Presentan una resolución por la iluminación de la rotonda de las rutas 226 y 30

El bloque de concejales de la UCR presentó un proyecto de resolución para solicitar a las autoridades nacionales y provinciales la iluminación de la rotonda ubicada en el cruce de las rutas 226 y 30. La propuesta, que tomó estado legislativo el último jueves, pasó a la Comisión de Obras Públicas para su discusión.

En el artículo primero, la resolución promueve “dirigirse al Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) a fin de que tome conocimiento e intervenga para llevar a cabo las acciones pertinentes para proceder a la iluminación de la rotonda ubicada en el punto de intersección entre la Ruta Nacional 226 y la Ruta Provincial 30”.

En el segundo artículo propone elevar el mismo pedido ante el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, concretamente a la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

Es la primera gestión en este sentido que encarará el Concejo Deliberante tras el recambio de las autoridades nacionales y provinciales que se produjo el 10 de diciembre pasado. El último antecedente databa de abril de 2015, cuando concejales del Frente para la Victoria, a pedido de la Usina Popular y Municipal de Tandil, habían mantenido reuniones con funcionarios del Ministerio de Planificación para gestionar la iluminación de la rotonda.

Por ese entonces, la empresa de economía mixta le había entregado al concejal Pablo Bossio un proyecto ejecutivo y el presupuesto para la iluminación del cruce de las rutas 226 y 30, obra que beneficiaría a toda la ciudad como así también a ciudadanos que circulan por esta zona de la provincia. El costo de la inversión era de 3.942.208 pesos y se estimaba que la Usina podría llevar adelante parte de la obra.

Pese a que las gestiones parecían bien encaminadas, el ministerio de que conducía Julio De Vido nunca avanzó con las licitaciones y contratos, hasta que las conversaciones quedaron diluidas por la contienda electoral.

 

Los argumentos

 

En los considerandos del proyecto que está en tratamiento, los legisladores de la UCR marcaron que la falta de iluminación de la rotonda de las rutas 226 y 30 “produce serios inconvenientes de visibilidad para la gran cantidad de vehículos que transitan diariamente dichas arterias”.

También advirtieron que al ser “el paso obligado para el acceso a importantes localidades de la provincia de Buenos Aires” se genera un “tráfico masivo de vehículos”. En igual sentido, indicaron que a lo largo de los 583 kilómetros de extensión de la Ruta Provincial 30 tienen sus accesos ciudades como Lobería, 25 de Mayo, Las Flores, Chivilcoy, Ayacucho, Tandil, Rauch, Roque Pérez y Rojas, entre otras.

En tanto, los 626 kilómetros de la Ruta Nacional 226, de sudeste a noreste, son acceso directo a diferentes localidades de Buenos Aires tales como Tandil, Azul, General Pueyrredón, Pehuajó, Bolívar, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Balcarce, Olavarría y General Villegas, entre otras.

Por otra parte, consignaron que en la rotonda es “habitual” la formación de bancos de niebla que dificultan la visibilidad y “acrecientan la peligrosidad de posibles accidentes sobre quienes deben transitar” esas rutas.

 

Altas velocidades y accidentes

 

En tanto, los legisladores reseñaron que “la mejora en la iluminación es una medida concreta que tiene como objeto la prevención de accidentes en este tipo de arterias donde es frecuente la circulación de gran cantidad de vehículos a velocidades altas”.

Sumado a esto, indicaron que los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en la población mundial. Pero, además, en Argentina el 54 por ciento de las víctimas fatales son jóvenes de entre 15 y 35 años y el promedio nacional de fallecimientos en tragedias viales en las rutas es de 675 por mes.

Por lo tanto, concluyeron que mejorar la iluminación en esa rotonda es “de vital importancia para garantizar la seguridad vial de las rutas que la comprenden”.

Por último, recordaron que “es obligación de los representantes del pueblo elevar a las autoridades pertinentes los oportunos reclamos en cuanto a las condiciones que amenazan la calidad de vida, salud, integridad física y vida de los ciudadanos”.

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