Por nota a los concejales, la Asamblea Ciudadana marcó su rechazo al loteo de Segurola
Mientras en el Concejo Deliberante se buscan los consensos necesarios para avanzar con el convenio urbanístico para la subdivisión de las tierras de la familia Segurola, ubicadas en la zona de la avenida Don Bosco, la Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras alzó nuevamente su voz en contra de la iniciativa.
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En una dura nota elevada a los bloques del Concejo Deliberante, el espacio puso el foco en las irregularidades en las que se incurrió durante el proceso y advirtió que el proyecto elevado “violenta claramente” el PDT y afecta el medioambiente.
Sobre la base de un detallado repaso del impacto del loteo, respaldado en estudios e informes, desde la Asamblea Ciudadana establecieron que resulta “evidente” que la aprobación del convenio urbanístico “afecta directamente al medioambiente y a la salud de todos los vecinos de Tandil”.
De todos modos, observaron que, de lograr la conformidad del Concejo “se estaría convalidando una matriz de desarrollo urbano que posee su génesis en las decisiones absolutamente discrecionales y arbitrarias del Poder Ejecutivo comunal, desoyendo los mínimos principios de protección ambiental y de salubridad, beneficiando únicamente a un sector especulativo mínimo de la sociedad en desmedro de la gran mayoría de la mismas y convalidando actuaciones de privados en connivencia con el sector público que se encuentran realizando negocios inmobiliarios que lindan con la ilegalidad”.
Y para finalizar el documento, el espacio puso en conocimiento de los concejales que hace unos días plantearon por vía de amparo la “nulidad absoluta” del convenio urbanístico que intenta aprobarse.
El proceso
En primer término, la Asamblea Ciudadana indicó en la nota, enviada al presidente del bloque PRO, Claudio Ersinger, pero girada a todas las bancadas del Concejo Deliberante, que el objetivo apunta a dar a conocer el “sinfín de irregularidades” respecto del convenio urbanístico firmado por el Intendente.
En efecto, contextualizó que en 1997 el Concejo mediante la ordenanza 7186/97 declaró la utilidad pública del predio (hoy objeto del convenio urbanístico que se intenta aprobar) “siendo la referida expropiación dictada por la ley Provincial 12.819”.
La decisión, recordó la agrupación, estuvo fundamentada en que la parcela constituye un espacio “estratégicamente localizado para la provisión de servicios a la ciudad y por su cercanía al Polideportivo Municipal y a áreas de conservación como el parque Cinque”, y también por su “importancia para el recurso hídrico, ya que es soporte de un curso de agua que desemboca en el Lago del Fuerte y luego aporta al recurso subterráneo”.
Además, un sector es de “alta vulnerabilidad ambiental” en función de sus características hidrogeológicas, circunstancia que se potencia por la ausencia de cloacas y agua potable y la inviabilidad para asegurar esos servicios, indicó.
En agosto de 2005, el Concejo derogó la normativa 7186/97 mediante la ordenanza 9753/05 “sin desarrollar ningún tipo de fundamento y omitiendo la existencia de una ley provincial”, que fue “claramente violentada por una ordenanza la cual posee una jerarquía constitucional obviamente inferior”, advirtió.
Recordó que poco tiempo después, al sancionarse el Plan de Desarrollo Territorial de Tandil (PDT), el 15 de noviembre de 2005 el predio quedó categorizado como Zona Especial de Interés Urbanístico (ZEIU) y “en diciembre de ese mismo año se realizó la presentación de la solicitud de visación de planos para lotear el predio en cuestión”.
Más irregularidades
Ahora bien “el convenio urbanístico que se intenta aprobar posee su génesis en la nota presentada por ante la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, cuya finalidad era el pedido de indicadores urbanos para la zona ya identificada”.
En el expediente administrativo que se inicia con la referida nota (la 12145/05) “pueden notarse irregularidades francamente preocupantes” en función de la respuesta “por demás precaria e inconsistente” al requerimiento sobre la información respecto al tratamiento que dará a las exigencias de dotación de infraestructura, provisión de agua y cloacas y la propuesta para implementación de aéreas verdes obligatorias y la propuesta de indicadores a asignar entre otras cosas, repasó.
En esa línea, marcó como “preocupante” que “pese a reconocer la autoridad de control municipal que no se está cumpliendo con el PDT y no observándose en todo el expediente administrativo un estudio de impacto ambiental, el Intendente procedió a firmar un convenio urbanístico que violenta claramente el PDT y pone en riesgo el medioambiente en el cual vivimos todos los tandilenses y con ello obviamente la salud de los ciudadanos”.
El impacto ambiental
En otro párrafo la agrupación preservacionista cuestionó que “nunca” se puso a disposición ni tampoco se agregó al expediente administrativo el convenio firmado en 2008 entre la Municipalidad y el Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales (Cinea) de la Unicén con el objetivo de realizar un estudio hidrogeológico para profundizar en el conocimiento de la vulnerabilidad del recurso hídrico en el área.
A su vez, hizo hincapié en los problemas hídricos que puede conllevar la entrega de los indicadores dispuestos en el convenio urbanístico y citó distintos estudios realizados en la zona.
Entre ellos uno que puso en relieve “la fragilidad del sistema hídrico en el lugar” y mencionó que según lo expresado en el informe resultante del convenio se determinó que se trata de una zona “extremadamente compleja para la explotación de agua subterránea”.
Esta situación pone de manifiesto “el alto riesgo de contaminación por la conexión de los pozos de extracción con los pozos negros de deposición de aguas residuales”, subrayó en la nota.
A su vez, advirtieron que el loteo del predio “con una densidad poblacional de 90 habitantes por hectárea aumentaría de manera importante la descarga de aguas pluviales y/o resultantes de potenciales sistemas tratamientos de efluentes en el arroyo de La Cascada”.
En cuanto a la utilización del agua, en el caso de Tandil refirieron una estimación realizada por el exsecretario de Obras Públicas, Mario Civalleri en 2012, que daba cuenta de un consumo diario de 600 litros por habitante por día (siendo el estándar internacional de 300 litros por habitante por día).
Entonces planteó que de cumplirse la densidad propuesta de 90 habitantes por hectárea “el predio analizado podría albergar unas 549 personas que representan una demanda de 329.400 litros de agua potable por día que el Municipio debería encontrar la forma de suministrar y generarían un igual volumen de aguas residuales que ingresarían al acuífero elevando los niveles de la capa freática e incrementando el aporte de agua subterránea al arroyo”.
Más objeciones
Por otra parte, los integrantes de la Asamblea Ciudadana en la nota marcaron que “nueve de los 40 terrenos propuestos en el plano presentado junto al convenio urbanístico poseen parte de su superficie entre el arroyo de La Cascada y la línea de ribera, donde no está permitido edificar de acuerdo a lo establecido en la Ley de Desagües Naturales 6.253 y su decreto reglamentario 11.368/61”, por lo que “no sería posible construir de acuerdo a los indicadores propuestos en el proyecto”.
Independientemente de ello “no debemos olvidar que todo terreno clasificado como extraurbano por el PDT vigente debe contar para la aprobación del proyecto de forma previa con la correspondiente garantía de provisión de agua potable y cloacas o un saneamiento que garantice el tratamiento adecuado de excretas; incumpliendo con tan elemental requisito el convenio en crisis, transfiriendo en forma totalmente ilegal esta responsabilidad a los futuros adquirentes”, remarcaron.
En otro párrafo los preservacionistas señalaron como punto “fundamental” al momento de analizar el convenio urbanístico “el riesgo a la salud de los ciudadanos de Tandil” y además fijaron la presencia de nitrato en el agua en valores que superaron a lo recomendado por el Código Alimentario Argentino.
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