Sosa afirmó que la conciliación por Sata todavía no terminó
“Se extenderá mientras tanto no se cumpla con lo establecido en la resolución. Tiene un plazo de duración en tanto las partes acaten lo dispuesto”, afirmó Sosa en diálogo con este Diario.
Cabe recordar que el conflicto se desató a principios de noviembre cuando la empresa, alegando falta de demanda, suspendió a 19 trabajadores por 30 días. La relación entre la parte patronal y el sector trabajador empeoró cuando el pasado 24 de noviembre la firma suspendió a dos delegados, lo que llevó a la apertura de otro expediente en la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo de la Nación (ver aparte).
Sosa recordó que un período de conciliación prevé el “levantamiento de las suspensiones que habían sido dispuestas y de de todas las medidas de fuerza desde la parte sindical, además de la presencia en las audiencias”.
Sobre las ausencias y falta de iniciativa de la patronal, el delegado señaló que “está rebelde a la disposición, por lo tanto el período conciliatorio no se ha iniciado, porque una de las partes no ha acatado”.
El funcionario aclaró una vez más que “no es que la facultad de suspender (operarios) esté perdida: (la empresa) la tiene, pero a efectos de conciliar hay un intervalo”.
Explicó que “la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo tiene la obligación de interceder si existen extremos de hecho, suspensiones y medidas de fuerza que hacen que la fábrica esté parada”, fundamentos con los que dictó la conciliación obligatoria que, de haberse desarrollado en términos normales, habría vencido el pasado martes 4 de diciembre.
“Acá no comenzó la conciliación porque una parte no acató en nada –insistió Sosa–. Cuando vino, estuvo en silencio y seguía manteniendo la desobediencia y el rechazo a la conciliación, lo único que tuvo es la presencia. No hubo propuesta, no hubo diálogo, es como si no hubiese estado”.
Consultado sobre los recursos que interpuso la firma ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, desconociendo el período de negociación por la existencia de un Procedimiento Preventivo de Crisis previo, el funcionario recalcó que “no interrumpen la conciliación y no tienen nada que ver con este proceso”.
“En el 80 ó 90 por ciento de los casos, durante la conciliación se encuentra una salida. Yo podría llamar en cualquier momento a una nueva audiencia, estoy evaluándolo. Mientras tanto, estoy estableciendo las infracciones, por el incumplimiento de la normativa legal”, agregó Sosa, y definió a la situación como un “lock out patronal”, porque en la firma “ya no trabaja nadie”.
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Anticipan una intervención del Ministerio de Industria nacional
Trapote encabezó ayer la comitiva gremial que se presentó en la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo de la Nación, en el marco de una convocatoria a audiencia por la suspensión de dos delegados de Sata a partir del 24 de noviembre pasado.
Al tratarse del cese temporal de delegados, el tema se maneja en la órbita nacional, de acuerdo a lo que establece la Ley 23.551. La empresa tampoco respondió a este llamado y desde el organismo ya evalúan sanciones.
“En principio, nosotros hicimos una denuncia por práctica desleal, porque suspendieron a dos compañeros delegados, aparte de los 19 suspendidos”, indicó Trapote.
“A raíz de esa denuncia que hicimos, y a partir de algún diálogo que habíamos tenido con la licenciada Liliana Ferreyra (delegada regional del Ministerio de Trabajo de la Nación), que tenía la intención de acercar a las partes a dialogar, quisimos aprovechar esta audiencia para iniciar alguna negociación”, agregó.
Trapote comentó que un funcionario del ministerio notificó a la empresa sobre esta convocatoria, pero “su titular, Renato Cordi, le dijo que no podía recibir la notificación porque no tenía más nada que ver, y lo derivó al estudio de los doctores Corradetti y Selsi”.
“El funcionario se dirigió al estudio y el doctor Selsi le dijo que no se la podía recibir porque el tema ya está en manos de un estudio jurídico de Italia, cosa que no es cierta, ningún estudio jurídico de Italia se va a litigar en Argentina, sería totalmente descabellado”, consideró el referente gremial.
Trapote enfatizó que Smata y los trabajadores son “respetuosos de los organismos del Estado y seguimos cumpliendo con la ley” y anticipó que “le hemos pedido a la licenciada Liliana Ferreyra que aplique a la empresa las más severas sanciones que permita la ley para estos casos”.
Por último, señaló que en el último congreso de Smata, celebrado la semana pasada en San Luis “tuvimos la posibilidad de dialogar con la ministra de Industria, Débora Giorgi, que ya está enterada de esto, y junto al secretario gremial de Smata a nivel nacional, el compañero Gustavo Morán, van a estar definiendo qué política trazar para con esta empresa”.
“Seguramente el Ministerio de Industria de la Nación intervenga en este conflicto”, vaticinó Trapote.
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