Revocaron la prisión domiciliaria a dos mujeres e institucionalizaron a los niños que tenían a su cuidado

Dos mujeres que tenían el privilegio de prisión domiciliaria y morigeración de prisión, respectivamente, deberán volver a la cárcel, ya que el beneficio se les había otorgado para cuidar de tres menores -de 3, 7 y 9 años-, y el Servicio Local de Protección del Niño constató que había vulneración de sus derechos. Por lo tanto, los chicos permanecerán en un hogar convivencial a cargo del Servicio Zonal. La madre y la abuela de los niños fueron condenadas por “Promoción y/o facilitación de la prostitución de menores de edad en concurso ideal con explotación agravada de la prostitución-Tandil”.


Luego de que la titular del Juzgado de Familia, Silvia Monserrat, librara un oficio que ordenaba institucionalizar a los tres menores en un hogar convivencial, personal de la Comisaría de la Mujer en forma conjunta con efectivos de la Seccional Tercera, ubicaron a los niños que estaban bajo la guarda de su madre, Leonela Giselle García, de 27 años, y la abuela Gladis Irene García, de 46 años. De este modo, se efectivizó la detención de ambas mujeres, que fue librada por el doctor Gustavo Agustín Echavarría, titular del Tribunal en lo Criminal 1 del Departamento Judicial de Azul con sede en Tandil. 


En tanto, el Servicio Zonal trasladó a los menores al Hogar Cruz del Sur de la vecina ciudad de Benito Juárez.



Protección del niño



En diálogo con El Eco de Tandil, la jueza Silvia Monserrat brindó más detalles sobre las razones que llevaron a tomar la determinación de sacar a los pequeños de su hogar. La magistrada explicó que “los servicios Local y Zonal constataron en varias oportunidades que los chiquitos no estaban protegidos, estaban muy expuestos a situaciones de violencia interna, había mucha gente que entraba y salía de la casa. Los vecinos se quejaban porque había cosas raras, entonces ellos decidieron tomar una medida de abrigo y dada la situación, nos pidieron nuestra intervención”.


En ese sentido, desde el Juzgado de Familia se ordenó la intervención policial para retirar a los pequeños del hogar. “Como la prisión morigerada se les había dado para que se hicieran cargo de estos chiquitos, cuando les comunicamos que ordenamos una medida de abrigo el Tribunal suspendió la morigeración, porque en verdad es un beneficio que se le concede al adulto que está bajo un proceso penal. Al niño no le significa ningún beneficio”. 


“Cuando se constata que no cumplen, ordenamos una medida de abrigo como se ordena con cualquier persona, esté o no bajo proceso penal, lo que nosotros vemos es si los niños tienen los derechos vulnerados”, indicó. 


En tanto, aclaró que la situación de derechos vulnerados, “no tiene nada que ver con el delito por el cual ellas están siendo procesadas, que es fomentar la prostitución. No hay ninguna relación entre lo que sucedió ahora y el hecho por el cual ellas están procesadas penalmente, nosotros eso no lo tomamos en cuenta. Tenemos en cuenta que cualquiera sea la situación, si la persona a cargo, el adulto, está ejerciendo una maternidad, una paternidad, un abuelazgo responsable y los niños están cuidados”.



“No había ningún tipo de control”



“A estos chicos no se los mandaba al colegio, había hacinamiento, mucha gente que entraba y salía y también que vivía en el lugar. No había ningún tipo de control, el delito por el cual se procesa a la madre no influye en mi decisión. Si no hubiera estado procesada, la decisión hubiera sido la misma, siempre que el delito no sea directo contra los niños. En este caso el delito no tenía nada que ver con los chicos”, reiteró.


A su vez, señaló que “no siempre estas determinaciones se toman porque existe violencia física, a veces es porque no los atienden, porque no los llevan al médico, porque no cumplen con la escolaridad, porque los exponen a situaciones de violencia o en contacto con personas inadecuadas. Hay casos en los cuales los chicos son testigos de relaciones sexuales entre adultos, hay un montón de situaciones por las cuales se toma la decisión”.


Y describió que “era una situación muy compleja. Hace bastante tiempo que nosotros lo veníamos advirtiendo y el Servicio Local trabajó para que esto se revirtiera. Pero cuando los adultos no revierten la situación, hay que abrigar, no hay otra manera”.

La madre de los niños tenía prisión domiciliaria y a la abuela se le había concedido la morigeración de la prisión (de noche dormía en la comisaría) para que pudiera ayudar a su hija a cuidar de los pequeños. 


“Si el Servicio Local me dice que los va a abrigar porque no están cuidados en esa casa, la razón por la cual se les dio la morigeración de la prisión desaparece, por lo tanto el Tribunal toma la decisión de que vuelvan a la cárcel. Mi obligación es proteger a los niños, pero es independiente de que estén procesadas. Si la madre se hiciera cargo de sus hijos no hay motivo para disponer el abrigo, pero había una seria vulneración de derechos,”, recalcó. 



Varias denuncias



Asimismo, la magistrada Silvia Monserrat manifestó que “hace algunos meses que veníamos con informes, porque había denuncias por parte de las escuelas a las que los chicos iban, de los vecinos, había un mal entorno en el lugar donde vivían. Para tomar una medida de abrigo el Servicio necesita dos cosas: la voluntad de los padres o la de los hijos, pero cuando son muy pequeñitos esta última no existe”.
 


En este caso, “por supuesto que la madre no iba a consentir esto sabiendo que se le caía la prisión domiciliaria, entonces hay que tomar la medida de abrigo de forma compulsiva y para eso me pidieron que yo dispusiera la intervención de la policía”.

Luego, explicó que continúa el procedimiento normal que se lleva a cabo en estos casos, que implica la elaboración de un plan estratégico por parte de los servicios Local y Zonal de Protección de los Derechos del Niño que se avoca a la recuperación de derechos. 


“Se analizan la posibilidades de que esta situación de vulneración se revierta o puede haber otros parientes, puede aparecer el padre. Si esto no sucede en 180 días como máximo, se dispone el desamparo que implica estado de adoptabilidad”, señaló. 

Y añadió que “ahora los plazos son muy terminantes, para evitar que los niños pasen años dentro de las instituciones”.

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