Proyecto por la regulación del servicio brindado por las empresas de telefonía celular

Se trata de una reproducción del proyecto a presentado por el ex senador Giustiniani, para declarar la telefonía celular como servicio público, uno de los que estuvo más cerca de transformarse en ley pero no lo logró. La disposición implicaría el acceso a la regulación por parte del Estado que hoy la telefonía no tiene, a pesar de la presencia del Ministerio de Telecomunicaciones. De esta forma se reconocerían los derechos de los usuarios y se dejarían bien en claro las obligaciones de las empresas, para evitar un servicio deficiente, con mala señal, el mal trato al hacer un reclamo y el incumplimiento de servicios que son cobrados y no se brindan.

Hoy la saturación a causa de la existencia de más de 60 millones de líneas activas en el país, hace que las empresas no cumplan con sus obligaciones, a causa del exceso de usuarios cautivos de los servicios ofrecidos y la ausencia de regulación que las garantice. “Nunca se termina de poner la lupa sobre el funcionamiento de las empresas de telefonía celular”, afirmó Stegmayer y continuó: “los que usamos un celular todos los días, y si hubiera un interés claro, se podrían defender los derechos de los consumidores desde la ley de defensa del consumidor”. Asimismo, al no existir, también se dificulta el acceso a la justicia por parte de los propios consumidores, por lo que la regulación del funcionamiento abriría la posibilidad de que abogados los acompañen para entablar juicios a las empresas.

A través de ARSAT, el Estado estuvo a punto de ofrecer un servicio estatal, ya que el 25% de espacio radioeléctrico se encontraba libre, aunque no se llegó a concretar. “No puede ser que sean el ejemplo de la violación de los derechos de los consumidores. Las empresas de celulares son una manera perversa para ganar dinero sin respetar el derecho de los consumidores a diario”, opinó.

Finalmente, detalló que el proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación y se encuentra siendo tratado en las comisiones de comunicaciones y de defensa del consumidor.

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