Por orden judicial, comenzó la demolición de la construcción en el predio de La Huerta

Ocurrió en el oficialmente denominado Campo de Producción e Instrucción “General Mariano Necochea”, sobre el camino de acceso a la Sexta Brigada Aérea, a unos 500 metros del cruce con la Ruta Nacional 226.
Efectivos policiales y de la unidad militar, junto a testigos y a personal de la empresa transportadora de gas se constituyeron en el lugar para dar cumplimiento a la orden judicial.
Si bien inicialmente hubo una serie de cabildeos dado que no contaban con una pala hidráulica para facilitar la demolición, el trabajo comenzó ayer mediante el uso de picos y mazas, quitando en una primera etapa las aberturas y los techos de la construcción.
Se prevé que en la jornada de hoy, con maquinaria comunal, se tirarán abajo las paredes.
La casilla había sido montada por una persona que se atribuía la titularidad del campo, de más de 400 hectáreas, según se dijo.


Orden judicial
 
El jefe local de la Policía Federal, subcomisario Gerardo Lasschar, indicó a El Eco Multimedios que el procedimiento había sido ordenado “por el Juzgado Federal 1, de Azul, a cargo del doctor Martín Bava, Secretaría 4 del doctor Enrique Loustau”.
El funcionario policial confirmó que era en el marco de “una causa que formuló el Ejército Argentino sobre usurpación” y que la orden era “demoler la casilla y hacer entrega de este Campo de Instrucción, denominado Mariano Necochea, al Ejército Argentino”.
Al momento del procedimiento no había nadie en el solar, por lo que –ante testigos- se procedió a su apertura, mientras “todos los elementos que se encuentren serán entregados al Ejército Argentino para que los salvaguarden ante un futuro pedido” de quien había levantado la construcción.
Lasschar evitó formular mayores detalles al marcar que “no conocemos la causa. Solamente me presenté esta mañana al Juzgado Federal y recibí directivas expresas del señor juez federal para hacer este procedimiento. No sé quién es la persona acusada, debido al secreto del sumario”, añadió.
Confirmó que la casilla de material “tiene que ser demolida por completo”, para lo cual gran parte de la tarde de ayer fue dedicada a pedir -sin éxito- la colaboración de empresas locales, dado que el Ejército no tenía disponible su retroexcavadora.
Por disposición judicial, el procedimiento no sólo contó con testigos, sino que “se tomarán vistas fotográficas y se filmará el procedimiento”.
Cabe acotar que no se habían emitido órdenes de detención, pero “si encontrábamos alguna persona tenía que hacer una consulta telefónica urgente el juez”, dijo el jefe policial.
El predio, una vez liberado en forma total “quedará en manos del Ejército, situación de la cual debo dejar expresa constancia en el acta de estilo. Deberán hacer patrullajes frecuentes sobre este lugar para garantizar que no vuelvan a pasar estos hechos”, culminó.
Cabe indicar que la construcción a demoler está ubicada prácticamente sobre un gasoducto que abastece a un importante sector tandilense, por lo que personal de la empresa transportadora de gas se presentó para supervisar las labores y evitar inconvenientes.
En tanto, funcionarios comunales encabezados por el jefe del Gabinete de secretarios, Marcos Nicolini, también se hicieron presentes en el predio.
 
Litigio por la titularidad

En mayo de 2011, el entonces titular del Juzgado Federal de Azul -el magistrado Juan José Comparato- había ordenado a la subdelegación de la Policía Federal una inspección en La Huerta ante un proceso iniciado por usurpación
Tal medida apuntó a identificar a los civiles que se encontraban en el predio, lugar oportunamente denunciado como sede de un centro de detención clandestino durante la última dictadura militar.
El entonces jefe federal local, subcomisario Flavio Muggeri, indicó que actuaron por disposición judicial “a pedido del Ejército con respecto a que todavía había gente relacionada con quienes hace un tiempo habían usurpado el campo de La Huerta, que se encontraban en un lugar que está bajo la custodia del Ejército por estar afectado a una causa sobre derechos humanos”.
Fue hallado un hombre “que está como encargado, dejado por la gente que en su momento había usurpado el predio, como que están queriendo demostrar su presencia”, según especuló el funcionario judicial.
Posteriormente, a fin del año pasado hubo otra escena en la que personal de la Policía Federal y del Ejército se emplazaron en el lugar y coartaron otro intento de ocupación y labraron un acta.
El propio juez José Luis Comparato confirmó el hecho a este Diario, y detalló que el episodio se resolvió rápidamente.
El magistrado acotó que la situación podría tener que ver con el otro caso ya judicializado en el que un grupo de particulares ocupó algunas hectáreas del predio, acto por el que el propio juez había dado la orden de desalojo, pero la resolución fue apelada y estaba en manos de la Cámara Federal.

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