Preservacionistas y su rechazo a la audiencia pública por el caso Segurola

A pocos días de concretarse la audiencia pública convocada para tratar la polémica subdivisión de las tierras de avenida Don Bosco, pertenecientes a los descendientes de la familia Segurola, la Asamblea en Defensa de las Sierras de Tandil difundió un comunicado, en el que rechaza la utilización de esa herramienta ciudadana para el tratamiento del caso. Los preservacionistas fundamentan que se trata de un intento de aprobación de una subdivisión y venta de lotes “realizada de manera irregular” y, por lo tanto, “su resolución no le compete al Municipio, sino a la Justicia”.

Tras darse a conocer ese escrito, desde la Asamblea, Fabián Mestralet confirmó en diálogo con “Tandil Despierta” (programa de Eco TV y Tandil FM 104.1 de El Eco Multimedios) que el comunicado apunta a “rechazar la audiencia pública” porque explicó que “hay ciertos puntos de este loteo que creemos que se tienen que dirimir en otros ámbitos; no a través de un convenio urbanístico firmado por el Intendente y que tendría que ser ratificado por el Concejo Deliberante, sino básicamente en el ámbito judicial”.

Sostuvo en consecuencia que “lo que se está queriendo convalidar acá es un delito, básicamente, porque en realidad lo que se está pidiendo es una subdivisión que ya se hizo y se vendió. Tal es así que ya hay incluso una construcción en esos terrenos. Lo que se está queriendo tapar es un delito a través de esta herramienta”.

Advirtió Mestralet que “en realidad venimos denunciando esto hace ya un tiempo y queremos alertar a los vecinos, creemos que es hora de que aquellos responsables a nivel político, judicial o cualquier ciudadano que se sienta afectado, intervengan de alguna forma para evitar que esto se lleve a cabo”.

Desde la Asamblea dijo que “quizás no parece tan grave, pero lo es”, porque aclaró que en caso de convalidarse estas prácticas “ilegales”, sentaría un precedente para otros casos similares que surjan a futuro.

De esta manera, manifestó que “estamos destruyendo el ordenamiento porque, por ejemplo, quién va a evitar que los terrenos que están enfrente a los de Segurola no hagan lo mismo si las máximas autoridades municipales sabiendo que esos lotes ya se vendieron e incluyo se construyeron, convalidan este tipo de actitudes”.

“Eso independientemente de que desde el punto de vista ambiental, el planteo que está hecho en el convenio urbanístico es un desastre”, criticó, e insistió que “si esto se llevara cabo a pesar de estas advertencias, sería muy dañino para la ciudad en su conjunto, pero además para todos los vecinos, respecto a la igualdad ante la ley y realmente es muy preocupante”.

 

Los temas de “fondo”

 

En ese contexto, Mestralet remarcó que “lo que estamos planteando también es que esto va más allá de esta audiencia pública en concreto, que hay cosas más de fondo y que es la Justicia la que debe resolver esto que claramente configura un delito de estafa, porque se han vendido terrenos que no existen”.

De cara al próximo 4 de febrero, día en el que se concretará la audiencia pública, el referente de la Asamblea en Defensa de las Sierras de Tandil advirtió que todavía no definieron cómo se manifestarán. Sin embargo garantizó que seguirán firmes en la difusión pública de su postura “para que esta situación no se llegue a dar”.

“Realmente -confesó- como lo venimos expresando desde hace un tiempo y hoy lo estamos ratificando, es una situación muy irregular. También de alguna manera se está bastardeando una herramienta que puede llegar a ser positiva, como lo son los convenios urbanísticos o son las audiencias públicas, con el objetivo de facilitarle el negocio a gente que claramente lo hizo de una forma ilegal”.

 

“La vista gorda del Municipio”

 

Por último, explicó que “cualquier vecino sabe que puede construir una casa, pero tiene que tener un número determinado de habitaciones, altura, lo que sea. Pero lo que ha hecho esta gente es actuar de hecho, dividir y vender lotes que no existen porque no están habilitados legalmente. Y, para ello, contaron de alguna forma con la vista gorda del Municipio que permitió que hasta se construyera una casa en esos terrenos”.

 

El comunicado

 

A través de un comunicado, la Asamblea en Defensa de las Sierras de Tandil dio a conocer su postura respecto a la concreción de la audiencia pública convocada por el Municipio “relativa a una propuesta de subdivisión de tierras en la zona de Don Bosco y subsecuente propuesto convenio urbanístico”.

Plantearon que “la subdivisión no debería tratarse en una audiencia pública ya que se trata de un intento de aprobación de una subdivisión y venta de lotes realizada de manera irregular y su resolución no le compete al Municipio, sino a la Justicia”.

Organizados en distintos puntos, consideraron entonces que “vender lotes de una subdivisión no aprobada constituiría un delito”, y que “en ese delito podrían haber participado el dueño de la propiedad, los agentes inmobiliarios, los agrimensores u otros profesionales y el Municipio”.

Además, advirtieron desde la Asamblea que “cabe investigar las responsabilidades del Municipio en varias etapas de este proceso y, particularmente, al no actuar ante la vista de la construcción de vivienda en lote, a plena vista desde la avenida Don Bosco (algo que se repite sistemáticamente en muchísimos lugares de la ciudad)”.

Insistieron entonces en que “la revisión de esta situación por el Municipio e intento de resolución de esta situación ilegal con un convenio urbanístico es inadecuada y sienta precedentes desastrosos para el desarrollo de nuestra ciudad”.

“Reparar esta situación con los eventuales compradores de buena fe de lotes -que legalmente no existen ya que no hay subdivisión aprobada en tiempo y forma-, no es responsabilidad del Municipio y sus ciudadanos, sino de los responsables de la estafa”, deslizaron.

Por lo tanto, consideraron que “no corresponde resolver en el Concejo Deliberante sino en la Justicia, a quien debieran recurrir los eventuales damnificados por las acciones de los particulares involucrados. No se puede ni se debe discutir sobre un hecho que estaría consumado, basado en un delito”.

No obstante, insistieron en dejar en claro su posición sobre la construcción del tipo de la propuesta en dicha zona. En ese mismo sentido, remarcaron que el proyecto “no se ajusta al Plan de Desarrollo Territorial”; que los “indicadores solicitados por los particulares son muy elevados para esa zona de la ciudad”; que “provocaría un gran impacto ambiental ya que esa zona no tiene servicios fundamentales ni estaría en prioridad para proveerlos”; y “los terrenos forman parte de una cuenca hídrica cuya conservación es de extraordinaria relevancia para el futuro de la ciudad”.

En síntesis, concluyeron: “Este proceso es una flagrante tergiversación del concepto de convenios urbanísticos que se usaría para justificar el incumplimiento de la ley. Estaríamos gravando y haciendo partícipes a todos los habitantes de Tandil de un delito cometido por individuos conscientes y avalando desde el Estado esa situación”.

Nota proporcionada por :

Deja tu comentario