Pese al tope, la suba del gas en Tandil rondaría el 800 por ciento

El exconcejal Carlos Mansilla analizó la Resolución 99/2016 del Ministerio de Energía y Minería, que fue publicada ayer y determina el límite del 400 por ciento al aumento de las facturas de gas de los usuarios residenciales y del 500 por ciento para Pymes.

El abogado observó que la resolución fundamenta que en determinados casos, la aplicación de la resolución anterior resultó en un “incremento significativo” de las facturas.

“Es bueno reconocer errores. Lo malo es volver a errar”, destacó Carlos Mansilla y explicó que “en efecto, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Resolución 99, los topes fijados se aplican sobre las tarifas vigentes al 31 de marzo de 2016, que no se aplican en Tandil y la zona en virtud de una medida cautelar del año 2014 dictada por el juez de Azul Martín Baba a iniciativa de una ONG de Olavarría”.

En su análisis, agregó que “con esta nueva errónea decisión, el ministro pretende anular la medida tomada hace 2 años por el Poder Judicial y aplicar en toda la región el anterior aumento (que fue del 300 por ciento aproximadamente en 2014) sumado al 400 por ciento del aumento de 2016. En total para Tandil el aumento dispuesto alcanzará el 700 y 800 por ciento”.

El dirigente del Frente Renovador expresó que se trata de “otro incremento significativo” para Tandil y “seguro, un error significativo”, y advirtió que “es necesario que la Justicia Federal nuevamente tome cartas en el asunto y aclare esta situación. También que el ministerio, partiendo de la realidad, inicie de una vez por todas una discusión seria, deje los parches temporarios y se discutan nuevamente los contratos de los servicios públicos privatizados, siempre a favor de los consumidores”.

Al describir la situación, Carlos Mansilla reclamó que “necesitamos justicia en la tarifa, precios realistas, que se tenga en cuenta la situación social y un consumo mínimo garantizado en zonas frías como Tandilia. Todo esto no es nuevo. Se sabe desde hace muchos años. Estaba pendiente y no se resolvió”.

Y concluyó que “otro amparo judicial puede frenar este descalabro, pero no soluciona el problema de fondo: tenemos que discutir y aprobar una nueva relación de los consumidores de servicios públicos (todos los habitantes) con las empresas que prestan un servicio (privadas y públicas). Ni el Estado privatizador de los años ‘90 ni el subsidiador irresponsable e ineficaz de este siglo. Hay que hacer otra cosa. En serio”.

Nota proporcionada por :

Deja tu comentario