Otro fallo desde la Justicia de Dolores
Las decisiones judiciales que frenan los incrementos se suman -semana a semana- en toda la Argentina. En ese marco, se conoció también una medida judicial que frena el aumento en Gesell, Pinamar y La Costa, ya que el juez Federal de Dolores, Raúl María Cavallini, hizo lugar a la medida cautelar de ?no cobro? del fondo creado pro Decreto 2067/08 del Gobierno nacional, en el marco del amparo presentado por el Centro de Orientación y Defensa del Consumidor.
La causa presentada en Dolores cuenta con el patrocinio letrado del abogado Leandro Alonso ?presidente de la UCR de La Costa-, quien informó que tras esta medida cautelar ?las empresas Compañía de Gas de La Costa Redes Excon SA, Distribuidora Gesell Gas, Empresa Buenos Aires Gas (Bagsa) y Emgasud SA (sucursal Pinamar) se deben abstener de proceder al corte del servicio de gas correspondiente a todos aquellos usuarios cuyas facturas incluyan el cargo Fondo Fiduciario Decreto 2.076/08, de modo permanente, regular y continuo, en tanto se acredite el pago de las facturas correspondientes a los períodos impugnados, el que se deberá recibir sin incluir en el mismo el monto que surja de la aplicación del Decreto 2067/08 y normas complementarias, lo que alcanza lógicamente al 21 por ciento correspondiente al IVA de esa suma, así como en las facturas sucesivas hasta tanto exista pronunciamiento firme sobre el reclamo presentado?.
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Embestida en el Congreso
El Decreto 2.067 fijó el cargo en las facturas de gas de hogares de consumos medios y altos para afrontar el pago de las importaciones del producto y el mismo ya representa más de la mitad de la factura de invierno en los hogares alcanzados.
Por eso, está frenado en numerosos distritos por medidas cautelares de la Justicia que obligan a las distribuidoras a refacturar sin el adicional fijado. En esa situación están Mar del Plata, Avellaneda, Pilar, Escobar, Salta, Jujuy, Tucumán, Santa Cruz, Chubut y distritos importantes de Neuquén, Río Negro y ahora Tandil.
En el Congreso el tema sería tratado hoy en comisión con la presencia del presidente del Enargas, Antonio Pronsato. Varios legisladores exponen que el decreto viola la Ley 26.095 que habilita al Ejecutivo para fijar cargos específicos en tarifas de gas y electricidad destinados a obras de infraestructura, ya que esa norma no contempla la posibilidad de un cargo para pagar importaciones.
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