Propietaria indignada porque el Municipio jamás se hizo cargo del desalojo en calle Alvarado al 200
Hace unos días se dio cuenta desde estas páginas que en el domicilio de calle Alvarado 236 se había producido un desalojo, quedando Eduardo Rubén Urra con todas sus pertenencias en la vereda de la citada dirección y en un terreno contiguo a la propiedad, lugar donde aún permanece.
Pero la historia de este desalojo tiene otras aristas. La propietaria tuvo que hacerse cargo de la situación y mediante la Justicia lograr desalojar a Urra, tarea que se había comprometido a realizar y documentó Desarrollo Social, pero que jamás llevó a cabo.
El acta compromiso a la que accedió El Eco de Tandil data del 5 de marzo de 2010 y dice textualmente “en el día de la fecha se redacta el acta compromiso entre la señora Susana Mabel Bericiartúa, quien alquilará una vivienda a la Secretaría de Desarrollo Social, para que la ocupe la familia del señor Eduardo Urra y sus hijos menores. Dicha vivienda se encuentra en la calle Alvarado 236. El valor de dicho alquiler es de 800 pesos mensuales, el cual incluye el pago del agua por parte de la propietaria”.
Sigue el acuerdo estableciendo que “la Secretaría de Desarrollo Social se compromete a pagar mensualmente el valor del alquiler, entre el 1 y el 10 de cada mes, por el tiempo de dos años a partir del día de la fecha. Dicho cobro se hará efectivo al señor Rogelio Soria, quien realizará personalmente de manera mensual el trámite para dicho pago”.
“La Secretaría de Desarrollo Social -sigue- se compromete a finalizado los dos años de contrato a devolver dicha vivienda en las mismas condiciones que entrega en la fecha de ingreso”.
En el acta se puede observar el sello del Municipio y el sello y firma de Rubén Diéguez, por entonces responsable del área de Desarrollo Social.
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Indignación
Susana Mabel Bericiartúa, empleada municipal hace 32 años desempeñando funciones en el sector de Tránsito, dueña de la casa de calle Alvarado al 200, aceptó hablar con este Diario para contar la indignación que le causó el hecho de no recibir respuesta alguna por parte de la Municipalidad, además de tener que poner dinero de su bolsillo para que se produzca el desalojo.
“Esto es un calvario, ya hace un año que estoy padeciendo esta situación y por suerte ahora gracias a la Justicia pudimos sacar a quien ocupaba mi casa ubicada en calle Alvarado 236”, expuso, a la vez que indicó “de todas formas el problema lo tengo en la vereda, donde tiene todas sus cosas. El pasado sábado le dije que por favor me dejara libre el ingreso porque necesito entrar para empezar a arreglar la casa, y me respondió que está en la vía pública y que le diga a mi abogado que actúe. Es increíble que la historia ahora siga por no poder entrar a mi casa”.
La damnificada, con mucha bronca acumulada, sostuvo que “la indignación más grande es que me hicieron perder un crédito del Procrear para hacer reformas. Salí beneficiada, con la primera parte que me otorgaron compré ventanas porque está todo destruido y demás materiales, pero el hombre jamás dejó entrar a trabajar a la gente. Pasaron los meses y esta persona se negó a que vayan albañiles, puso candados y no se pudo hacer nada, por lo que las aberturas están en el depósito de la empresa donde las compré. Si yo hubiese hecho el año pasado los arreglos que hay que hacer en mi casa, ya estaría habitándola y me evitaría tener que pagar alquiler”.
Remarcó que “quiero empezar a arreglar la casa, pero este hombre menciona que ‘Dios lo ayuda’ y no retira sus cosas ni acepta lugares que le han ofrecido”. u
Sin respuestas
de la comuna
La damnificada, con todo lo que le tocó vivir, indicó que decidió poner la casa en alquiler porque había sufrido dos robos. Por ese motivo se fue a alquilar en la zona de calle Sarmiento y Alsina, con la idea de conseguir el préstamo del Procrear y además de reformar la vivienda para brindarle mayor seguridad, cosa que hasta el momento no pudo hacer.
Contó que “en el año 2010 me hicieron un acta de compromiso en Desarrollo Social, firmada por Diéguez, pero una vez finalizado el tiempo, en el año 2012, nunca más se hizo acta. Me comenzaron pagando 800 pesos y después fui haciéndoles notas pidiéndoles que me aumentaran. El año pasado me abonaban 1800 pesos que iba a cobrar al Municipio, al ex Banco Hipotecario”.
Continuó narrando que “era responsabilidad del Municipio de sacar a esta gente de mi casa, pedí en Legales que por favor no me pagaran más el alquiler pero que sacaran a esta persona que figuraba en el primer acta que se había firmado. Dejaron de pagar, pero no sacaron a Urra, por lo que llevo gastado 5 mil pesos sin sumar lo que cobre el abogado para llevar adelante el desalojo que se registró el otro día”.
Aseguró que “desde el Municipio nunca hubo una respuesta por nada. Dejemos a Diéguez porque ya el año pasado no cumplía la función de secretario. El que estaba a cargo era Oscar Teruggi, quien cada vez que fui a hablar con él me hizo promesas que jamás cumplió, como que sacaría a Urra de mi casa. Es más, una vez con mi abogado fuimos a dialogar con Marcos Nicolini, y de la bronca con la que salí del Municipio me puse a llorar en la calle como una criatura de dos años. Fue indignante la respuesta que tuvimos. Nadie se ocupó del problema y de lo que estaba en su momento firmado”.
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