Se remitió la orden de desalojo al fiscal y tiene plazo hasta el 3 de diciembre

Ventilada la resolución de la Cámara de Apelaciones de Azul respecto al desalojo compulsivo de todos los terrenos ocupados en Villa Cordobita, la Justicia local avanzó en los pasos procesales para hacer efectiva la medida.

En ese tren, ayer al mediodía la jueza de Garantías 2, Stella Maris Aracil, envió su resolución al fiscal Luis Piotti quien, en definitiva, deberá coordinar la puesta en marcha del desalojo masivo, con el delicado panorama anticipado por la líder de los ocupas, Griselda Altamirano, quien habló de resistir frente al eventual accionar policial.

La resolución de la magistrada detalló sobre el incidente caratulado “Desalojo cautelar compulsivo, víctima Cerviño, Mario Daniel y otros” en su considerando que atento lo resuelto por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, que dispuso que los inmuebles individualizados sean desalojados en iguales condiciones  y  con las mismas medidas ordenadas, se deberá retrotraer a la existente al día 10 de septiembre de 2015.

En consecuencia, la jueza resolvió disponer el allanamiento y registro de los inmuebles ubicados en la zona denominada “Villa Serrana Cordobita” y Cerro “El Granito” de Tandil, cuya “nomenclatura catastral según plano aprobado bajo la característica 103-227-52 resulta ser: Circ. I, Sección E, Chacra 182, Manzanas: Nº 12, Nº 13, Nº 14, Nº 15 (parcela 6 y parcela 9), Nº 16, Nº 17, Nº 18, Nº 19, Nº 21, Nº 22, Nº 23, Nº 24, Nº 25, Nº 26, Nº 27, Nº 31, y Nº 33, conforme lo ilustra el plano catastral que se adjuntará a las órdenes, a efectos de proceder al desalojo cautelar compulsivo de los ocupantes de los inmuebles en cuestión y su restitución provisional libre de ocupantes, como también de carpas, construcciones precarias, armazones recubiertos en tela y nylon, vehículos, casillas rodantes, y todo otro objeto que se encuentre emplazado en los mismos, a la Asociación Vecinos Zona Cerro El Granito.

A fin de hacer operativo el desalojo de los ocupantes de los inmuebles individualizados, la magistrada estableció que el mismo se realice entre hoy y el 3 de diciembre de 2015, en las condiciones ya establecidas en la resolución.

A la vez, la resolución le señala al agente fiscal que  previo ejecutar el desalojo de los inmuebles, conforme lo dictaminado por el Asesor de Incapaces, dar  previa intervención a los organismos de protección de la Niñez tal como fuera ordenado.

 

Más sobre la resolución camarista

 

Tal se detalló en la edición pasada, este Diario tuvo acceso a la resolución del tribunal de alzada que resolvió lo ya citado para con los lotes en conflicto.

Acerca de la reacción y respuesta de Altamirano y compañía, que pretende que se resuelva la causa madre (el presunto delito de Cervino al hacerse de las tierras) y aduce que no han cometido delito, los jueces señalaron que en lo que hace al concepto de clandestinidad utilizado, se subraya que “si bien es cierto que el nuevo Código Civil y Comercial no la define de manera expresa, lo cierto es que la definición no ha variado. Cuando al comentar el nuevo artículo  Lorenzetti (“Código Civil y Comercial de la Nación, Volumen IX, pag. 139) mantiene el anterior criterio al sostener que: “Para que haya ‘clandestinidad’ se requiere que medie ocultamiento, es decir, que la posesión no sea pública -ostensible dice el artículo 1900- respecto al anterior poseedor, aún cuando los terceros conozcan la situación… En principio, para que la posesión sea ‘clandestina’ es necesario que no sea pública. Sin embargo, esto no es así en todos los casos, ya que se configura el vicio cuando la situación es oculta respecto del anterior poseedor. Por lo tanto, puede concluirse en que una posesión es clandestina cuando se ejerce sin conocimiento del poseedor de la cosa”.

Al decir de los camaristas, el criterio señalado es común para inmuebles con o sin edificación dado que la ley, tanto civil como penal, no realiza ningún tipo de distingo que autorice la diferenciación que pretende introducir la defensa sin sustento jurídico alguno.

Señalado lo que antecede, “no se puede dejar de hacer notar que si bien ese medio comisivo lo es respecto a los poseedores que no se encontraban presentes, la ocupación de los terrenos cuya tenencia era ejercida por la sociedad vecinal lo fue por intimidación que por sus características alcanzó el grado de una fuerza tácita”.

Cabe reseñar que el fiscal sostuvo esa postura tanto en su presentación inicial como en el recurso de apelación y la Cámara le dio la razón respecto a ello. “El ingreso de un número no precisado de personas, pero que podrían aproximarse a las cien, que penetraron al predio en cuestión desplazándose en distintos medios motorizados, de manera agresiva y llevando consigo distintas herramientas -que por su contundencia bien podían ser utilizadas como elementos potenciadores para reafirmar por la fuerza su permanencia-, cortaron alambrados y se instalaron en el lugar, vencieron con ese proceder el nacimiento de cualquier intento de repulsa por parte de los pocos vecinos que presenciaron el hecho.

Por último, se señala como agregado que “el perjuicio para los antiguos ocupantes resulta evidente y que está dado por el solo desplazamiento en la posesión o tenencia, y que ello demanda la necesidad de la inmediata restitución del goce de sus derechos haciendo cesar los efectos del delito”.

“Se trata de una medida provisoria –se sostiene-, tendiente a restituir las cosas a un estado de situación anterior haciendo cesar los efectos del delito, y que se aplica por un órgano judicial luego de que el juez haya encontrado suficientemente justificada la existencia de un ilícito.

Precisamente por tratarse de una medida cautelar es que se procura asegurar los efectos de la sentencia restituyendo sin dilaciones el bien a quien ejercía su tenencia cuando existe verosimilitud sobre la injusticia del despojo.

 

“No está en nuestro ánimo generar ningún tipo de agresión”, dijo Eduardo Quintela

 

El comisario mayor, Eduardo Quintela, habló en “Dulce o amargo” (104.1 Tandil FM), sobre la tensa situación que se vive en el Cerro Granito con la orden e inminente desalojo de quienes tomaron distintos terrenos en la zona de Villa Cordobita.

Quintela sostuvo que “estamos a disposición de la Justicia, de hecho hemos tenido reuniones antes de la primera resolución de la doctora Aracil. Nos encontramos expectantes de recibir las indicaciones del caso, cuando se deba ejecutar la medida con todos los medios que debamos requerir. Siempre aclaro que mi situación profesional y la acción operativa siempre es de diálogo y mediación, en el cumplimiento de una orden judicial”.

Con respecto a su experiencia, detalló que “participé de varios desalojos en Pilar, San Miguel, Tres Arroyos y los términos los imponen las personas imputadas. La policía simplemente va a disponer de un operativo para garantizar el cumplimiento de la orden judicial. De ahí en más la situación se irá evaluando de acuerdo a como vaya sucediendo. La policía está preparada para todo y no está en nuestro ánimo generar ningún tipo de agresión. Lo que sí es claro que las personas que están notificadas se oponen a una orden judicial están cometiendo un delito, y se deberá aprehenderlas para ponerlas a disposición de la Justicia”.

 

Desalojo

 

Sobre cuál es la primera acción que se toma en caso que la resistencia perdure indicó que “la acción operativa estará basada en la reacción de las personas que incumplen la orden y la manera de resistirse. Cada desalojo es diferente porque los actores y su accionar son diferentes”.

Agregó que “la seguridad está garantizada, estarán presentes Servicio Local, ambulancia, todo lo  referente a la organización será convocado y estará presente en el lugar. Vamos a prever todo tipo de circunstancias que se pueda suscitar”.

Remarcó que “tenemos buen diálogo con Jorge Lezica y Griselda Altamirano, desde el principio. Saben de la resolución de la Cámara; en el momento que se tenga que ejecutar la medida se verá de qué manera”.

Aseveró que “no va a haber un golpe de violencia, sólo haremos cumplir la ley de desalojar todo, incluidos los ocupantes”.

Al ser consultado si creía que algunas de las familias que están tomando terrenos podrían acatar pacíficamente la orden, sentenció que “en el campo de la situación todas las hipótesis se pueden dar. En todo desalojo siempre hay alguien o varios que oponen resistencia y terminan aprehendidos y a disposición de la Justicia”.

Aseguró que “no nos cae en gracia tener que cumplir una orden como ésta, pero debemos hacerlo porque es una decisión de la Justicia y nosotros somos el brazo ejecutor. Es una situación no deseada, pero sí vamos a actuar con firmeza, prudencia, equidad, equilibrio, tratando de disuadir y que Griselda (Altamirano) y el grupo desistan de seguir cometiendo el delito”.

 

Policía Local

 

En cuanto a si recibió algún pedido especial de parte del poder político manifestó que “ni el jefe de distrito ni yo hemos hablado con el Intendente respecto de la situación de Villa Cordobita, en lo que se ha resuelto”.

Recordó que “en el inicio de la toma estuvimos dialogando porque necesitaba algún tipo de información. Tenemos una excelente relación con el Intendente pero no hemos vuelto a estar”.

En cuanto a si conoce cuándo se hará efectiva la medida de desalojar expresó que “sinceramente me voy enterando porque en la comisaría Primera llegan las notificaciones a los actores. Ahí me entero de las resoluciones conforme a lo que llega del Juzgado de Garantías”. Añadió que “participarán todas las fuerzas policiales, sin armas de fuego, con el bastón y los elementos correspondientes. No estará la Policía de Prevención Local que no está con esa finalidad ni están preparados para participar de un desalojo”.

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