Para la Asamblea Ciudadana, la central termoeléctrica atrasa por su impacto ambiental negativo
A través de un comunicado que tituló “una termoeléctrica en el siglo XXI, en Tandil, es atraso, no desarrollo”, la Asamblea Ciudadana en Defensa de las Sierras salió al cruce de los anuncios de las autoridades de la Usina por la instalación de una planta generadora de energías. Cuestionó que se radique un emprendimiento de este tipo sin exigir un estudio de impacto ambiental.
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En principio, la ONG preguntó si la ciudad necesita generar más energía y si es la más conveniente. Además, reflexionó que “si se trata de nuevas instalaciones, por qué no implementar nuevas formas, basadas en recursos renovables, menos demandantes de insumos importados y menos contaminantes”.
En segundo lugar, reclamó que se informe y se debata con la comunidad cuál es la mejor alternativa. “El Ejecutivo nacional decidió la instalación de termoeléctricas para atender a la demanda de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Dispuso la localización de una de las plantas en Tandil y los funcionarios locales accedieron. Aunque no tiene un estudio de impacto ambiental aprobado y ni su instalación, ni su localización fueron discutidas y aprobadas donde corresponde, el vocero de la empresa anuncia en reuniones con dirigentes locales que ya tienen el terreno donde estará emplazada, que usará agua, y que tratarán de no afectar el abastecimiento de la ciudad”, recapituló la entidad proteccionista sobre la central que se radicará en la zona de la Base Aérea.
El impacto
Por otra parte, explicó que las termoeléctricas son “altamente cuestionadas por sus impactos” y enumeró la emisión de gases de efecto invernadero y otros con graves impactos en salud humana y animal, el uso de agua y el vertido de efluentes, los impactos de la localización de depósitos de grandes cantidades de combustible.
Evaluó que “los titulares hablan de inversión privada como sinónimo de desarrollo, pero esto no es así. Depende qué se hace. A diferencia de los pioneros que hicieron la Usina, no se trata de un proyecto para dar respuesta a las necesidades de la ciudad, sino de una forma atrasada de dar respuesta a una problemática del Area Metropolitana dejando los efectos negativos en Tandil. Las ganancias no quedarán en Tandil, y la inversión inicial, según el propio vocero, podría dejar un 7 u 8 por ciento en la economía local”.
Además, manifestó que “la empresa MSU, un holding que se dedica a producir soja, asociado a un fondo de pensión europeo y sin experiencia en el mercado eléctrico, ha tercerizado en General Electric la instalación llave en mano y ésta a su vez terceriza la construcción, sin que nada garantice que la mano de obra sea local”.
Por eso, concluyó que “estos inversores, a diferencia de la mayoría de los productores tandilenses y argentinos, parte de un contrato por el cual tiene la demanda garantizada por el Estado a precios en dólares por diez años. Además, el Estado, o sea el esfuerzo de todos los contribuyentes, asegurará el refuerzo del gasoducto para abastecer la planta (más de mil millones de pesos) y la realización de la infraestructura vial para facilitar el acceso”.
“Está todo
cocinado”
Sobre el final, la Asamblea indicó que “por todo esto, que la población de Tandil se entere de la instalación de una termoeléctrica cuando está todo cocinado y que se presente como generación de energía para el desarrollo industrial local es una forma de menospreciar la inteligencia de los tandilenses”.
En contraposición, manifestaron que “si les preocupa la industria, debieran aplicar una política que impida que se sigan cerrando fábricas sostenidas por años por el trabajo tandilense”, ya que “aceptar la localización de una planta termoeléctrica en Tandil no garantiza energía barata para la ciudad y sí implicará perjuicios muy caros en ambiente, calidad de vida y erogación de recursos públicos”.
Por último, reclamaron que “la ciudad necesita avanzar realmente en una política productiva y energética basada en el consumo responsable y la evolución hacia el uso de energías renovables”.
El Municipio investiga cuáles
podrían ser los efectos adversos
El actual subsecretario de Obras Públicas y exdirector de Medioambiente, arquitecto Luciano Lafosse, adelantó que el Municipio ya tiene un estudio de impacto ambiental sobre la central termoeléctrica de General Rojo, que está construyendo MSU cerca de San Nicolás. Además, avanzará con otros requerimientos para despejar todas las dudas.
En diálogo con Eco Noticias, el funcionario sostuvo que “contamos con un informe de impacto ambiental de una planta de similares características que está instalando la empresa MSU en General Rojo, cerca de San Nicolás de los Arroyos”.
El subsecretario explicó que ese primer informe determina las cuestiones generales, pero además desde la semana pasada “contamos con un diagnóstico rápido que hizo Eco Técnica, que es una consultora conocida de la Ciudad de Buenos Aires, que está haciendo el estudio de impacto ambiental acá, pero que también hizo el mismo estudio en General Rojo”.
Lafosse agregó que siguen las consultas sobre algunas cuestiones sobre las que requieren mayor información. “Estamos en un ida y vuelta con los responsables técnicos ambientales de la consultora Eco Técnica, con lo cual estamos en un proceso para tratar de evitar tener imprecisiones sobre cuáles podrían ser los efectos adversos”, dijo.
“Hay cosas que se
han ido saldando”
El funcionario reconoció que “cuando uno plantea cualquier construcción siempre hay un impacto que se genera. Naturalmente esto tiene cosas que son positivas, estaría ubicado en una localización industrial, a 2 mil metros de las residencias del sector urbano, con lo cual hay cosas que ya se han ido saldando”.
Si bien resta analizar las emanaciones o efluentes que pueda tener la planta, el arquitecto rescató la generación de empleo, la disponibilidad de energía, el horizonte de previsibilidad que le da a Tandil ya que hoy es importadora. “Eso da ciertas garantías, todo eso lo conocemos, entonces estamos evaluando cuáles son las cuestiones que pueden ser adversas para tener la capacidad de controlarlas”, afirmó.
Por otra parte, adelantó que analizan la posibilidad de realizar una auditoría a cargo de universidades públicas con el objetivo de controlar el proceso de emanaciones y efluentes que pueda existir. “Estamos haciendo todo lo posible para atemperar el impacto que puede llegar a generar. En estas plantas se plantean tres turbinas que tienen las condiciones de cuidado del ambiente muy superiores a lo que era antiguamente la generación de energía. No son los mismos motores diesel que había en las distintas usinas de la provincia de Buenos Aires, sino que tienen una eficiencia altísima. Aún así, queremos controlar todo lo que podamos”.
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