Sumario de (in) voluntades políticas de Miguel Lunghi

Tras el avance de la Justicia en la imputación del ex director de Cementerios, Carlos Balbín, por presunta defraudación al Estado, el gobierno de Miguel Lunghi ensayó un paso que ha dado, en otras oportunidades y ante otros conflictos que salieron a la luz pública, pero con los atenuantes políticos que le imprime desde su propia administración.
Cuando la oposición pidió la renuncia o licencia del secretario de Obras Públicas, Mario Civalleri, y que el Municipio se presente como damnificado, la secretaría de Legal y Técnica a cargo de Marcelo Giaconi abrió un presumario administrativo para deslindar las responsabilidades en el marco de una investigación administrativa ante el posible uso de fondos públicos para la financiación de un acto partidario, de la Unión Cívica Radical. Y más aún: el relanzamiento del propio Intendente y su proyecto de gobierno.
Hasta allí nada novedoso, salvo que la instancia presumarial abierta apuntaría lisa y llanamente a llevarse puestos a los trabajadores que habrían cobrado por vitorear, entre choripanes, el relanzamiento del doctor Miguel Lunghi en aquel frío julio de 2007 en el club Independiente.
Ahora que el fiscal de la causa, Gustavo Morey, circunscribe el alcance de responsabilidades en el hecho investigado hasta la figura del ex director, el camino de un sumario interno sólo podría avanzar de allí hacia abajo: los que confeccionan o cobran las horas extras. Una caza de brujas.
Si la Justicia sólo intenta llegar hasta ahí, ¿por qué avanzará el lunghismo -que se investiga a sí mismo- aún más allá, en su supuesta búsqueda de responsabilidades en cuanto al control de la cosa pública?
Hay antecedentes que muestran cómo ha desandado el gobierno de Lunghi la política de investigaciones internas de casos resonantes, con diversos resultados siempre a tono con las (in) voluntades de esclarecer lo que sucede entre despachos.
En el affaire de la Tesorería la investigación interna demoró meses y no fue más allá de las responsabilidades administrativas del desaparecido Ricardo Galloto. Nunca se calculó el fraude, que quedó en el plano de millonario e imaginario.
La errónea inyección de formol a un paciente tampoco abundó en responsabilidades sumariales, más allá de los alejamientos de dos de los directores del Hospital Municipal, producidos más por la presión pública que por las certidumbres que generó el Gobierno.
Pero si de (in) voluntades políticas para investigar se trata, y cuando más se habla entre los L de la imposibilidad de controlar lo que hacen los trabajadores en todas las áreas, antecedentes existen.
Cuando el Ejecutivo arremetió contra el desembarco de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en pocas semanas sumarió, investigó, comprobó y suspendió a cuatro agentes por no estar en su lugar de trabajo por motivos gremiales.
Los controles que se dicen imposibles en el caso de las horas extras fueron posibles en el caso de ATE, sobre todo, por la intención de cerrar hacia abajo lo investigado y asestar un golpe político.
Ahora, la instancia administrativa abierta parece perseguir el mismo fin de con los denunciantes más que esclarecer lo sucedido. Todo, en esta crónica de (in) voluntades políticas L.

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