloque opositor quiere conocer las condiciones en las que se hizo uso de la opción de compra por parte de Usicom de la unidad de negocios Cami Emergencias, cómo se efectuaron los desembolsos y cuál será la interacción de dicha empresa con el servicio público de emergencias. Además, reclamó detalles de los contratos de trabajo en curso del personal registrado en la firma que pertenecía al sector privado.
Por último, exigió informes sobre si el Círculo Médico de Tandil abonó a Usicom “la comisión única y total contemplada al finalizar el plazo de ejecución del Convenio de Asistencia Operativa y Gerenciamiento de 360 mil pesos, y cuál ha sido el destino de la misma”.

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