Procesaron a padres de víctimas de Cromañón por amenazas al grupo Callejeros, funcionarios políticos y judiciales

El procesamiento fue dictado por el juez de Instrucción porteño Alejandro Cileruelo, quien le atribuyó a los tres los delitos de “amenazas coactivas” y “amenazas coactivas agravadas”, aunque la medida no incluye la prisión preventiva, según se informó en los Tribunales porteños.
Los padres de los jóvenes muertos en Cromañón fueron imputados por amenazar a la jueza Crotto para que indague a Aníbal Ibarra; a Callejeros para que no vuelva a tocar; a jueces de la Cámara del Crimen para que no avalaran la excarcelación del empresario Omar Chabán, y al ex jefe de Gobierno porteño para que abandonara su carrera política. En su resolución, el juez Cileruelo citó declaraciones de testimoniales de funcionarios judiciales, entre ellas la que indicó que los padres ahora imputados les advirtieron a los camaristas que convalidaron la excarcelación de Chabán -ex gerenciador del boliche-, que no respondían por sus actos si se los encontraban por la calle a alguno de ellos.
En cuanto a las amenazas proferidas a Ibarra, el magistrado tomó en cuenta declaraciones periodísticas realizadas por los imputados donde afirmaron que si el hoy legislador porteño aspiraba a regresar a la política, terminaría en “una bolsa negra”. En idéntico sentido sería las amenazas vertidas contra los músicos de “Callejeros” si se atrevían a volver a realizar recitales, y más aún le habrían advertido a su vocalista, Patricio Santos Fontanet, que desistiera de la idea, “o le volarían la tapa de los sesos”.
“No una vez, sino varias, los imputados han señalado entre ellos las intenciones de recurrir a métodos violentos y coactivos para presionar en pos de la obtención de un pronunciamiento acorde a sus intereses, cuestión que, bajo un estado de derecho, no puede encontrar justificación en haber sido víctimas de un delito”, señaló el juez.
Además, consideró que “si pretendían la adopción de determinada medida en el sumario, podían peticionarlo y, en el caso de no obtener acogida favorable, estaban facultados a interponer recursos de ley (…) sin embargo, prefirieron (…) recurrir a métodos manifiestamente hostiles, intimidatorios y coactivos”. En tanto, el juez trabó embargos de 20 mil pesos para cada uno de los imputados.

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